La directora de comunicaciones de PromPerú, Isabella Falco, a través de su informe N° 4-2018-PROMPERU/DC, menciona todas las bondades de contratar con Sony Music como si fuera la promotora y señala: “Es importante mencionar que, según la estructura de costos remitida por el proveedor, detalla que el 90 % de sus costos derivan de la ejecución del servicio en territorio extranjero, dejando un 10 % de la ejecución a realizarse en territorio nacional. El 90% mencionado corresponde a conceptos por honorarios del equipo, participación del artista, licencias y derechos de autor, difusión en plataformas oficiales de Sony y otros que se incurran a nivel internacional”; argumento empleado para redondear el plan colusorio. Todo ello para convencer a las autoridades del OSCE y otros, que sí se justificaba la exclusión de este contrato de la aplicación de la Ley Contrataciones del Estado, lo cual beneficia a Sony Music.
Pero la realidad es otra. El servicio que requería contratar el Estado era de publicidad, para promocionar supuestamente al Perú. Isabella Falco, traicionando la confianza que se le dio, firmó un “contrato” con Sony Music cuyo objeto fue formalizar un acuerdo de colaboración para la grabación de dos videoclips de Sony Music, donde el Perú colaboraba con un millón de dólares a cambio de que en dichos videoclips figure visiblemente el nombre de al menos una de las locaciones turísticas del Perú. Prueba de esto es que se advierte en la cláusula segunda del mencionado acuerdo formalizado (contrato), cuando se señala que una de las obligaciones de Sony Music es: “Asumir todos los costos derivados de la producción de Contenidos, incluyendo impuestos y recursos humanos”, “Contratar por su cuenta a todo el personal necesario para la producción de los Contenidos”. Entonces, ¿qué se pagó?
De qué estructura de gastos nos habla Isabella Falco, en la que el 90 % de los costos derivados de la ejecución del servicio se realiza en el extranjero. Si según el contrato donde formalizan su acuerdo previo, la transnacional Sony asume todo el importe de la producción de videoclips. Y además no tendríamos por qué pagar la producción de los videos de propiedad de la transnacional Sony, donde nosotros sólo aparentemente estamos pagando por el servicio de publicidad de nuestras locaciones turísticas, aunque en la realidad sólo somos colaboradores en la producción de los mencionados videos, una especie de auspiciadores.
Yenni Vilcatoma.
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