La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de Fuerza Popular para que se anule la decisión fiscal que adecuó los casos de los cocteles y los aportes a la campaña de Fuerza 2011 a la Ley contra el Crimen Organizado.
De esta forma, la sala se pronunció sobre las casaciones presentadas por la defensa legal del partido de Keiko Fujimori.
Ambos casos, a cargo del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez (actualmente parte del equipo especial del Caso Lava Jato), están en etapa de investigación preliminar.
En setiembre del 2017, el fiscal Pérez dispuso que las pesquisas de los casos se amplíen hasta por 36 meses tras adecuarlos a la mencionada ley.
Las defensas de Fujimori Higuchi y de FP rechazaron esa decisión. Por ello, presentaron las casaciones ante la Corte Suprema.
El 14 de setiembre sustentaron ante la Sala Penal Permanente que se anule la decisión de la ampliación de las indagaciones y pidieron que se ordene al fiscal que se pronuncie archivando los casos o formalizando investigación preparatoria.
-Efectos de la casación-
Según el abogado Luciano López, en primer lugar, la decisión que adopte la Corte Suprema "marcará jurisprudencia".
"Hay que entender que cuando la Corte Suprema se pronuncia sobre una casación, el primer fin es establecer criterios de jurisprudencia. Es marcar criterios para que sean cumplidos por los jueces", comentó.
Y, si la Corte Suprema rechaza las casaciones, ambas investigaciones continuarán bajo la Ley de Crimen Organizado en la etapa de investigación preliminar hasta que se agote el plazo de 36 meses o el fiscal decida pronunciarse.
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