Pese a tener posiciones políticas contrapuestas, la fujimorista Milagros Salazar y el izquierdista Hernando Cevallos coincidieron en que la sentencia ‘Caso Potestad Sancionadora de la CGR’ del Tribunal Constitucional (TC), la cual inhabilita a la Contraloría General de la República (CGR) a sancionar a funcionarios públicos por infracciones administrativas, avala la corrupción.
“Sorprende este tipo de sentencias porque demuestra una injerencia del tribunal, dejándolo como una entidad que juega en pared con el Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto Chinchero no se podría castigar a los culpables”, comentó la legisladora de Fuerza Popular (FP), Milagros Salazar.
Remarcó que dicha medida contradice la lucha contra la corrupción y que desde el Congreso apoyarán el proyecto de ley que presentó el contralor Nelson Shack para contrarrestar el fallo del TC.
“Por supuesto que Fuerza Popular va a respaldar el proyecto que envíe el contralor. En vez de que den herramientas para combatir la impunidad, ponen trabas para el trabajo sancionador y fiscalizador. El mensaje que dan es que los funcionarios pueden delinquir, robar y mentir al Estado”, argumentó.
A su turno, Hernando Cevallos del Frente Amplio calificó la sentencia como “una barbaridad”, pues permite que los “corruptos sigan cometiendo actos ilícitos en diferentes entidades públicas” y no sean sancionados por la Contraloría, ya que ahora la misma institución debería hacerlo.
“Ha sido un error enorme, como bancada vamos a impulsar la propuesta del contralor porque si esta entidad no controla, supervisa y fiscaliza a las autoridades, no se puede hablar de una verdadera lucha contra la corrupción”, concluyó.
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