La ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dijo que el Estado peruano ha implementado un frecuente “hostigamiento y criminalización” a ONGs y periodistas, citando como ejemplo a Gustavo Gorriti y su portal IDL-Reporteros, esto dentro de un contexto donde estos organismos vienen pidiendo protección costeada con recursos públicos.
“Los funcionarios del gobierno deben permitir el trabajo crítico de los periodistas y defensores de derechos humanos en Perú, no atacarlos ni llamarlos asesinos”, dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, en una declaración curiosa pues nadie del Ejecutivo peruano se ha expresado así de Gorriti y compañía.
Asimismo, cita un informe de la ONG Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDGHH) para señalar que las reformas legales y constitucionales en el Perú han facilitado que los “activistas” terminen en los tribunales por cargos falsos, como “perturbar la paz” en protestas, sin especificar un solo caso que dé cuenta de ello.
De igual manera, mencionan lo ocurrido con los periodistas Paula Ugaz y Pedro Salinas, sentenciados por difamación tras ser querellados por un obispo en Piura. otra vez, allí no intervinó ningún agente del Estyado peruano sino que la demanda la interpuso un particular, que se consideró afecvtado por lo dichos estas personas.
En el pronunciamiento, la ONG da cuenta de las afirmaciones de Gorriti y su sitio de noticias, IDL-Reporteros, respecto a que han recibido amenazas tras el suicidio del expresidente Alan García el 17 de abril. Como se recuerda, el único sustento para tales dichos que ha presentado esa ONG es un par de pantallazos hechos por trolls de internet.
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