El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, suspendió ayer el contrato con la empresa Graña y Montero para la ampliación de la Vía Expresa hasta la Panamericana Sur, proyecto conocido como Vía Expresa Sur y valorizado en 230 millones de dólares, debido a las recientes declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, quien ha asegurado que la firma peruana entregó 3 millones de dólares para el pago de sobornos a altos funcionarios del segundo gobierno de Alan García.
Explicó que si bien se trata de un contrato firmado en 2013 con la concesionaria Vía Expresa Sur S.A., subsidiaria de la empresa Graña y Montero, la Municipalidad de Lima lo ha dejado “sin efecto” debido a los detalles de los hechos de corrupción que se han conocido con las declaraciones de Barata, y que antes “no se conocían”.
Según diversas fuentes, Barata confesó al fiscal José Domingo Pérez, el pasado martes, en Brasil, que la empresa Graña y Montero entregó 3 millones de dólares a altos funcionarios del segundo gobierno de Alan García para adjudicarse la construcción de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que habría costado más de 500 millones de dólares.
SUSPENDE AUMENTOS
El burgomaestre capitalino también anunció la suspensión del aumento de sueldos de los gerentes y los subgerentes de la municipalidad debido a las quejas recibidas por parte de la ciudadanía.
Por la tarde, un grupo de siete regidores de oposición, a través de una carta enviada a la Secretaría General del Concejo Municipal, pidió la renuncia del gerente municipal, Sergio Meza Salazar, quien fue el encargado de ejecutar, a mediados de este mes, el aumento de los sueldos de los altos funcionarios de la comuna.
DENUNCIA
El pasado 10 de abril, el diario EXPRESO fue el primer medio que reveló los detalles del contrato entre la comuna limeña con GyM, firmado el 8 de agosto de 2013, en la administración de la exalcaldesa Susana Villarán, en la que se le otorgaba a la constructora peruana, bajo la modalidad de iniciativa privada, la administración del cobro de peajes por 40 años.
Muñoz dijo que analizará otros mecanismos para que el proyecto Vía Expresa Sur se pueda ejecutar lo más pronto posible. Sin embargo, no precisó cuándo se llevaría a cabo la nueva licitación.
GYM LAMENTA DECISIÓN
La empresa Graña y Montero emitió un comunicado en el que lamenta la decisión de la Alcaldía de Lima de rescindir el contrato y que hará lo que esté a su alcance para que “se concrete la construcción” de dicha obra. No obstante, no señala si pedirá un resarcimiento económico.
“Cancelar el contrato era lo más saludable”
Los congresistas Víctor Andrés García Belaunde (AP), Edmundo del Águila (AP) y Luis Galarreta (FP) saludaron la decisión del alcalde Jorge Muñoz, de rescindir el contrato con Graña y Montero (GyM) para la ejecución de la Vía Expresa Sur.
“Cancelar el contrato de concesión es lo más saludable, ante la confirmación de que GyM sabía y participaba en las coimas entregadas por Odebrecht, afirmación que teníamos hace dos años en la Comisión Lava Jato del Parlamento”, dijo García Belaunde.
Galarreta consideró que Muñoz se demoró en anular el mencionado contrato porque ya se sabía que GyM era una empresa cuestionada por tener vínculos con Odebrecht.
Del Águila reveló que el alcalde capitalino tomó la decisión de cancelar ese contrato luego de una reunión con el Comité Político de Acción Popular.
No tomó en cuenta opinión de regidores
El regidor metropolitano Jorge Valdez (SP) aseguró ayer que la reactivación del proyecto Vía Expresa Sur, a cargo de la empresa Graña y Montero, dada a conocer el pasado 5 de abril, “fue una decisión unilateral” tomada por el alcalde Jorge Muñoz y precisó que no contó con el consentimiento de los regidores de la comuna capitalina porque nunca se reunió con ellos.
Valdez aseveró, que debido a ese hecho pedirá, en la sesión de la próxima semana, la conformación de una comisión investigadora en la que se le invitará a Muñoz para que informe los motivos que le impulsaron a reactivar dicho proyecto.
La comisión deberá investigar además si es que GyM posee otros contratos en ejecución con la comuna limeña, ya que esa información se desconoce, añadió.
Señaló que se necesitan 20 votos para conformar dicho grupo de trabajo (de los 39 regidores, 21 son oficialistas y solo 18 son de oposición).
Al ser consultado si la empresa podría pedir un resarcimiento económico por la cancelación del contrato, el regidor explicó que lo más probable es que la constructora tenga esa pretensión y no descartó que quiera pedir el 1 o 2 % del monto total del proyecto, es decir, entre 3 y 6 millones de dólares.
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