La emergencia sanitaria generada por el coronavirus (Covid-19) ha provocado que los medicamentos genéricos como la prednisona, azitromicina, claritromicina, hidroxicloroquina, paracetamol y otros utilizados para el tratamiento de dicha enfermedad, cuesten hasta diez veces su valor real, atentando no solo contra el bolsillo de los pacientes sino contra la vida de las víctimas del virus.
De acuerdo a lo señalado por el propio Colegio Químico Farmacéutico, las denuncias de las redes sociales y el recorrido hecho por este medio a diversas farmacias, un blíster del antiinflamatorio prednisona llega a costar hasta S/35.00 cuando el precio indicado por el Ministerio de Salud es S/ 2.00, es decir, 14 veces más su costo real.
El precio unitario de la azitromicina, antibiótico usado para el tratamiento del Covid-19, debería ser de S/ 1.20 pero se vende a S/ 10, casi diez veces su valor y actualmente las farmacias informan que ya no lo tienen en stock. No se sabe si es verdad, están guardando este medicamento o lo están vendiendo a otros países como se hizo con las mascarillas al principio de la pandemia.
Otro caso es el de la claritromicina, antibiótico para tratar la neumonía. Existen denuncias de familiares de enfermos de Covid -19, quienes señalan que han pagado hasta S/10.35 por cada una, cuando su precio regular es de S/ 0.50.
Igualmente, sucede con la hidroxicloroquina que subió de S/ 3 a S/ 20 la unidad, en tanto la enoxaparina cuesta 5 a 6 veces más.
Pero el caso más escandaloso de sobreprecio es el del paracetamol, un medicamento utilizado hasta por las personas más vulnerables, el cual llega a costar S/ 10 cuando su precio no debería exceder de S/ 1.00.
ATENTADO CONTRA LA SALUD
Para el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) Crisólogo Cáceres, esta situación viola la ley y constituye un atentado frontal contra la salud e incluso la vida de los consumidores. Recordó que el Decreto de Urgencia N° 007-2019 declaró a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y se establecieron medidas para garantizar su disponibilidad, como la obligación de las boticas y farmacias privadas de contar con un stock de medicamentos esenciales.
“Son 31 medicamentos genéricos pero 44 presentaciones en total. Entre ellos se cuentan, en primer lugar, la azitromicina, amoxicilina, captopril, loratadina, metformina, omeprazol, paracetamol, prednisona, sertralina, etc.”, dijo Cáceres.
Según Aspec, la mencionada norma busca garantizar la accesibilidad a los medicamentos por parte de la población.
La accesibilidad implica dos condiciones: que el medicamento esté siempre disponible en el establecimiento y que el precio del mismo esté al alcance de las posibilidades económicas del consumidor.
“Ninguno de esos escenarios se cumple en la actualidad, tal como era previsible teniendo en cuenta la situación monopólica que vive el sector de venta de medicamentos desde el 2018”, apuntó.
Por ello, dijo, corresponde al Gobierno, y en particular al Ministerio de Salud, investigar y determinar las causas de la súbita y simultánea escasez de azitromicina genérica en todo el país e iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan si se encuentran indicios de algún comportamiento violatorio de la ley.
Asimismo, autorizar la compra masiva de este fármaco con carácter de urgencia y utilizar los canales de distribución públicos y privados que sean necesarios a fin de que los referidos medicamentos lleguen de manera gratuita o al menor precio posible, a los consumidores que los necesitan.
SE COMEN LA TORTA SOLOS
Para el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, algunos distribuidores o fabricantes han elevado exageradamente el precio de los medicamentos para tratar el Covid-19 y lo que le queda a las farmacias es cobrar un precio elevado.
“Alguien en la cadena de suministros se está llevando gran parte de la torta. Ahora el fabricante está obligado a reportar los precios a Digemid, el distribuidor y las farmacias también están obligados a ello. Lamentablemente por la normativa actual los precios que venden los fabricantes y el distribuidor a las farmacias, no son públicos. Solamente se puede transparentar el precio al que venden las boticas y farmacias”, aseguró.
Llamoza refirió que el Minsa sí puede acceder a la información y con ello detectar quién se está “llevando buena parte de la torta”, y poner las sanciones que correspondan. “Más allá de eso se abre la discusión y necesidad de regular el precio”, sostuvo.
Al igual que el representante de Aspec, Llamoza dijo que el alza de medicamentos en medio de la pandemia es reprochable.
“Eso es atentar contra la salud cobrando excesivos precios, no necesariamente las farmacias o boticas, alguien en la cadena de suministros está especulando y esta usufructuando con la necesidad del pueblo”, dijo.
Agregó que la falta de una adecuada regulación de precios permite estos hechos irregulares.
INDECOPI
Cabe referir que en un comunicado publicado este viernes el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que no está facultado para controlar los precios de los medicamentos de las farmacias o boticas ni de ningún otro producto o servicio.
“De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la legislación vigente, el Indecopi reitera a la ciudadanía que no está facultado para controlar los precios de los medicamentos, ni de ningún otro producto o servicio. No obstante, en el ámbito de sus competencias, viene monitoreando e iniciando supervisiones y fiscalizaciones desde tres perspectivas legales encomendadas”, indica el pronunciamiento.
Ante la actual coyuntura por el estado de emergencia nacional, el ente regulador aseguró que ha decidido iniciar supervisiones y fiscalizaciones sobre posible publicidad engañosa o concertación de precios entre proveedores.
DESDE EL CONGRESO
En el Congreso de la República, las bancadas de Fuerza Popular (FP), Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) han presentado iniciativas legislativas para frenar la especulación y acaparamiento de las medicinas en estado de emergencia sanitaria.
Para la congresista de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Salud, Valeria Valer es necesario que se sancione el acaparamiento y especulación ante la gravedad de la situación.
Desde ese contexto, dijo que en la práctica, no pueden ser aplicadas las sanciones porque no se ajustan a la realidad o están derogadas, como el acaparamiento.
“En ese sentido, proponemos que se sancione la especulación cuando se producen en bienes de primera necesidad (como medicamentos y productos de la canasta básica de consumo) y también en los servicios (como el transporte aéreo y terrestre)” dijo.
Valer estimó que los delitos de especulación y acaparamiento deben ser sancionados drásticamente, con penas mayores, en un contexto de emergencia. Esto último porque es un agravante para quienes cometan este ilícito.
Asimismo, indicó que la propuesta es que el Ejecutivo, en cada declaratoria de estado de emergencia, establezca cuáles son los bienes y servicios de primera necesidad.
“Esto es necesario, porque varían de acuerdo con las circunstancias de cada emergencia o catástrofe, como es el caso del acaparamiento y especulación de la medicinas y equipos de protección personal, los cuales son considerados de primera necesidad en la pandemia por el Covid -19.
La parlamentaria refirió que la bancada de Fuerza Popular no retrocederá en su objetivo de penalizar el acaparamiento y especulación porque es una necesidad para el país evitar que se generen situaciones de injusticia social.
“Impulsaremos para que nuestra propuesta legislativa sea aprobada lo más pronto posible en las comisiones y posteriormente en el Pleno”, aseguró.
En ese mismo orden de ideas, el congresista de Acción Popular e integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, Franco Salinas dijo que desde el Congreso se aborda el abuso en el incremento de precios en los medicamentos.
“Hemos observado la existencia de un posible acaparamiento, especulación o concertación de precios por parte de las cadenas de farmacias y boticas cometiendo abuso de posición de dominio; este incremento de precios en estado de emergencia es fatal, porque está costando la vida de miles de peruanos que no pueden costear medicamentos por falta de dinero, más aun cuando muchos de ellos se han quedado sin trabajo o sus sueldos no son suficientes”, comentó.
DEBATE
Durante el debate de la Comisión de Defensa del Consumidor se decidió que el proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte referido a la penalización del delito de acaparamiento y especulación debía unirse a otras iniciativas.
SE DEBE A ESCASEZ
Para el constitucionalista Domingo García Belaunde, el alza de precios de medicamentos es un fenómeno explicable en un contexto de pandemia por el coronavirus.
“Si aumentan los precios de los medicamentos, es porque no hay en número suficiente y si no lo hay es porque el estado de emergencia no ha permitido importar o fabricarlos”, dijo.
ESPECULACIÓN
El delito de especulación se encuentra tipificado en el artículo 234 del Código Penal, y sanciona a quien “pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente”.
POR: ERICK SÁNCHEZ NORIEGA - DIARIO EXPRESO
El precio unitario de la azitromicina, antibiótico usado para el tratamiento del Covid-19, debería ser de S/ 1.20 pero se vende a S/ 10, casi diez veces su valor y actualmente las farmacias informan que ya no lo tienen en stock. No se sabe si es verdad, están guardando este medicamento o lo están vendiendo a otros países como se hizo con las mascarillas al principio de la pandemia.
Otro caso es el de la claritromicina, antibiótico para tratar la neumonía. Existen denuncias de familiares de enfermos de Covid -19, quienes señalan que han pagado hasta S/10.35 por cada una, cuando su precio regular es de S/ 0.50.
Igualmente, sucede con la hidroxicloroquina que subió de S/ 3 a S/ 20 la unidad, en tanto la enoxaparina cuesta 5 a 6 veces más.
Pero el caso más escandaloso de sobreprecio es el del paracetamol, un medicamento utilizado hasta por las personas más vulnerables, el cual llega a costar S/ 10 cuando su precio no debería exceder de S/ 1.00.
ATENTADO CONTRA LA SALUD
Para el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) Crisólogo Cáceres, esta situación viola la ley y constituye un atentado frontal contra la salud e incluso la vida de los consumidores. Recordó que el Decreto de Urgencia N° 007-2019 declaró a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y se establecieron medidas para garantizar su disponibilidad, como la obligación de las boticas y farmacias privadas de contar con un stock de medicamentos esenciales.
Según Aspec, la mencionada norma busca garantizar la accesibilidad a los medicamentos por parte de la población.
La accesibilidad implica dos condiciones: que el medicamento esté siempre disponible en el establecimiento y que el precio del mismo esté al alcance de las posibilidades económicas del consumidor.
Por ello, dijo, corresponde al Gobierno, y en particular al Ministerio de Salud, investigar y determinar las causas de la súbita y simultánea escasez de azitromicina genérica en todo el país e iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan si se encuentran indicios de algún comportamiento violatorio de la ley.
Asimismo, autorizar la compra masiva de este fármaco con carácter de urgencia y utilizar los canales de distribución públicos y privados que sean necesarios a fin de que los referidos medicamentos lleguen de manera gratuita o al menor precio posible, a los consumidores que los necesitan.
SE COMEN LA TORTA SOLOS
Para el decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, algunos distribuidores o fabricantes han elevado exageradamente el precio de los medicamentos para tratar el Covid-19 y lo que le queda a las farmacias es cobrar un precio elevado.
“Alguien en la cadena de suministros se está llevando gran parte de la torta. Ahora el fabricante está obligado a reportar los precios a Digemid, el distribuidor y las farmacias también están obligados a ello. Lamentablemente por la normativa actual los precios que venden los fabricantes y el distribuidor a las farmacias, no son públicos. Solamente se puede transparentar el precio al que venden las boticas y farmacias”, aseguró.
Llamoza refirió que el Minsa sí puede acceder a la información y con ello detectar quién se está “llevando buena parte de la torta”, y poner las sanciones que correspondan. “Más allá de eso se abre la discusión y necesidad de regular el precio”, sostuvo.
Al igual que el representante de Aspec, Llamoza dijo que el alza de medicamentos en medio de la pandemia es reprochable.
“Eso es atentar contra la salud cobrando excesivos precios, no necesariamente las farmacias o boticas, alguien en la cadena de suministros está especulando y esta usufructuando con la necesidad del pueblo”, dijo.
Agregó que la falta de una adecuada regulación de precios permite estos hechos irregulares.
INDECOPI
Cabe referir que en un comunicado publicado este viernes el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que no está facultado para controlar los precios de los medicamentos de las farmacias o boticas ni de ningún otro producto o servicio.
“De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la legislación vigente, el Indecopi reitera a la ciudadanía que no está facultado para controlar los precios de los medicamentos, ni de ningún otro producto o servicio. No obstante, en el ámbito de sus competencias, viene monitoreando e iniciando supervisiones y fiscalizaciones desde tres perspectivas legales encomendadas”, indica el pronunciamiento.
Ante la actual coyuntura por el estado de emergencia nacional, el ente regulador aseguró que ha decidido iniciar supervisiones y fiscalizaciones sobre posible publicidad engañosa o concertación de precios entre proveedores.
DESDE EL CONGRESO
En el Congreso de la República, las bancadas de Fuerza Popular (FP), Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) han presentado iniciativas legislativas para frenar la especulación y acaparamiento de las medicinas en estado de emergencia sanitaria.
Para la congresista de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Salud, Valeria Valer es necesario que se sancione el acaparamiento y especulación ante la gravedad de la situación.
Desde ese contexto, dijo que en la práctica, no pueden ser aplicadas las sanciones porque no se ajustan a la realidad o están derogadas, como el acaparamiento.
“En ese sentido, proponemos que se sancione la especulación cuando se producen en bienes de primera necesidad (como medicamentos y productos de la canasta básica de consumo) y también en los servicios (como el transporte aéreo y terrestre)” dijo.
Valer estimó que los delitos de especulación y acaparamiento deben ser sancionados drásticamente, con penas mayores, en un contexto de emergencia. Esto último porque es un agravante para quienes cometan este ilícito.
Asimismo, indicó que la propuesta es que el Ejecutivo, en cada declaratoria de estado de emergencia, establezca cuáles son los bienes y servicios de primera necesidad.
“Esto es necesario, porque varían de acuerdo con las circunstancias de cada emergencia o catástrofe, como es el caso del acaparamiento y especulación de la medicinas y equipos de protección personal, los cuales son considerados de primera necesidad en la pandemia por el Covid -19.
La parlamentaria refirió que la bancada de Fuerza Popular no retrocederá en su objetivo de penalizar el acaparamiento y especulación porque es una necesidad para el país evitar que se generen situaciones de injusticia social.
“Impulsaremos para que nuestra propuesta legislativa sea aprobada lo más pronto posible en las comisiones y posteriormente en el Pleno”, aseguró.
En ese mismo orden de ideas, el congresista de Acción Popular e integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, Franco Salinas dijo que desde el Congreso se aborda el abuso en el incremento de precios en los medicamentos.
“Hemos observado la existencia de un posible acaparamiento, especulación o concertación de precios por parte de las cadenas de farmacias y boticas cometiendo abuso de posición de dominio; este incremento de precios en estado de emergencia es fatal, porque está costando la vida de miles de peruanos que no pueden costear medicamentos por falta de dinero, más aun cuando muchos de ellos se han quedado sin trabajo o sus sueldos no son suficientes”, comentó.
DEBATE
Durante el debate de la Comisión de Defensa del Consumidor se decidió que el proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte referido a la penalización del delito de acaparamiento y especulación debía unirse a otras iniciativas.
SE DEBE A ESCASEZ
Para el constitucionalista Domingo García Belaunde, el alza de precios de medicamentos es un fenómeno explicable en un contexto de pandemia por el coronavirus.
“Si aumentan los precios de los medicamentos, es porque no hay en número suficiente y si no lo hay es porque el estado de emergencia no ha permitido importar o fabricarlos”, dijo.
ESPECULACIÓN
El delito de especulación se encuentra tipificado en el artículo 234 del Código Penal, y sanciona a quien “pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente”.
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