Miriam Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, autorizó y liquidó irregularmente una obra a favor de un contratista moqueguano. Esta noticia, que se difundió primero en diario Expreso en la edición del último jueves 21 de noviembre, tiene ahora nuevas luces dadas a conocer por Panorama.
La Contraloría de la República no solo ha rastreado que se recepcionó y liquidó la obra, sino que además habrían sobrecostos en los equipos tecnológicos solicitados para la nueva cocina de Palacio.
“Se le identifica presunta responsabilidad administrativa y funcional a cargo de la entidad y presunta responsabilidad civil”, reza la resolución de la Contraloría.
Lo novedoso en este caso, según Panorama, es que el contratista entregó equipos cuyos costos finales tuvieron una diferencia abismal entre lo que se cotizó.
Por ejemplo, el contratista costeó s/ 9,330 soles por un procesador de alimentos. Sin embargo, la Contraloría lo ha presupuestado a s/ 2,966. De igual manera, la marmita de manguera de conexión de gas a costó s/ 25 mil soles, pero la que entregaron vale s/ 15, 300 soles. Entre lo más llamativo es la sartén volcable, cuyo precio ascendió a s/ 33,000 cuando realmente costaba s/ 8,000.
A pesar de ello, añade el informe de Contraloría, la Secretaría General de Palacio nunca revisó si los equipos instalados estaban hábiles y en perfectas condiciones.
Los hechos:
La secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Maribel Morales Córdova, habría generado un perjuicio al Estado por S/98,825.58, al contratar a la empresa MLE Contratistas Generales S.A. para rehabilitar el comedor y la cocina central de Palacio de Gobierno.
El Informe de Auditoría 017-2019-2-0276, elaborado por el Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial, encontró una presunta responsabilidad administrativa en Morales Córdova, Luis Cóndor Idrogo (director general de la Oficina General de Administración – OFG), Analí Vásquez Motta (exdirectora general de la OFG), Luis León Flores (director de la Oficina de Operaciones) y Pedro Angulo de Pina (director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica).
La refacción costó más de S/2 millones. El 19 de diciembre del 2018, MLE terminó la obra y solicitó que la recepción se reprograme al Despacho. El 4 de marzo de 2019, un Comité de Recepción de Obras decidió que no se concluya el contrato porque había observaciones. Ante ello, Mirian Morales “emitió la resolución 020-2019-DP/SG el 18 de marzo de 2019”, que resolvió que la Oficina General de Administración notifique y suscriba la recepción de la obra para proceder con la liquidación.
La observación consistía en que el equipo y mobiliario instalado en la cocina y comedor de Palacio de Gobierno debió costar aproximadamente unos S/208 mil, pero los que instaló MLE estaban valorizados en S/110 mil, generando un perjuicio de más de S/98 mil. Esto no le importó a Morales, quien solicitó a la Oficina de Operaciones que se encargue de gestionar la liquidación de la obra.
“El equipamiento (…) instalado no cumple con las características requeridas, afectando la finalidad de la contratación”, dicta el informe.
El informe también detalla que el Estado debió pagar a la empresa una liquidación de S/72 mil, pero MLE reclamó un monto mayor, de S/288 mil. Ante esta disputa, MLE demandó al Despacho Presidencial a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La Contraloría agregó que este problema será resuelto mediante el proceso arbitral que se está tramitando.
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