Cuando muchos esperaban una gran revelación sobre políticos que recibieron sobornos de Odebrecht para gestionar sus multimillonarias obras, el delincuente Jorge Barata puso dificultades al trabajo de fiscales peruanos llegados a Curitiba: solo aceptó darles información a cambio de que se oficialice que la empresa brasileña será reembolsada con 524 millones de soles de la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Desde temprano, fuentes de Curitiba (Brasil) anunciaban que el exejecutivo no estaba dispuesto a declarar todo lo que habían anunciado Rafael Vela y Domingo Pérez, quienes habían viajado junto con el fiscal Germán Juárez y el procurador Jorge Ramírez.
“Dramáticas circunstancias que vive el Perú”, era el anuncio de IDL Reporteros en Twitter, como cada vez que los dos mediáticos magistrados acuden a una diligencia donde pueden salir delaciones que afecten a políticos no afines al gobierno de Martín Vizcarra.
¿Ya no íbamos a saber las identidades de los 71 codinomes destapados por los ecuatorianos de La Posta, quienes le habían ganado en investigación al promocionado equipo especial?
En una serie de tuits, se asumía como propia la posición de Odebrecht, plasmada previamente a través de los representantes del Ministerio Público: en Perú se estaba poniendo en peligro el acuerdo de colaboración eficaz porque el moqueguano afirmó públicamente que lo mejor era no pagarle una cantidad tan parecida a toda la reparación civil acordada por solo cuatro de las veinte obras donde hubo corrupción.
Ni el presidente del Poder Judicial se salvaba, ya que la ONG acusaba a José Luis Lecaros de oponerse a cumplir el convenio.
Pero esto no era tan cierto, el acuerdo homologado decía textualmente que solo se haría el pago si Odebrecht ya no tenía investigaciones pendientes en el Perú. Lecaros solo había declarado que las investigaciones preliminares que existían significaban que no se entregue los 524 millones a la empresa que nos había robado miles de millones.
ACUERDO TERGIVERSADO
Es decir, quien no cumplía el requisito era la firma que antes era manejada por Barata, ya que la sentencia de la jueza María Álvarez que establecía este condicionamiento no había sido apelada en su momento por ninguna de las partes, por lo cual quedaba confirmada legalmente.
¿Le conviene al Perú darle S/ 524 millones, ahora y de una vez, a quienes solo han aceptado pagarnos S/ 610 millones en cómodas cuotas de quince años?
“El trasfondo es que #Odebrecht está prácticamente quebrada. No puede pagar hace más de 6 meses, por ejemplo, el sueldo de Kauffman; y tampoco puede pagar a la empresa RG Compliance, encargada de hacer las búsquedas en los servidores de Odebrecht”, aducía IDL, en el sentido de que nosotros debíamos darle el referido monto a los brasileños para que sigan funcionando como empresa.
Los abogados Carlos Kauffman y Ricardo Weyll tenían –por aparente coincidencia- la misma opinión que la ONG y los fiscales que presuntamente investigan a los empresarios extranjeros.
“Lo que precisamos siempre es tener las condiciones financieras para continuar nuestra colaboración. La búsqueda de informaciones demanda pesquisas, demanda reuniones de trabajo, demanda viajes de varios funcionarios para que se pueda buscar esas informaciones. Sin las condiciones financieras no tenemos cómo buscar esas informaciones. Queremos, mas no podemos”, declaró Kauffman a El Comercio.
Consultado sobre si la entrega del reembolso de dinero solicitado por la empresa brasileña luego de la venta de la hidroeléctrica Chaglla sería un requisito, se basó en sus “necesidades económicas” para justificar que no puedan seguir proporcionando información.
CAMBIO DE POSICIÓN
Finalmente, la presión surtió efecto. A los pocos minutos, el procurador Jorge Ramírez declaraba abiertamente a la prensa apostada fuera de la sede de Curitiba, que cambiaba de posición respecto al dinero de Chaglla, y consideraba que debía ser reembolsado a la firma símbolo de la megacorrupción.
“Respetar el acuerdo firmado en Sao Paulo y que ha sido aprobado con sentencia judicial”, aseguraba el representante del Ministerio de Justicia y, por ende, de Vizcarra.
Consultado por periodistas peruanos, Ramírez dejó a un lado su supuesto informe de que no debía pagársele los 524 millones a los brasileños, y cambió radicalmente de opinión, alineándose con la de los demás actores mencionados en esta nota.
“Efectivamente, y ese monto se da a consecuencia de un beneficio otorgado por el MP que es haberlos excluido a la empresa Odebrecht de las consecuencias de la ley 30737. Y se lo ha dado en base a la información y pruebas que hasta la fecha venía aportando la empresa, con lo cual hemos expresado nuestra conformidad al firmar el acuerdo en Sao Paulo”, agregó.
LO CONSIGUIERON
En ese momento, incurrió en lo que el procurador anticorrupción Amado Enco calificó como “notitia criminis”. Es decir, admitía ante todos que su principal preocupación era apoyar a la empresa, para que recién esta delate a las personas que recibieron aportes de campañas y sobornos.
“Una precisión, la devolución sería necesaria en la medida en que la empresa necesita oxígeno financiero y económico para seguir realizando sus operaciones en el país. Por cuanto si quiebra, se iría del Perú y no tendría ningún sentido para esta empresa seguir colaborando con la justicia peruana. Entonces, estamos prefiriendo un bien mayor que es conocer la verdad y quiénes han cometido estos graves hechos contra el Estado peruano”, acotó Ramírez.
Ni más ni menos. Barata y Odebrecht habían conseguido lo que pretendían desde un principio: garantizar el pago de una millonada, para recién soltar todo. Pero esto último no era tan cierto, para variar.
De los 71 codinomes en el servidor informático a identificar anunciados por los fiscales, solo se supo de algunos extraoficialmente, y eran prácticamente los mismos que ya se conocían, o de los cuales se especulaba en voz alta.
Por ejemplo, según el colaborador carioca, “Oriente” es el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, acusaba a alguien que ya está imputado y con orden de extradición hace más de un año.
Respecto a los sobrenombres “Sipán” y “Pastor Alemán” Barata sostuvo que “podría” ser Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon, y Aurelio Pastor.
Esta falta de seguridad fue seguida por una costumbre de los colaboradores “eficaces” del caso Lava Jato en Perú: que le pregunten a otras personas por más precisiones, en este caso a Raymundo Serra o Eleuberto Martorelli.
Otro “refrito” entregado a cambio de los S/ 524 millones eran aportes a las campañas de los excongresistas Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren (ambos del PPC). Esto ya había sido informado por Reymundo Trinidade Serra casi hace un año.
Barata declaró que “Pastor Alemán” podría referirse a Aurelio Pastor, pero esto debe ser confirmado por Raymundo Serra o Eleuberto Martorelli.
El exrepresentante de Odebrecht en Perú aseguró que este último –cuyo interrogatorio estaba programado para el día siguiente del exCEO- podría identificar a aquellas personas con los codinomes de “Curriculum Vitae”, “Italiano” y “Meu Deus”.
NADA NUEVO
Sin embargo, como Martorelli ya no está vinculado con la constructora brasileña, su declaración no se ajusta a las mismas condiciones de colaboración eficaz.
Para colmo, se reveló que la empresa no había llevado todos los documentos de los 71 supuestos involucrados. A pesar de que esto era un claro quiebre del acuerdo, ni el fiscal Vela ni algún otro miembro de su equipo especial reclamó enérgicamente.
Un tenso Vela apareció minutos después del interrogatorio, para intentar justificar lo que ya se sabía: que Barata solo había dado información repetida, sin precisión o de poca importancia para la investigación.
“Sí se han revelado algunos codinomes. Ha habido una entrega de información. Pero ha habido una reprogramación, donde estaremos en condiciones de poder cumplir con toda la decodificación y también con el respaldo propio de carácter financiero de todos los documentos que están incluidos en el sistema”, explicó.
Inmediatamente, adoptó la misma postura que habían expresado los tuits de IDL previos, de quejarse de las críticas que viene recibiendo, debido a que los de Odebrecht han mentido y ocultado información, pero él no ejecuta los apremios normales para estos casos.
“La coyuntura es de público conocimiento tanto de excongresistas, tanto el propio presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial nada menos. Desde nuestro punto de vista han opinado sobre aspectos que tienen que ver un juicio de valor. […] Cualquier otro tipo de intromisión y comentario que no respete el plano estrictamente técnico sin duda alguna contribuye a la especulación y un clima inadecuado”, reclamó.
Luego se supo que Barata había ratificado que se les dio dinero al fujimorismo, al Apra, al Partido Nacionalista, al PPC y a Luis Castañeda para sus campañas electorales del 2011. Es decir, otra cosa que ya se sabía, e incluso está en investigación desde hace años o meses.
“VIL CHANTAJE”
“Procuraduría accede a vil chantaje de empresa corrupta y está a favor de devolución de 524 millones a favor ODB. Se debe recordar que ODB empezó a dar más información gracias a periodista ecuatoriano y a jueza que condicionó devolución de dinero a que no tenga investigaciones fuera del acuerdo”, cuestionó la exprocuradora Katherine Ampuero, cansada de la posición aparentemente entreguista de nuestros funcionarios.
Agregó que la ejecución parcial es responsabilidad de empresa por dar información con cuentagotas y selectivamente, y que se debe hacer prevalecer la sentencia, de que si hay investigaciones en curso (Rutas de Lima, Olmos, Chaglla, Gasoducto, etc.) no se debe devolver ni un sol.
Ampuero también advirtió que Martorelli sabe de la corrupción en Colombia, y que ya ha declarado que “no recuerda” la identidad de varios codinomes, además de que su colaboración no está garantizada.
TROLEAN A LA ONG
“Urgente, urgente, informe de la oficina de prensa de Odebrecht: ‘El trasfondo es que #Odebrecht está prácticamente quebrada. No puede pagar hace más de 6 meses, por ejemplo, el sueldo de Kauffman; y tampoco puede pagar a la empresa RG Compliance, encargada de hacer las búsquedas en los servidores de Odebrecht’”, informó con ironía una de las tantas cuentas de la red social Twitter.
PAYASADA EN BRASIL
Para no creer. Jorge Barata dijo que el codinome “Pastor Alemán” podría ser Aurelio Pastor. Sobre el codinome “Sipán”, el mismo Barata no sabía si es Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon, “total, le di plata a ambos”, dijo como para salir del paso.
KATHERINE AMPUERO:
“Procuraduría accede a vil chantaje de empresa corrupta y está a favor de devolución de 524 millones a favor de ODB. Recordar que ODB empezó a dar más información gracias a periodista ecuatoriano y a jueza que condicionó devolución de dinero a que no tenga investigaciones fuera del acuerdo”.
En ese momento, incurrió en lo que el procurador anticorrupción Amado Enco calificó como “notitia criminis”. Es decir, admitía ante todos que su principal preocupación era apoyar a la empresa, para que recién esta delate a las personas que recibieron aportes de campañas y sobornos.
“Una precisión, la devolución sería necesaria en la medida en que la empresa necesita oxígeno financiero y económico para seguir realizando sus operaciones en el país. Por cuanto si quiebra, se iría del Perú y no tendría ningún sentido para esta empresa seguir colaborando con la justicia peruana. Entonces, estamos prefiriendo un bien mayor que es conocer la verdad y quiénes han cometido estos graves hechos contra el Estado peruano”, acotó Ramírez.
Ni más ni menos. Barata y Odebrecht habían conseguido lo que pretendían desde un principio: garantizar el pago de una millonada, para recién soltar todo. Pero esto último no era tan cierto, para variar.
De los 71 codinomes en el servidor informático a identificar anunciados por los fiscales, solo se supo de algunos extraoficialmente, y eran prácticamente los mismos que ya se conocían, o de los cuales se especulaba en voz alta.
Por ejemplo, según el colaborador carioca, “Oriente” es el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, acusaba a alguien que ya está imputado y con orden de extradición hace más de un año.
Respecto a los sobrenombres “Sipán” y “Pastor Alemán” Barata sostuvo que “podría” ser Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon, y Aurelio Pastor.
Esta falta de seguridad fue seguida por una costumbre de los colaboradores “eficaces” del caso Lava Jato en Perú: que le pregunten a otras personas por más precisiones, en este caso a Raymundo Serra o Eleuberto Martorelli.
Otro “refrito” entregado a cambio de los S/ 524 millones eran aportes a las campañas de los excongresistas Hildebrando Tapia y Juan Carlos Eguren (ambos del PPC). Esto ya había sido informado por Reymundo Trinidade Serra casi hace un año.
Barata declaró que “Pastor Alemán” podría referirse a Aurelio Pastor, pero esto debe ser confirmado por Raymundo Serra o Eleuberto Martorelli.
El exrepresentante de Odebrecht en Perú aseguró que este último –cuyo interrogatorio estaba programado para el día siguiente del exCEO- podría identificar a aquellas personas con los codinomes de “Curriculum Vitae”, “Italiano” y “Meu Deus”.
NADA NUEVO
Sin embargo, como Martorelli ya no está vinculado con la constructora brasileña, su declaración no se ajusta a las mismas condiciones de colaboración eficaz.
Para colmo, se reveló que la empresa no había llevado todos los documentos de los 71 supuestos involucrados. A pesar de que esto era un claro quiebre del acuerdo, ni el fiscal Vela ni algún otro miembro de su equipo especial reclamó enérgicamente.
Un tenso Vela apareció minutos después del interrogatorio, para intentar justificar lo que ya se sabía: que Barata solo había dado información repetida, sin precisión o de poca importancia para la investigación.
“Sí se han revelado algunos codinomes. Ha habido una entrega de información. Pero ha habido una reprogramación, donde estaremos en condiciones de poder cumplir con toda la decodificación y también con el respaldo propio de carácter financiero de todos los documentos que están incluidos en el sistema”, explicó.
Inmediatamente, adoptó la misma postura que habían expresado los tuits de IDL previos, de quejarse de las críticas que viene recibiendo, debido a que los de Odebrecht han mentido y ocultado información, pero él no ejecuta los apremios normales para estos casos.
“La coyuntura es de público conocimiento tanto de excongresistas, tanto el propio presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial nada menos. Desde nuestro punto de vista han opinado sobre aspectos que tienen que ver un juicio de valor. […] Cualquier otro tipo de intromisión y comentario que no respete el plano estrictamente técnico sin duda alguna contribuye a la especulación y un clima inadecuado”, reclamó.
Luego se supo que Barata había ratificado que se les dio dinero al fujimorismo, al Apra, al Partido Nacionalista, al PPC y a Luis Castañeda para sus campañas electorales del 2011. Es decir, otra cosa que ya se sabía, e incluso está en investigación desde hace años o meses.
“VIL CHANTAJE”
“Procuraduría accede a vil chantaje de empresa corrupta y está a favor de devolución de 524 millones a favor ODB. Se debe recordar que ODB empezó a dar más información gracias a periodista ecuatoriano y a jueza que condicionó devolución de dinero a que no tenga investigaciones fuera del acuerdo”, cuestionó la exprocuradora Katherine Ampuero, cansada de la posición aparentemente entreguista de nuestros funcionarios.
Agregó que la ejecución parcial es responsabilidad de empresa por dar información con cuentagotas y selectivamente, y que se debe hacer prevalecer la sentencia, de que si hay investigaciones en curso (Rutas de Lima, Olmos, Chaglla, Gasoducto, etc.) no se debe devolver ni un sol.
Ampuero también advirtió que Martorelli sabe de la corrupción en Colombia, y que ya ha declarado que “no recuerda” la identidad de varios codinomes, además de que su colaboración no está garantizada.
TROLEAN A LA ONG
“Urgente, urgente, informe de la oficina de prensa de Odebrecht: ‘El trasfondo es que #Odebrecht está prácticamente quebrada. No puede pagar hace más de 6 meses, por ejemplo, el sueldo de Kauffman; y tampoco puede pagar a la empresa RG Compliance, encargada de hacer las búsquedas en los servidores de Odebrecht’”, informó con ironía una de las tantas cuentas de la red social Twitter.
Para no creer. Jorge Barata dijo que el codinome “Pastor Alemán” podría ser Aurelio Pastor. Sobre el codinome “Sipán”, el mismo Barata no sabía si es Javier Velásquez Quesquén o Yehude Simon, “total, le di plata a ambos”, dijo como para salir del paso.
KATHERINE AMPUERO:
“Procuraduría accede a vil chantaje de empresa corrupta y está a favor de devolución de 524 millones a favor de ODB. Recordar que ODB empezó a dar más información gracias a periodista ecuatoriano y a jueza que condicionó devolución de dinero a que no tenga investigaciones fuera del acuerdo”.
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