Andahuasi agoniza, pero mal manejo no se detiene
Tocan fondo. Tal como se venía pronosticando, la peor de las crisis ha llegado a la empresa azucarera Andahuasi, tanto así que los sufridos trabajadores –que se mantienen impagos- han tenido que hacer una colecta para comprar bolsas de úrea y así poder abonar los campos que están descuidados por falta de fertilizantes desde hace 3 meses atrás. Esto se corrobora con un documento de colaboración voluntaria que circuló en la fábrica azucarera y donde figuran nombres de trabajadores, sus códigos, firmas y el monto de sus aportes que fluctúan entre 30, 60 y 120 soles.
Esta situación, calificada por muchos como el colmo de los hechos ocurrido en toda la existencia de la azucarera, se debe a la pésima administración que han llevado personajes ligados al Grupo Bustamante, el sindicato y recientemente con Greco Quiroz y el apoderado legal, César Lupuche; quienes tienen procesos judiciales por malos manejos e irregularidades, que han llevado al colapso de la empresa. Los trabajadores mes a mes viven en tensión, porque no saben si les pagarán. Los proveedores con incertidumbre, ya que el precio del azúcar se va en picada por la sobreproducción e importación. Hay un acumulado de deudas con la Sunat, Essalud y Afps; más aún no se garantiza el pago de las CTS. El pago de trabajadores de los meses de octubre y noviembre está en veremos y ni que decir diciembre donde se duplica la planilla por el pago de gratificaciones por Navidad, y esto es según la ley. ¿Cómo pasarán su Navidad los trabajadores?
Todo esto hace que se llegue a medidas extremas como el hacer la llamada “chanchita” o colecta, para tener efectivo y comprar el abono para los cultivos de caña, ya que desde hace más de tres meses no son atendidos los campos lo que hace sospechar que el nivel de sacarosa no sería de la mejor en la temporada. “Llegar a esto ya es el colmo. No hay plata para nada, ¿quién se está haciendo rico con el dinero de la empresa? se preguntó un trabajador que pidió mantener su nombre en reserva.
La respuesta podría estar en las medidas poco lícitas que se estarían tomando en esa empresa. Un audio que circuló en las redes sociales puso al descubierto una pretensión del Comité Legal de tramitar un cobro de más de 250 mil soles para el pago de contratos y bajo la modalidad de “gastos y otros”. Una voz, que sería la del exgerente general, Greco Quiroz Díaz, comenta con su asistente: “Charito, me han informado de la empresa que el comité, que no es legal, sino ilegal, ha querido cobrar a la empresa más de 250 mil (soles) alegando de que tienen que pagar contratos por unas demandas que han hecho…yo te he dicho que no selles nada… Después de todo lo que me hacen a mí van a querer ellos ir a mentir a la gente a decirles que tienen legalidad para sacar plata, Charito…” se escucha en parte del audio. Por su parte, la asistente (“Charito”) señala que la secretaria del comité legal, de nombre Nataly, le insistía que le sellara unos documentos que Greco le había firmado a Jaime Pérez. “Después me llamó Wilder (Ruíz) pidiéndome que entregue sus sellos (de gerente general)…”, se escucha en el diálogo. El audio termina con la voz de Greco: “…Para mí que estos patas han hecho algo grave, ah, y están presionando a todo el mundo para que paguen la plata… yo los voy a tener que denunciarlos…”.
En paralelo a esto, y en contraste con la escases económica que se vive en la empresa, aparecieron documentos sin firmas y que serían los estados de rendición de cuenta de los dos integrantes del “comité legal”, es decir de Wilder Ruiz y Jaime Pérez Chávez, donde se puede apreciar gastos de consumo bastante elevados en reconocidos restaurantes, no obstante que Greco asegura que ellos no tienen legalidad en la empresa.
La actual administración está en la misma situación. Imperaría una ilegalidad total. Recordemos que el último 22 de mayo de este año, mediante la resolución número 39, la Sala Superior de la Corte de Huaura, en segunda instancia, declaró nula las elecciones que eligió al sindicato período 2016-208 por irregularidades en el proceso, lo que configura una crisis total ya no solo en el orden económico, como está demostrado, sino también en representatividad y legalidad. Si son ilegales, ¿cómo se afrontará la falta de permisos y autorizaciones para adquirir insumos fiscalizados por la Sunat para producir el azúcar? Si son ilegales, ¿cómo podrán vender el azúcar producido y tener liquidez para el pago de los trabajadores, si su condición de ilegales e informales no se los permite? En conclusión, todos sus actos carecerán de efectos jurídicos, por ello no podrán suscribir ningún convenio colectivo o acto jurídico en representación de sus afiliados, ya que legalmente carecen de representación.
La gran pregunta es ¿hasta cuándo seguirán los andahuasinos soportando todos estos irregulares hechos? Lo positivo, en medio de toda esta crisis, es que aparece la esperanza de cientos de trabajadores quienes ya no se sienten representados por estos personajes y desean que esta situación cambie pues ya tocaron fondo y es momento de que ingresen a un momento serio de reactivación y saneamiento de la empresa con intervención de los accionistas mayoritarios.
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