Para beneficio millonario de PPK que logró autorizando un aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de S/ 1,056’000,000 para el etano. Asimismo de la burocracia dorada de Proinversión, de Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga y el madrinazgo de Nadine Heredia en el Gobierno de Humala.
Mientras el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) armaba todo el esquema legal para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en el gasoducto peruano del sur, mientras los precios de la obra subían de US$ 1,330 millones a US$ 7,328 millones, en paralelo aparecían los primeros beneficiarios locales en este negociado: Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Merino Tafur. Eleodoro Mayorga Alba y una pléyade de subsidiarios, sobre todo de la burocracia de Proinversión y de Energía y Minas que la prensa concentrada y palaciega oculta.
El contrato de concesión del citado gasoducto, firmado el 23 de julio de 2014 entre el Ejecutivo y Odebrecht, se basó en la idea central de que el proyecto era “autosostenible” y que de ninguna forma perjudicaría los intereses de la nación o de los usuarios de luz eléctrica.
En cuanto al costo, mientras Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., la concesionaria inicial, se comprometió a ejecutar inversiones por un monto total de US$ 1,330’112,124.15 para hacer el gasoducto, en un plazo de tres años y ocho meses, esta no sería sino la primera valorización que el tiempo se llevó.
Luego, cuando el proyecto se trasladó a los fueros de Proinversión, la consultora Cosanac estimó un primer incremento del costo de inversión para el transporte de gas y líquidos que llegaba a US$ 2,869 millones.
El segundo incremento llegó con la consultora Wood Mackenzie, contratada precisamente por Proinversión, que en un “informe técnico” del 6 de mayo de 2014 lo estimó en US$ 3,643 millones.
Al día siguiente de la fecha antes citada, llegó el tercer incremento de parte de la misma Wood Mackenzie que en su “informe financiero” lo incrementó a US$ 4,910 millones utilizando el novedoso concepto de “Programa Referencial de Inversiones y Reinversiones”.
SE DISPARA
Sin embargo, cuando llegó la licitación de la obra se olvidaron de la idea de lo “autosostenible” y no utilizaron el criterio de costo de inversión sino del costo de servicio, cargando allí los llamados “costos operativos”.
Estos cambios autorizados por las autoridades peruanas le permitieron a Odebrecht “elevar el monto de las tarifas, que ya no las calculó sobre la base del costo de inversión, sino del costo de servicio, y se incrementó el valor en 49 %, pasando así de US$ 4,910 millones a US$ 7,328 millones, que fue el costo de servicio de la oferta económica del Gasoducto Sur Peruano”, precisa el informe final del Caso Lava Jato en la página 1144.
Así es cómo se disparó el costo.
Qué gran negocio en estas nuevas circunstancias en que los usuarios de luz eléctrica tenían que pagar con los llamados “ingresos anuales garantizados” y cuya recaudación sería cubierta a través del “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE)” incorporado en los recibos de luz.
Como ya hemos demostrado en EXPRESO, los cálculos del experto Jorge Peschiera Cassinelli dan cuenta que bajo este esquema financiero se hubiera propiciado la afectación al Estado y a los usuarios, a través de las tarifas, por más de US$ 15 mil millones en los 34 años de la concesión.
MERINO Y MAYORGA
Esta vorágine de incremento de cifras, con el visto bueno del gobierno nacionalista y los ministros del sector, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba, tuvo –desde los albores del proyecto– como uno de sus “caseritos” a Pedro Pablo Kuczynski.
¿Cómo es que Odebrecht siguió avanzando después de controlar la concesión y el proyecto? Simplemente se limitó a registrar un patrimonio que le permitiría constituirse en sujeto de crédito y hacer realidad “el compromiso de facilidades excepcionales otorgadas por funcionarios del Estado peruano en perjuicio de los usuarios nacionales del servicio de electricidad y del propio Estado”.
Esto, al asumir nada menos que el propio país los “riesgos que corresponden al concesionario, los que incluyen garantías de ingresos y garantías sobre las deudas del concesionario”.
Obtenidas estas “facilidades”, Odebrecht se lanzó a conseguir el cierre financiero sobre la base del endeudamiento garantizado por el propio Estado peruano.
Con estos indicios o realidades la comisión congresal llegó a la conclusión de que todo este esquema aplicado en el gasoducto del sur, que no difiere sustancialmente de otros proyectos de la constructora Odebrecht, no lo hace una empresa sino “una organización delictiva con fachada empresarial” dedicada a corromper las instituciones y funcionarios del Estado peruano.
Una praxis que “no puede ser gratuita” y cuyos pagos no se han limitado “a los ‘aportes’ de campaña que son más bien coimas generales [sino] que van acompañadas de pagos específicos por proyecto como en otros casos conocidos (tren eléctrico, IIRSAs, etc.)”.
Para rememorar esta etapa de la historia de la corrupción en el Perú hubo sucesos previos como la compra de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas por parte de Odebrecht entre abril de 2011 y junio de 2012 y otros movimientos sospechosos de capitales.
Por entonces esta constructora carioca reportó que entre julio y diciembre de 2012 realizó pagos a First Capital Inversiones y Asesorías, ligado a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un total de US$ 121,750, los que aparecen como servicios prestados desde mayo de ese año, cuando Odebrecht tomaba el control total de Kuntur con la compra del 49 % restante del accionariado.
Ahora se sabe que las de PPK fueron asesorías en las que participó su socio chileno Gerardo Sepúlveda, “relacionadas con la estructuración de la intervención de Petroperú en el proyecto de transporte de gas al sur del país, con el fin de que la empresa pública realice aportes financieros solicitados por Kuntur Transportadora de Gas”. Y vaya que lo hizo.
Como ni en política ni en economía hay coincidencias reiteradas, es de subrayar que el mes de diciembre de 2012, apenas concluidos los pagos a First Capital, en este mismo mes el gobierno de Ollanta Humala promulgó la controvertida Ley 29970.
¿Qué ordena esta norma en su artículo 7? Encarga a Petroperú efectuar las acciones tendentes a la obtención y transporte del etano en cantidades suficientes para la promoción del desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país.
Es decir, se trataba de una medida que estaba “en la ruta del Gasoducto Andino del Sur de Kuntur, autorizando un aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de S/ 1,056´000,000″.
Según información bancaria a la que tuvo acceso la comisión investigadora, se probó “que durante el periodo 26/11/04 al 30/7/17, First Capital recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente un monto ascendente a US$ 4’945,653″, esto al margen de lo que recibió de la Concesionaria Trasvase Olmos y de la Interoceánica Sur Tramo 2.
No hay caso que PPK no tiene pierde en ningún lobby.
Los consorciados
El consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) estuvo formado por Odebrecht, que tenía una participación del 55 % de las acciones, el 25 % de Enagás de España y 20 % de acciones correspondientes a Graña & Montero.
EL PAPEL PECULIAR DE NADINE Y LOS MÁS DE US$ 3 MILLONES
Sobornos de Odebrecht habrían impuesto a Humala en Palacio
Desde entonces la constructora brasileña controló los proyectos de Estado vinculados a sus intereses, como el transporte del gas al sur del país.
A estas alturas de la historia, a las coimas bajo la forma de “aportes” de las constructoras brasileñas, que ya son más que públicas, donde además se ha focalizado la investigación del “grupo especial” del caso Lava Jato de la Fiscalía, dejando de lado las coimas y sobrevaloraciones de los proyectos propiamente dichos, lo más llamativo son los indicios de lavado de activos de los que nos ocuparemos en otro momento.
Pero empecemos por los “aportes” de “Marcelo”, se supone Odebrecht, registrados en una de las agendas de Nadine Heredia, donde hay diez aportes que hacen un total de US$ 340,000 entre noviembre de 2009 a enero de 2011.
Hay en dichas agendas otros montos junto a nombres como el de “Barbudos”, “El Gringo”, “Cristina”, “Ivoska” y otros.
Si a lo anterior sumamos que Nadine Heredia y su esposo Ollanta Humala Tasso viajaron a Brasil 10 veces entre febrero de 2010 y mayo de 2014, y que Humala viajó a dicho país en cinco oportunidades entre febrero de 2010 y el 8 de junio de 2011, cuatro acompañado por su esposa, a lo que se debe sumar el solitario viaje de Nadine Heredia a Brasil y su retorno al Perú por Venezuela, veremos que estos periplos son más que sospechosos.
Para la comisión investigadora tales datos “son consistentes con la hipótesis ya conocida de que Marcelo Odebrecht y Jorge Simoes Barata entregaron US$ 3 millones, mencionados en la planilla ‘Italiano’ bajo el concepto de ‘Programa OH’, en el periodo de la campaña electoral del año 2011”.
Los pagos efectuados por Odebrecht a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con conocimiento y participación de algunos miembros muy cercanos del Partido Nacionalista a la mencionada pareja, no son de ninguna manera meros aportes de campaña, según el informe congresal.
Esto porque consideran que “los aportes de campaña deben reunir determinadas características para tener dicha condición, entre las más importantes, el ser declarados como tales ante la autoridad electoral, en este caso la ONPE, lo que no ocurrió”.
En consecuencia, los pagos de Odebrecht no son otra cosa que “la materialización de compromisos e incluso la constitución de una organización criminal para realizar actos ilícitos cuando el candidato, ya elegido, toma el cargo e inicia el ejercicio del gobierno”.
Se llega a esa conclusión porque los pagos presentados como aportes de campaña, especialmente si son tardíos, es decir cuando las campañas ya han concluido, “no pueden estar desconectados de los proyectos licitados por el Estado y de los lucros indebidos, ilegales y delictivos que bajo la cobertura de los proyectos obtienen los interesados aportantes a las campañas electorales”.
CONFESIÓN DE PARTE
Esta práctica –agregan– está contenida en la declaración de Jorge Simoes Barata a los fiscales peruanos en Sao Paulo, especialmente cuando habla de la “necesidad de contribución por Caja Dos en campañas políticas o de corrupción para conquista de un beneficio en un proyecto del país”.
Incluso al referirse al propósito de los aportes a campañas, Barata diferencia la obtención del contrato de la obtención de los beneficios en los contratos.
“Sobre la primera (obtención del contrato) explicó que no es [el] objetivo del aporte a la campaña porque ‘las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como Proinversión’, niveles que no necesariamente conocían de los aportes a campaña”; en cambio, sí era su objetivo –con los pagos– la obtención de beneficios en los contratos; así como ‘tener acceso a los gobiernos’”.
Esto significa que, al margen de los procesos en Proinversión para los contratos específicos, había una acción corruptora prioritaria y previa para favorecer a Odebrecht con el propósito de tener acceso a los gobiernos y de esa forma llegar a todos los contratos de su interés, esto mediante aportes para las campañas electorales, reiteramos.
Este esquema explica por qué todos los últimos presidentes de la República, desde Alejandro Toledo, pasando por Humala, Alan García y PPK, están implicados en el sistema de corrupción de Odebrecht.
SOBORNO DEFINITORIO
El origen del dinero de los pagos a Ollanta Humala, proveniente de la “Caja Dos”, también llamado “departamento de operaciones estructuradas”, pone en evidencia la fuente ilícita de los fondos, independientemente del propósito electoral o no de los mismos.
Toda la información demuestra que el apoyo económico de Odebrecht a Humala, con una regularidad mensual, vino desde noviembre de 2009 y que el posterior aporte de US$ 3 millones a la campaña nacionalista, por su volumen, habría sido definitorio en los resultados electorales.
Dicho de otra forma, “Odebrecht influyó decisivamente en la elección del presidente en el Perú y tomó, a través de Ollanta Humala, el control de las políticas de Estado vinculadas a sus esferas de interés, entre ellas la del transporte del gas al sur del país”.
Un control que se hizo política de gobierno con el anuncio del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” que Ollanta Humala anunció en su mensaje al Congreso el 28 de julio de 2012.
Delación de testigo
En el caso del gasoducto se presenta tanto la peculiar intervención de Nadine Heredia en la receptación de dinero registrado en sus agendas cuanto su intervención en reuniones en Palacio de Gobierno con funcionarios de Proinversión y los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Tal es la información del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016, corroborado por Gustavo Navarro Valdivia, integrante del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión ante el Ministerio Público.
Un control que se hizo política de gobierno con el anuncio del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” que Ollanta Humala anunció en su mensaje al Congreso el 28 de julio de 2012.
Delación de testigo
En el caso del gasoducto se presenta tanto la peculiar intervención de Nadine Heredia en la receptación de dinero registrado en sus agendas cuanto su intervención en reuniones en Palacio de Gobierno con funcionarios de Proinversión y los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Tal es la información del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016, corroborado por Gustavo Navarro Valdivia, integrante del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión ante el Ministerio Público.
DIARIO EXPRESO.
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