DENUNCIAN PENALMENTE ALCALDE EDDIE JARA Y SUS FUNCIONARIOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN



Ocho regidores de la municipalidad provincial de Huaura decidieron mandar a juicio al alcalde Eddie Jara y a sus funcionarios por delitos de presunta corrupción, a pesar de los continuos ataques direccionados a sus personas por ser fiscalizadores. Los valientes regidores decidieron no ser más alcahuetes de los presuntos actos de corrupción de la gestión actual y decidieron denunciar. 

Es así que Hugo Echegaray, Wendy Pazos, María Virginia Donayre, Eleuterio Velásquez, Tito Villanueva, Oscar García, Henry Bustamante y Paul Palacios denunciaron penalmente al alcalde de la provincia de Huaura, Eddie Jara Salazar, a su gerente Daniel Changana, al Gerente de Administración Rogelio Manrique y a Gina Rojas, sub gerente de logística, por los presuntos delitos de agrupación ilícita para delinquir, atentado contra documentos que sirven de prueba de los delitos de concusión, peculado, colusión, enriquecimiento ilícito y omisión de denuncia en agravio del Estado. 

En la denuncia penal también se incluye por asociación ilícita para delinquir a doña Carmen Herbozo Tena, representante legal de H&U, la empresa que contrato la Municipalidad para la compra de los productos para las canastas presuntamente sobrevaloradas y fraudulentas. 

Como ya se conoce a esta denuncia se suma el informe de Contraloría de la República que revela que la Municipalidad no protegió el valor de los recursos públicos para la adquisición de los bienes de primera necesidad en beneficio de las familias vulnerables, encontrándose de igual forma productos vencidos y que no cumplían con los estándares de calidad 

Ante estas circunstancias los regidores tienen el deber moral en solicitar una sesión de emergencia al alcalde de la provincia de Huaura para exigir la inmediata renuncia de los gerentes de primera línea y si fuera el caso suspender en sus funciones al alcalde. 

El trabajo de la fiscalía que dirige el correcto fiscal anticorrupción Christian Manrique tendrá la ardua tarea de desmenuzar los indicios y evidencias de las denuncias correspondientes para comprobar la veracidad de las denuncias que de ser ciertas pueden mandar al alcalde y sus funcionarios a la cárcel.












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