PEDRO CHÁVARRY CULPA A MARTÍN VIZCARRA DE CAMPAÑA PARA CAMBIARLO


En la sesión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales señala que se armó tinglado mediático para “poner a otro” fiscal de la Nación.

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aseguró ayer, en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recibió alrededor de 1,300 portadas en diversos diarios de Lima, “sometidas a intereses del Gobierno”, para sacarlo del cargo y poner en otro en su puesto.

“Fui titular de 1,300 portadas de los diarios sometidos a los intereses del Gobierno, y eso lo voy a decir abiertamente porque fue así hasta que consiguieron apartarme del cargo e imponer los intereses que perseguían”, sostuvo Chávarry.

De esta forma, responsabilizó al gobierno del presidente de Martín Vizcarra de presuntamente haber influenciado, a través de los medios de comunicación, para que lo sacaran del Ministerio Público, hecho que acabó con su renuncia, el pasado 7 de enero, y su reemplazo en el cargo por Zoraida Ávalos.

Ese argumento fue parte de su defensa en la audiencia de casi ocho horas realizada ayer, en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que se defendió de cinco acusaciones presentadas en su contra por diversos congresistas y el procurador Amado Enco.

De las cinco denuncias recibidas por dicha subcomisión, solo dos de ellas fueron sustentadas por los legisladores Alberto Quintanilla (NP) y Gino Costa (BL).

Durante su defensa, Chávarry recordó que no solo el Gobierno “no lo quería en el cargo” y recordó que dos meses antes de su juramentación, el 20 de julio de 2018, se publicó en un medio de comunicación escrito un comunicado de respaldo ciudadano organizado por las ONG Transparencia, Proética e IDL, en el que los firmantes –entre los que estaban Allan Wagner (Transparencia), Walter Albán (Proética) y el congresista Gino Costa– pedían la reelección de Pablo Sánchez.

No obstante, sostuvo que no entendía cuál era el motivo de que se reeligiera a Sánchez cuando él había desistido de hacerlo.

Explicó que antes de su juramentación no había cuestionamientos en su contra y que toda la avalancha de denuncias contra él comenzó a publicarse después de su elección.

Sobre las reuniones con el empresario Antonio Camayo, respondió que quiso hacerse conocido a través de la prensa, puesto que recién había asumido el cargo y quería que la ciudadanía conociera su plan de trabajo.

CAMBIO DE FISCALES


Tras explicar reiteradas veces que no fue parte de la organización de los “Cuellos Blancos”, Chávarry dio siete razones que justificaron la remoción de José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato.

El quiebre y atentado contra la jerarquía institucional establecida en la Ley Orgánica, “a diario, por la forma en cómo actuaban”, fue la primera razón que dio.

La segunda, el incumplimiento al principio de la reserva con declaraciones a diferentes medios de su preferencia. “Ese principio constantemente lo violan”, señaló.

La falta de respeto al fiscal de la Nación a nivel nacional e internacional. “Estos señores, sobre todo el señor Pérez Gómez, faltó el respeto. Algo que nunca se ha visto”, fue su tercera justificación.

La cuarta, las informaciones desatinadas y desaforadas y sin guardar el más mínimo respeto con ponderación debida. “Una prueba es una de las últimas diligencias que son reservadas pero a los 5 minutos ya aparecen en los medios de comunicación sin corroborar”, dijo.

La quinta, la sobreexposición mediática, con opiniones personales desatinadas en los medios.

La sexta, la vulneración de la objetividad sin claridad debida a las apreciaciones.

Y, la séptima y última, los informes no respondidos.

Chávarry señaló, finalmente, que repuso a los fiscales destituidos porque “nadie quiso aceptar el cargo” y porque el pronunciamiento del presidente de la República, Martín Vizcarra, impidió conseguir otros fiscales porque estaban atemorizados de trabajar en casos delicados.

GÁLVEZ Y SU ESPOSA

En la audiencia también se presentó el fiscal supremo Tomás Gálvez quien negó, al igual que Chávarry, de pertenecer a la organización de los “Cuellos Blancos”.

La exgerente de asesoría jurídica de la ONPE, Susana Guerrero López, esposa de Gálvez, se presentó como testigo y negó que su esposo haya pretendido influenciar para que no denuncie a José Cavassa, vinculado por algunos medios a Vladimiro Montesinos.
Las denuncias

Estas son cuatro de las cinco denuncias contra Chávarry:

-Denuncia N° 243, presentada por las congresistas Maritza García y Lisbeth Robles contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho, tráfico de influencias y otros (23 de agosto 2018).

-Denuncia N° 248, presentada por la congresista Gloria Montenegro contra Chávarry y Tomas Gálvez por el presunto delito de pertenecer a una organización criminal (3 de septiembre 2018).

-Denuncia N° 270, presentada por el procurador Amado Enco y hecha suya por los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre, Wilbert Rozas, Sonia Echevarría, Jorge Meléndez, Richard Arce, Gloria Montenegro y Edmundo del Águila contra los exmagistrados Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila, Orlando Vásquez y contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por atentar a la tranquilidad pública y por pertenecer a una organización criminal (29 octubre 2018).

-Denuncia N° 288, presentada por el congresista Gino Costa contra Pedro Chávarry, por encubrimiento real y encubrimiento personal (8 de enero 2019).
Votación será la próxima semana

El presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Vásquez, aseguró que tras la audiencia de ayer, en la que el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el fiscal supremo, Tomás Gálvez, realizaron sus descargos, habrá un dictamen que estará listo dentro de cinco días hábiles, es decir, entre el miércoles 8 y jueves 9 de la próxima semana.

Dicho dictamen, que estará a cargo del congresista Juan Sheput, será puesto a votación en una próxima sesión de la subcomisión.

Para este viernes 3 de mayo ha sido citado el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que responda por su presunta responsabilidad en la fuga del exjuez supremo César Hinostroza.

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