Ministerio Público de Moquegua encuentra indicios para procesarlo por negociación incompatible, pero la inmunidad presidencial protege al jefe de Estado. Lo curioso es que termina haciendo lo mismo que ante la prensa critica.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Martín Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni de la citada región cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.Dicha represa, ubicada en la zona altoandina de Moquegua, entre las comunidades de Curo y Humalso, a 4,300 metros sobre el nivel del mar, tenía el propósito de solucionar el déficit hídrico de los distritos de Chojata y Lloque de la provincia General Sánchez Cerro.
Un informe del diario Expreso da cuenta de que la investigación a Vizcarra Cornejo se inició en 2011 y, en el ínterin, ha sido acusado, junto a otros implicados, cuando ya era presidente de la República, y, como tal, estaba amparado por la inmunidad presidencial por mandato del artículo 117 de la Constitución.
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| Documento de Fiscalía que confirma que mandatario es intocable dado que cuenta con inmunidad |
Estando claro que ese derecho le asiste al jefe de Estado, el Ministerio Público asume entonces que no se puede formalizar acusación contra Vizcarra Cornejo ante la Judicatura, por lo que el fiscal del caso, Walker Ríos Calisaya, planteó la figura de la desacumulación, es decir apartarlo y postergar su enjuiciamiento hasta después que concluya su mandato, continuando obviamente el proceso con los otros imputados.
La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N° 8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.
La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre los meses de junio y noviembre de 2011.
Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había hecho trabajo alguno para remunerarlas.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el servicio de supervisión externa”.
La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N° 8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.
La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre los meses de junio y noviembre de 2011.
Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había hecho trabajo alguno para remunerarlas.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el servicio de supervisión externa”.
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