¿Cuáles son los orígenes de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación”? ¿Cuál fue su principal objetivo? A continuación, el relato de una gran farsa que costó millones de dólares al erario nacional.
El 6 de septiembre de 1990 llegó a El Salvador el coronel Mark Hamilton, jefe del U.S. Military, para observar “un acuerdo negociado# con guerrilleros del “Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional” (FMLN) apareciendo como mediador Álvaro de Soto, entonces consejero de Javier Pérez de Cuellar, que era secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo hermano Hernando era vocinglero del “Proyecto Democracia”.
El 26 de abril de 1991, Alfredo Cristiani, un político apático que era mandatario de ese país centroamericano, firmó con la cúpula criminal del FMLN bajo la coerción de los personajes antes mencionados, incluyendo a Diego García Sayán y Carlos Chipoco, quienes se convirtieron en los mentores de la primera “Comisión de la Verdad” en el continente.
La integraron Thomas Buergorthal, exadministrador de la Fundación Carter, que apoyó con miles de dólares a la ONG “Grupo de Apoyo Mutuo” (GAM), brazo legal de la organización extremista “Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca” (URNG); Belisario Betancurt, ex presidente colombiano que sometió a su gobierno a condicionamientos de la narcoguerrilla del “Movimiento 19 de abril” (M-19), y Reynaldo Figueredo, quien por su amistad con Fidel Castro consiguió asilo en La Habana para miembros de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC).
El 24 de enero de ese año, Álvaro de Soto declaró a “Los Ángeles Times” que, “por recomendación de Pérez de Cuéllar, debía conseguir la desmilitarización progresiva y completa con el objetivo final de abolir los ejércitos”.
La CVR instalada en El Salvador concluyó afirmando que el genocida FMLN era una fuerza beligerante legítima, en vez de sindicarla como una banda criminal, y dio origen a una Policía Nacional “encargada de mantener el orden público”, que en un 90 % la conformaron exguerrilleros a los que además el Estado entregó tierras de cultivo.
En tanto, los militares que salieron en defensa de los pueblos terminaron encarcelados, se redefinió la guerra interna y estos fueron acusados de ser responsables de “terrorismo de Estado”, como sucedería años después con los agentes peruanos que lucharon contra Sendero y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA).
EN EL PERÚ
En el Perú, la “Comisión de la Verdad”, a la que el impresentable Alejandro Toledo adicionó “y de reconciliación”, tuvo también la directa participación de Diego García Sayán y, además, de la secta caviar, como narramos en anterior edición, incluso con previas conversaciones con los cabecillas de las redes terroristas en la Base Naval del Callao.
Siguiendo la experiencia de El Salvador, nació ilegítima -no se vio en el Congreso- por Decreto Supremo N° 065- 2001, el 4 de abril de ese año. Jamás hubo “un clamor” de la sociedad, exigiendo su creación, como adujeron ciertos “opinologos” y sectores de la prensa izquierdista.
La CVR fue un “Frankenstein” que sirvió como instrumento de venganza política y persecución contra las fuerzas antisubversivas. El nombramiento de los comisionados lo hizo un grupo de trabajo dirigido por Javier Ciurlizza- el mismísimo que tuvo reuniones secretas con Abimael Guzmán en la Base Naval – que rápidamente designó como presidente a Salomón Lerner Febres y como integrantes al cura Gastón Garatea Yori, exalumno del colegio S.S.C.C. “Recoleta” y seguidor de la marxista “Teología de la Liberación”; Beatriz Alva Hart, dirigente de Perú Posible; Enrique Bernales Ballesteros, ex militante estudiantil del “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” (MIR) y ex líder del “Partido Socialista Revolucionario” (PSR); Carlos Tapia García, muy cercano a Augusta La Torre (a) “Norah” y Abimael Guzmán cuando se formó el movimiento “Iniciación de la Lucha Armada” (ILA), que engendró Sendero y quien en un momento llegó a afirmar: “Sendero está alcanzando el equilibrio estratégico, las Fuerzas Armadas no tienen estrategias”, sembrando incertidumbre en la población.
También se convocó a Iván Felipe de Gregori Caso, confeso socialista graduado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde tuvo entre sus amigos a quienes más tarde integraron la banda marxista- leninista- maoísta; a Alberto Morote Sánchez, primo de Osmán Morote Barrionuevo, N° 2 se SL, igualmente a Rolando Ames, ex diputado izquierdista, al obispo Luis Bambarén, cuya ideología conocemos, y al general FAP (r) Luis Arias Graziani de las filas del pro- socialista velasquismo.
Además se contrató como asesores a Sofía Macher, del mismo sesgo político, y a Jaime Antezana. Es decir un grupo – salvo el último de los nombrados- estaba integrado por apóstoles de “una ideología intrínsecamente perversa”, como la definió el papa Pío XI en 1937 en la Encíclica “Divina Redemptoris”.
¿Por qué no se convocó a ciudadanos neutrales y de prestigio como Aurelio Denegri o ronderos como “Espartaco” que organizaron a sus comunidades para defenderse de la barbarie terrorista o al desaparecido dirigente aprista Alberto Valencia Cárdenas, promotor de los comités de autodefensa en Ayacucho y en cuyos brazos desfallecieron heroicos soldados. ¿Por qué no a las viudas o huérfanos de la barbarie o para sopesar la balanza a políticos como Javier Valle Riestra, Ántero Flores Aráoz y Francisco Diez Canseco Távara?
COSTOSO SAINETE
A la luz de los hechos, la CVR fue un sainete que se usó para perseguir a militares y ronderos, liberar a sediciosos y llenar con dólares los bolsillos de los gurús de la secta caviar y sus lacayos, que haciendo las veces de ” investigadores” y “abalistas” recibieron salarios de privilegio.
El Estado peruano desembolsó más de 13 millones de dólares en lo que constituyó – a criterio de José Paéz Warton, estratega del desaparecido Comando Operativo del Frente Interno (COFI) del sector Defensa – la primera gran farsa se este siglo perpetrada por Toledo Manrique y aceptada por un sector de la clase política. En ese sentido, también se pronunciaron en su momento personalidades como Ántero Flores Araoz, Rafael Rey Marcos Ibazeta, José Barba Caballero y Alberto Valencia Cárdenas, entre otros.
Por su parte, Bernard Aronson, ex subsecretario de Estado norteamericano, dijo en una audiencia en el Congreso de su país que si Sendero llegaba al poder hubiera ejecutado un genocidio igual al de Khmer Rouge en Kampuchea y que los integrantes de la CVR no garantizaban neutralidad alguna.
De otra parte, los salarios, que se anunció serían “simbólicos”, oscilaron entre los 1,000 y 6,000 dólares al margen de viáticos, gastos operativos y movilidad como consta en las planillas “reservadas”, en aplicación del Convenio PER-01/ 23, y desde entonces refundidas en los archivos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La CVR contrató entre 350 y 700 personas, en su mayoría provenientes de las ONG defensoras de los derechos humanos de los sediciosos del MRTA y Sendero, como lo denunciara el 7 de septiembre de 2003 el entonces congresista Rafael Rey.
Lo novedoso – por decir lo menos- fue la dolarización de una de las planillas, en la que figuran 71 afortunados “expertos” e “investigadores” que habrían sido designados por Diego García Sayán.
No aparecen Lerner, Garatea ni Antezana pero sí Iván Degregori, Humberto Lay Sun, Carlos Tapia, Beatriz Alva Hart y Alberto Morote con 3,500 dólares al mes.
También Rolando Ames y José Antúnez de Mayolo con 1,800 dólares mensuales. Mientras que Jorge Salazar Cussianovich como coordinador del Área de Investigaciones con 3,500 dólares. Asimismo Francisco Diez Canseco Montero ((familiar del desaparecido Javier Diez Canseco Cisneros) con 1,400 dólares.
INFORME ABERRANTE
Las conclusiones del Informe Final de la CVR son extremadamente vituperables. De los 44 casos considerados materia de procesos penales, 43 fueron atribuidos a las fuerzas antisubversivas y en sólo uno se responsabilizó a Sendero de haber cometido delitos de lesa humanidad. Fue el referente a la carnicería perpetrada por las hordas senderista el 3 de abril de 1983 en Lucanamarca, Ayacucho.
Esa atrocidad no pudo obviarse, pues el propio Guzmán la reconoció en la “Entrevista del siglo” publicada por “El Diario”, vocero oficial de SL. Allí el sátrapa señaló: “Frente al uso de mesnadas (campesinos) y la acción militar reaccionaria, respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca.(…), fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso cas cosas, ahí fueron aniquilados más de 80 (…)”
Inexplicablemente, en su Informe Final, la CVR contradiciendo al propio cabecilla de Sendero señala que fueron 69 las víctimas del genocidio y no menciona otras 25 asesinadas ese mismo día en Huanca Sancos, lo que da un total de 105 campesinos, a quienes se arrebató la vida con extrema crueldad.
Por otro lado, califica la escalada crímenes de Sendero y el MRTA como “un periodo de violencia generalizado” o ” violencia de origen político” y afirma que las Fuerzas Armadas y la Policía actuaron sin sustento legal, sin estrategia, a su libre albedrío , ejecutando una ” indiscriminada represión” (conclusión N° 54), usando “prácticas generalizadas y / o sistemáticas de violaciones(N° 59), “su objetivo fue terminar rápidamente el conflicto, sin tener en cuenta el costo de vidas (N°58).
Menciona la existencia de 4,644 fosas comunes por exhumar de las cuales 2,444 (53 %) son ” sitios referenciales”, es decir sólo existen en la mente de sus “investigadores”. La finalidad de tal afirmación fue crear un Plan y Oficina de Desarrollo de Desaparecidos para desplazar al Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legar y coparlo de caviares.. Y afirman que el Perú ” no será un país éticamente sano ni políticamente viable sino se atiende el reclamo de justicia de las víctimas”. Se refiere a los familiares de los terroristas, mas no a las de ronderos, militares, policías y autoridades asesinadas por los subversivos.
CIURLIZZA PREMIADO
Como era de suponerse, quien salió premiado en la repartija fue Javier Ciurlizza – engreído exasesor de Diego García Sayán y su mensajero ante Abimael Guzmán-, a quien en su calidad de secretario ejecutivo de la CVR se le asignó un sueldo de 6,000 dólares mensuales.
OTRO PRIVILEGIADO
Otro privilegiado fue Augusto Castro Carpio, jefe del Área de Reconciliación, quien cobró la friolera de 5,250 dólares mensuales. En tanto que las periodistas Ana Flora Trelles Sarazo y Maritza Torres Mora reciben mensualmente 1, 000 dólares cada una. Para escarnio de sus colegas, la maestra Iris Jave Pinedo recibió 2,500 dólares mensuales.
POR: CESAR REATEGUI
Comentarios