Dentro de pocos días se concretará una traición a la patria llamada “Acuerdo con Odebrecht”, una vergonzosa claudicación del Estado peruano ante un enemigo extranjero, encarnado en el cartel constructor del Brasil donde resalta la poderosa Odebrecht, “que pone y saca presidentes”, y ahora parece que también fiscales. El “acuerdo” garantiza la impunidad a quienes llegaron aquí a corromper, destruir la moral nacional y saquear el tesoro público.
En los estudios jurídicos comentan que el grupo de peruanos que colaboró en la vil trama duerme ya tranquilo, pues será como si nada hubiese pasado. La multa impuesta es ínfima y pagadera en cómodas cuotas a lo largo de más de una década; los ejecutivos brasileros no serán sancionados ni su patrimonio en Perú afectado; la empresa seguirá contratando con el Estado, podrá vender sus obras y llevarse el dinero. Un asco bendecido por una fiscalía rehén de las oenegés marxistas, del gobierno del ingeniero Vizcarra, constructor él, y de la “aplanadora” mediática. Siendo un acuerdo secreto, es probable que el favoritismo sea para que salten “revelaciones” que afecten, principalmente, a expresidentes, políticos y autoridades que trabaron a la brasilera o denuncian el proyecto marxista que pretenden implantar los “vizcaviares”.
En un artículo de 2017, publicado en El Comercio, la historiadora Carmen McEvoy sostiene que “la inmensa trama de corrupción [fue] organizada por Odebrecht en el Perú –con la venia de los mandatarios brasileños y la complicidad de políticos, empresarios, abogados, gobernadores, alcaldes y publicistas nacionales– […] El otrora imperio portugués perfeccionó a lo largo de varios años un sistema político-económico que exportaba corrupción, [somos] una suerte de colonia económica con un virrey brasileño apellidado Barata, quien departía con la crema y nata de la sociedad peruana”.
El acuerdo de “colaboración” (de traición, más bien) tiene 17 páginas y se pactó entre el equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato (Rafael Vela y José Domingo Pérez) y la procuraduría ad hoc brasilera, con Odebrecht. La corrupta empresa se compromete a entregar información y documentos sobre las coimas entregadas a funcionarios peruanos de todos los niveles (nada de los privados). El Ministerio Público no podrá usar las pruebas contra Odebrecht ni sus ejecutivos, tampoco compartir la información con autoridades nacionales o extranjeras, a menos que medie pacto de no utilizarla contra los maleantes del Brasil.
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