El Gobierno destinó 1,101 millones de soles, del presupuesto destinado a la reconstrucción del norte del país ante los efectos del fenómeno de El Niño Costero, para reconstruir o reparar carreteras que se encuentran concesionadas a empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’ –un grupo que otorgaba presuntas coimas para obtener la licitación de obras públicas–, que no asumieron responsabilidad por los daños producidos.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo, e indicó que esta situación se produjo porque los contratos de concesión eximen a los concesionarios la responsabilidad de asumir los daños derivados de eventos de la naturaleza, como el fenómeno de El Niño, o no se definen garantías de calidad, ni la obligación de contratar seguros con una cobertura suficiente.
Incluso el Estado peruano debe asumir el costo de las pérdidas de estas empresas por la suspensión del cobro de peajes.
Según el informe Nº 178, de la Defensoría del Pueblo, ‘Gestión de riesgos en las concesiones viales: Lecciones del fenómeno El Niño Costero’, las vías del norte adjudicadas a Obrainsa, Obrascon Huarte Lain (OHL), y a las brasileñas Odebrecht Latinvest Perú Transport SAC, y Norberto Odebrecht, no se hicieron responsables por los daños que dejó el fenómeno de El Niño Costero en sus vías, a pesar de que entre sus responsabilidades está velar por “la construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, conservación y operación de la infraestructura concesionada”.
El estudio, de octubre de 2018, precisa que un total de 2,630 kilómetros de carreteras resultaron dañadas, de los cuales 1,820 km no son concesionadas y 809 km sí lo son. Además, el presupuesto es de unos S/ 4,330 millones, S/ 3,229 millones para las no concesionadas y S/ 1,101 millones para los que tienen administradoras privadas.
EXPRESO se comunicó con el área de imagen de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios para recoger su versión de los hechos o su opinión al respecto, incluso se solicitó entrevistar al director de la institución, Nelson Chui. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
ALGUNAS CARRETERAS
Una de las obras de reconstrucción supervisada por la Defensoría fue la Red Vial Nº 4 – Tramo vial: Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry, la cual está a cargo de la Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.C. – Aunor, que pertenecía al Grupo OHL (Obrascón Huarte Lain), hasta que en enero de 2018 vendió el 100 % de su capital social al fondo australiano IFM Investor a través de su filial Global Infraco Spain S.L.U. En dicha red, se atendieron 177 km de vía con un costo por parte del Estado de S/ 271 millones.
La siguiente fue la Longitudinal de la Sierra – Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple – Cajamarca – Trujillo, del Consorcio Convial, cuyos accionistas son Constructora Málaga Hnos. (33 %), la transnacional Sacyr Concesiones (35 %) y Sacyr Concesiones Perú S.A.C. (32 %). En este caso se refaccionaron 159 km y el Estado gastó S/ 95 millones.
El Eje Multimodal Amazonas Norte – IIRSA Norte – Paita – Yurimaguas, de la concesionaria Interoceánica (IIRSA) Norte S.A., del grupo económico Odebrecht. Accionistas: Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.C. (99 %) y Norberto Odebrecht S.A. (1 %). El Estado atendió 144 km dañadas y destinó unos S/ 118 millones.
La cuarta obra que supervisó la Defensoría fue la de Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún, en manos de Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. Accionistas: Obras de Ingeniería S.A. (99.99 %) y otros (0.01 %); no se hallaron reportes.
‘CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN’
Es importante precisar que la empresa OHL está siendo investigada por el Ministerio Público por presuntamente integrar el ‘Club de la Construcción’.
De igual modo, el pasado 3 de junio en España, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, pidió indagar 12 obras de Obrascón Huarte Lain e imputó por cohecho a seis políticos por supuestas irregularidades en los contratos.
En el mismo escenario se encuentra Constructora Málaga Hnos. y las firmas ligadas a la constructora Odebrecht, cuyo acuerdo de colaboración eficaz se homologó recientemente para obtener más información del caso Lava Jato.
“ABERRACIÓN”
Ante ello, el arquitecto Julio Miguel Guerrero Orbegoso advirtió que “este caso es una aberración. La Defensoría ha llegado a la conclusión de que las carreteras que van de Tumbes a Lima no tienen por qué ser refaccionadas. Esos S/ 1,101 millones han sido un obsequio, es más si el Estado va a gastar esa plata debería anular las concesiones. Acá hay responsabilidad del Gobierno, siendo cómplices de los contratos. ¿Cómo van a regalar ese dinero?”, argumentó.
FISCALIZAR CONTRATOS
En el informe, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Transportes renegociar los contratos de infraestructura de la red vial nacional, respecto a las cláusulas que asignan al Estado la responsabilidad de asegurar la ‘Puesta a Punto’ de las vías preexistentes a la concesión, y aquellas que trasladan al Estado gran parte de los riesgos por los efectos del fenómeno El Niño y otros eventos de fuerza mayor.
POR: JUAN C. ÁNGELES MORENO - DIARIO EXPRESO.
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