LA VERDADERA HISTORIA DE LOS ‘CUELLOS BLANCOS’

Difusión de audios tuvo como objetivo retomar el control del sistema de justicia.

Desde el 7 de julio de 2018 el país se ha visto conmocionado por una serie de audios que demostrarían presuntos hechos de corrupción en que estarían incursos los integrantes del sistema judicial y su relación con políticos y empresarios. Sin embargo, el objetivo de la difusión de estas grabaciones no fue la lucha anticorrupción, sino una desesperada maniobra política de un grupo de personas unidas por su ideología para tomar el control del llamado sistema de justicia y eliminar a sus adversarios.

El tema es recurrente principalmente al interior del Poder Judicial y de la Fiscalía. Los progresistas –sobre todo de marca “caviar”–, el Apra, los de izquierda y los independientes –por llamarlos de alguna forma–, miden sus fuerzas y se lanzan al ataque para desplazar a sus rivales y ampliar su radio de influencia en dicho sistema. Son ofensivas que van de la mano con el poder político de turno.

Si nos remontamos a 1992, el pretexto fujimorista fue la corrupción desbocada en que estaba sumido el Poder Judicial y fue así como vino la purga para el reinado de los hombres del asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, como Alejandro Rodríguez Medrano. La reforma de 1997 tuvo como pretexto la modernización. La de 2001 se basó en la creación del sistema anticorrupción, luego vivieron otras dos: la del Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) y del Nuevo Código Penal, hasta que llega la última: la reforma de la coalición vizcarrista.

Salvo la de 1992, en todas ha sido protagonista central la izquierda “caviar”, pero en la actual, con el pretexto de la “organización criminal” de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, la ofensiva de este grupo político es arrolladora, copadora, tanto que ha roto totalmente la convivencia pasada entre las corrientes políticas antes descritas.

Esto, obviamente, con apoyo del Poder Ejecutivo, encarnado por el presidente Martín Vizcarra, una parte de la prensa y sus encuestadoras, más las ONG transnacionales que le sirven de soporte, como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Transparencia, que ahora protagonizan este viraje que años atrás era liderado por la Comisión Andina de Juristas.

No estamos entonces descubriendo la pólvora, sino que nuevamente aparecen en escena decenas de audios propalados por el portal periodístico IDL-Reporteros, que efectivamente tuvo como finalidad la captura total del Poder Judicial, la recaptura del Ministerio Público y la toma del Consejo de Nacional de la Magistratura (CNM) que se les iba de las manos.

Entre los principales comprometidos por la publicación de las grabaciones estaba el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos; los consejeros del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Guido Aguila y Julio Gutiérrez; y de quien fuera presidente de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi.

Si bien es cierto que, luego de las investigaciones, se comprobó que varios magistrados sí habrían formado parte de una organización criminal, como es el caso del expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, en los casos de Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial; de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, y de Ángel Romero, quien se perfilaba como un carta fuerte para presidir la Corte Suprema, la emisión de las grabaciones solo buscó apartarlos del camino.

Aunque en la mayoría de las grabaciones no había indicios de corrupción o de ilícitos, era seguro que el juez, fiscal, consejero, ministro y político que tuviera la mala suerte de aparecer en ellas, verían desmoronarse sus carreras.

Y si no, habría que preguntarle al propio Duberlí Rodríguez, quien pese a que ya había renunciado a la Presidencia del PJ, apareció en un audio que presuntamente lo vinculaba al ya suspendido César Hinostroza, aunque en la grabación no se configurara delito alguno.

De ello también podría dar cuenta el exministro de Justicia, Salvador Heresi, quien tuvo que renunciar al cargo el 13 de julio de 2018, tras difundirse algunos audios en los cuales se le escuchaba conversando con Hinostroza. Tampoco en este caso ninguno de esos materiales configuraba delito, pero lo “renunciaron” desde Palacio.

LOS INICIADORES

La historia de los ‘Cuellos Blancos’ se inicia con una reunión en Lima en septiembre u octubre de 2017, con la presencia de varios fiscales del Callao, un periodista, integrantes de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y un congresista, todos ellos de la tendencia de izquierdas llamada progresista.

Fuentes del propio Ministerio Público contaron a EXPRESO que la cita tuvo como punto importante de agenda la pérdida del control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y cómo es que iban a recuperar su dominio en el 2018. ¿Por qué? Porque no era posible perder todo lo avanzado desde que, con el ingeniero Gonzalo García Núñez como presidente de esta entidad, con apoyo de la “sociedad civil” (enfermeras y gremios profesionales), se retrocediera en el control de esta institución clave que era la encargada de nombrar y destituir jueces y fiscales.

El otro punto era el referido a la asunción de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación en reemplazo de Pablo Sánchez, este último conocido por su posición “progresista” o “caviar” y por abrirle las puertas del Ministerio Público a las veteranas ONG antes descritas, en especial IDL, las mismas que gozaron de grandes privilegios en asesorías y nombramiento de personal durante su gestión.

Y es que pensaban que, con Chávarry, las prerrogativas con las cuales contaban estas ONG desaparecerían, pues dicho fiscal no se prestaba a continuar con esa política, con lo cual perdían otro poder del sistema judicial.

Pero no solo el CNM y el Ministerio Público, sino también el Poder Judicial se les escaparía de las manos, en 2018, no obstante el paraguas del vocal supremo César San Martín, pues todo indicaba que Ángel Romero sería el llamado a asumir la presidencia, con el agravante de que ya se vislumbraba para la sucesión el entonces vocal supremo César Hinostroza, ambos de posiciones anticaviares.

EL COMPLOT

Las fuentes indicaron que, durante la reunión, se elaboró una estrategia para demoler el sistema judicial, el cual se tornaba contrario a ellos, y lograr el copamiento de los cargos más importantes en el CNM, Ministerio Público y el PJ. Varios fiscales del Callao se prestaron a formar parte de ese complot, aprovechando la corrupción en el que estaba sumergido el primer puerto y se apresuraron en solicitar una serie de interceptaciones telefónicas en el marco de la organización criminal denominada “Las Castañuelas de Rich Port”. (Esta historia continuará mañana).
El caso Callao

En paralelo, era harto conocido que la Corte del Callao tenía como titular a Walter Ríos, un magistrado que había logrado formar una estructura corrupta conformada por sus colaboradores más cercanos. Ríos. junto con al empresario Mario Mendoza, conocido como ‘Padrino’, y a quien benefició con un millonario caso de terrenos, hacía y deshacía con la justicia en el primer puerto.

MENCIONAN CUATRO VECES A VIZCARRA EN AUDIOS

Ni el presidente Martín Vizcarra se libró de los audios, pues se difundió una grabación que relacionaba al mandatario con el empresario Antonio Camayo, posteriormente detenido por el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El material está fechado el viernes 23 de marzo, poco después de la juramentación de Martín Vizcarra como presidente del Perú.

En el audio Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, sostiene dos conversaciones telefónicas que aluden a la toma de mando de Vizcarra.

En el primer audio, a las 2:22 pm de ese día, Ríos conversa con su esposa Maritza Sánchez Liza, a quien le dice que el “flamante Presidente que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro”, y también insta a su esposa para que vaya preparando su currículum porque el “nuevo gobierno no tiene gente”.

Cabe mencionar que es la cuarta vez que se hace mención de una supuesta relación amical entre el mandatario y Antonio Camayo, dueño de Iza Motors.

POR: MARÍA TERESA GARCÍA