Buscan dar un golpe
en la subcomisión de acusaciones constitucionales
El Poder Ejecutivo busca dar un golpe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para destituir al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de esta forma evitar que avancen las investigaciones del caso Chinchero, según denuncias hechas por parlamentarios de oposición ayer.
“Censurar al presidente de la subcomisión [César Segura] es una muestra más de que el Gobierno, sus aliados como el Frente Amplio y Alianza Para el Progreso, quieren tomar la agenda del Congreso, y eso es grave”, señaló el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén.
Quieren dar este zarpazo, añadió, no obstante que en el Legislativo respeta su autonomía. “Si se trata de hacer lo que el Gobierno quiere, a través de su bancada, mejor es cerrar el Congreso porque estamos engañando al país”, dijo.
Cabe precisar que ayer, los representantes de la bancada de Peruanos por el Kambio, Güido Lombardi y Gilbert Violeta, anunciaron que esta agrupación presentaría una moción de censura contra el presidente de la subcomisión, César Segura (FP), si no le brinda la celeridad y la prioridad que ellos exigen con las acusaciones presentadas contra Pedro Chávarry.
“Hemos decidido, con la unanimidad de todos los integrantes de la bancada, que se buscará en primer lugar coordinar con otras bancadas para promover una censura contra el congresista [César] Segura, como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y de no prosperar, [que las bancadas] puedan retirarse de forma conjunta”, explicó Lombardi.
El oficialista explicó que de renunciar las demás fuerzas políticas a la subcomisión, Fuerza Popular y el Apra mantendrían una mayoría que permitiría que ese grupo especial pueda seguir en funciones; sin embargo, con la salida se busca aislar al fujimorismo y al Partido Aprista.
Esto fue reafirmado por el vocero Gilbert Violeta, quien también cuestionó las declaraciones de Velásquez Quesquén, asegurando que ese tipo de posiciones solo demuestran que el Apra tiene una posición política que está “fuera de lugar”.
“Si es que el señor [César] Segura se resiste a la exhortación de la Comisión Permanente, del presidente del Congreso y de las distintas bancadas, obviamente nos veremos en la necesidad de pedir su censura, y por lo tanto, su cambio como presidente de la subcomisión (…). El señor Velásquez Quesquén tiene derecho a emitir una opinión política, pero eso está fuera de lugar”, dijo.
Velásquez Quesquén refutó lo dicho por el vocero oficialista y aseguró que la verdadera intención del partido de gobierno es buscar vulnerar las investigaciones que viene realizando la Fiscalía sobre el caso de Chinchero.
“Si lo que ellos quieren es blindar el caso Chinchero, que lo digan. Si quieren blindar el caso Chinchero, que lo digan y discutimos sobre eso”, enfatizó.
Además, el representante de la Célula Parlamentaria Aprista se refirió al caso de Chávarry y aseguró que le genera preocupación la obsesión que tiene el gobierno con el titular del Ministerio Público, ya que la salida del fiscal de la Nación no garantiza que se termine con la corrupción en el país; además, es normal que un fiscal investigue al gobierno de turno.
“Sí [es un tema a tratar lo de Chávarry], pero no es lo más importante. A mí me preocupa cuando el Gobierno está obsesionado con Pedro Chávarry, porque ¿a quién es el que más investiga los fiscales y el Congreso? Al gobierno de turno, entonces, que no venga el Gobierno a decir que la lucha contra la corrupción acaba sacando al señor Chávarry”, dijo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis López Vilela, quien también es miembro de Fuerza Popular, se sumó a la posición de Velásquez Quesquén, y aseguró que lo planteado por el oficialista Peruanos por el Kambio solo demuestra que el Ejecutivo tiene la intención de vulnerar la institucionalidad en el país, interfiriendo en el manejo del Ministerio Público.
“Eso se está viendo. Sacando al señor Segura, ellos [el Gobierno] quieren tomar las decisiones a su antojo, y como Congreso no podemos ser parte de la corrupción que pretendería encubrir al Ejecutivo”, indicó.
López opinó que esto demuestra que el Poder Ejecutivo solo tiene el objetivo de retirar a Pedro Chávarry de la Fiscalía para interferir en las investigaciones fiscales respecto al caso Chinchero, el cual podría complicar la situación del presidente Martín Vizcarra.
“Se nota que hay presión de Palacio, el objetivo es el señor Chávarry, no sé cuál es el objetivo para presionarlo a que renuncie. El caso Chinchero lo tenía el fiscal Domingo Pérez, y no hizo nada. El señor Chávarry tenía las facultades de cambiarlo por no tocar ese caso”, dijo.
35 marinos
Denunciaron constitucionalmente a cuatro magistrados del TC por haber cambiado el voto de su colega Vergara Gotelli en el caso de El Frontón en abril de 2017, y hasta ahora no se ha permitido que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vea el caso.
SI LO QUE ELLOS QUIEREN ES BLINDAR EL CASO CHINCHERO, QUE LO DIGAN. SI QUIEREN BLINDAR EL CASO [DE MARTÍN VIZCARRA], QUE LO DIGAN Y DISCUTIMOS SOBRE ESO.
“YA TENGO UNA AGENDA ESTABLECIDA”, AFIRMA
Segura se mantiene firme
El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (FP), se pronunció respecto a la moción de censura anunciada por el oficialismo, lo cual calificó como una amenaza, y aseguró que no tiene temor a que se presente este recurso en su contra.
“Esperemos la moción [de censura]. Porque ellos van a amenazar de que van a poner una moción de censura, ¿yo tengo que cambiar el orden, cambiar los acuerdos [de la subcomisión]? [El orden] es de cómo han ingresado los expedientes, no voy a cambiar esa posición”, manifestó a la prensa.
Segura también afirmó que se mantendrá en su posición de respetar el orden de las denuncias presentadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y emplazó a las bancadas de oposición a que presenten la censura en su contra.
“No sé qué pretensiones tengan aquellos que pretendan censurarme. Que me censuren, que presenten su censura (…). Debemos respetar el debido proceso, los temas penales deben ser investigados como todos. Todas [las denuncias] para mí son importantes. Lo que yo sí voy a tener claro de mi trabajo, es que no voy a dejar un expediente a la siguiente presidencia”, aseguró.
Además, el parlamentario manifestó que ya tiene una agenda planteada para realizar sesiones durante cuatro semanas; sin embargo, descartó que en esas sesiones se pueda revisar las denuncias presentadas contra Chávarry.
“Yo tengo una agenda ya planteada, de por lo menos cuatro semanas, o de cuatro sesiones mejor dicho. La que propongo para estos días, obviamente no será jueves, será extraordinaria (…). Todavía no [se vería el caso Chávarry], no está en agenda. En lo posible, vamos a hacerlo [sesionar dos veces por semana]”; manifestó.
PRINCIPALMENTE DE MAGISTRADOS DEL TC
Hay 140 denuncias pendientes
Se debe precisar que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales existen alrededor de 140 denuncias pendientes de trámite y resolución.
Las más importantes son las dirigidas contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional –Manuel Miranda, Marianella Ledezma, Eloy Espinoza y Carlos Ramos–, que en el periodo de la presidencia de Óscar Urviola cambiaron el voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli.
El cambio del voto, como es público, fue para revivir una vez el caso del Frontón calificándolo como delito de “lesa humanidad” en una sentencia con calidad de cosa juzgada de 2013.
El mismo Urviola está acusado constitucionalmente por haber actuado en contra de los bonistas de la Reforma Agraria, al parecer en complicidad de un funcionario que también habría cambiado el voto del entonces magistrado Carlos Mesía.
Hay otras denuncias contra consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, exministros como Carlos Basombrío que tendría alrededor de 36 denuncias, principalmente de policías.
Tras una larga lista, están las del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Estas son: la 239, presentada por Gino Costa (Independiente) el 21 de agosto; la 248, presentada por Gloria Montenegro (APP) el 4 de septiembre; y la 262, presentada por el procurador Amado Enco el 1 de octubre.
Debido a estas denuncias pendientes, parlamentarios de las bancadas de APP, Frente Amplio, Nuevo Perú y PPK han solicitado constantemente que se las revisen. El último en pedirlo formalmente fue Juan Sheput (PpK) para la fallida sesión del 29 de octubre.
JOSÉ MANUEL CARMEN- DIARIO EXPRESO
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