Ya era hora de que los fiscales, los jueces y la policía, reaccionaran frente a la violencia antiminera, que bloquea 50 días la salida del material de la mina Las Bambas, en Apurímac, hacia el puerto de Matarani. Y no solo porque la Constitución y las leyes no pueden convertirse en letra muerta, sino porque gracias a este megaproyecto —uno de los más grande del mundo y el mayor del Perú— la pobreza en Apurímac se ha reducido de un rango entre 53% y 57% de la población a otro entre 33% y 36%; además el PBI de Apurímac se ha expandido por encima del 200% y el PBI per cápita regional ha crecido 2.5 veces más que el promedio nacional en los dos años de operaciones de Las Bambas. Si este proyecto aporta cerca del 1% del PBI, entonces el bloqueo minero afecta a todo el Perú, y por eso el Ejecutivo, el Legislativo y los políticos deberían respaldar la decisión de las autoridades judiciales de detener a los violentistas
El jueves pasado, integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP), detuvieron a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, acusados de extorsión y de ser los principales organizadores del bloqueo de la carretera Las Bambas - Puerto Matarani, conocida como “el corredor vial del sur”. En los inmuebles allanados —vinculados a los detenidos— por la policía se halló gran cantidad de cartuchos de dinamita, mechas, fulminantes, escopetas y municiones para fusiles AKM.
A los hermanos Chávez —supuestos asesores de los extremistas de la comunidad de Fuerabamba, ubicada en el distrito de distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas, Apurímac)— se les investiga por ser los cabecillas de la organización criminal denominada “Los Chavelos”, dedicada al delito de extorsión. La fiscalía de Abancay ha señalado que los hermanos Frank y Jorge Chávez pretendían obtener S/ 100 millones de la compañía minera Minerals and Metals Group(MMG), concesionaria del proyecto Las Bambas. Junto a los hermanos Chávez, también se detuvo a otras cinco personas acusadas de ser parte de la organización criminal.
Después del 4 de febrero, día que se inició el bloqueo del corredor vial del sur, todos los intentos de acuerdos entre la minera, las autoridades nacionales y locales y los comuneros, fueron saboteados por los hermanos Chávez. El historial delictivo de los hermanos Chávez en el sur es de larga data. Son parte del círculo antiminero establecido con el propósito de detener la producción de cobre y para obtener ganancias económicas personales.
Los hermanos Chávez instigan constantemente a los comuneros con el fin de desconocer todos los acuerdos firmados con la empresa minera. Acuerdos relacionados con los terrenos permutados por las viviendas en la ciudadela Nueva Fuerabamba y la correspondiente compensación económica que se le entregó a cada uno de los pobladores en su debida oportunidad. Asimismo, insisten en desconocer un acuerdo de la comunidad, elevado a escritura pública antes de la reubicación de los pobladores a la Nueva Fuerabamba. El acuerdo establece que el proyecto La Bambas es titular de una servidumbre de paso en la carretera por donde se transporta el mineral (hoy bloqueada), reclasificada posteriormente como ruta nacional.
De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 54% del total de la cartera de proyectos mineros del Perú corresponde a la región Apurímac. Proyectos por más de US$ 20,000 millones — como Haquira, Hierro Apurímac, Cotabambas, Los Chancas, Trapiche y Anubia— cuentan con inversiones que convertirían a Apurímac en la capital minera del país. La reacción de las autoridades judiciales y la policía envía una clara señal a todos los sectores antimineros que están utilizando la violencia para intentar detener la producción de más del 60% de cobre en el llamado Corredor Minero del Sur.
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