LA JUSTICIA PERUANA EN ESTADO DE PUTREFACCIÓN : FISCAL DE LA NACIÓN INTEGRA MAFIA "LOS CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO"

Tras las últimas revelaciones que vinculan directamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, con la organización “Los cuellos blancos del Puerto”, el Instituto de Defensa Legal (IDL) exige su inmediata renuncia y del mismo modo pide la salida de los fiscales supremos Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez y Luis Arce.

“Para que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) recupere su legitimidad y adecúe su desempeño al respeto de sus deberes funcionales, no deben continuar en función los fiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, e incluso Luis Arce”, plantea dicha organización mediante un pronunciamiento público.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido sindicado por la fiscal que investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Sandra Castro, como presunto integrante de la mencionada red de corrupción, en base a lo informado por los colaboradores eficaces. El fiscal supremo Pablo Sánchez ha señalado que no tiene competencia para denunciar a su par y actual representante del Ministerio Público, a pesar de que el informe lo compromete. Ante esta situación, el Instituto de Defensa Legal presenta una serie de señalamientos y exigencias:


1. La suspensión de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano competente para la sanción disciplinaria de los fiscales supremos, deja en manos del Congreso de la República la investigación y posible sanción por responsabilidad constitucional y política de la conducta del Fiscal de la Nación. Esta situación favorece la impunidad, ya que los integrantes de la mayoría parlamentaria y su lideresa Keiko Fujimori, también involucrados, han expresado el respaldo a su gestión.

2. En estos momentos, Pedro Chavarry encabeza la institución que debe investigar las imputaciones que recaen sobre sí mismo. Por eso es que los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) deben ser conscientes de que el país les exige una solución inmediata y transitoria a esta crisis histórica. Para que la JFS recupere su legitimidad y adecúe su desempeño al respeto de sus deberes funcionales, no deben continuar en función los fiscales Pedro Chavarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, e incluso Luis Arce. Sus plazas deben ser reemplazadas por fiscales supremos provisionales, nombrados por quienes se encuentran fuera de los cuestionamientos e investigaciones del Ministerio Público en el caso #CNMaudios, hasta que se realice el nombramiento de los nuevos fiscales supremos.

3. La permanencia de Pedro Chavarry y los otros fiscales involucrados viola varias normas esenciales de todo Estado democrático de derecho: la autonomía del Ministerio Público (artículo 158 de la Constitución), su carácter de defensor de la legalidad (artículo 159, numeral 1 de la Constitución), y la garantía de la apariencia de independencia en la función y en el perfil del fiscal (artículo I del Título Preliminar; artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483), entre otros.

4. Pedro Chávarry debe ser investigado, al igual que los fiscales Gálvez y Rodríguez. Por lo tanto, no puede ser “juez y parte” y encabezar la investigación penal. De ser así, se estaría violando la garantía de independencia interna de los fiscales competentes de las pesquisas, así como la igualdad ante la ley. Ambos son principios del Estado de derecho que cada uno de los integrantes de la JFS está obligado a respetar para no convertirse en cómplice de su violación.

5. De acuerdo al precedente del caso de la postulación del exfiscal Mateo Castañeda a la fiscalía suprema -corroborado por el Tribunal Constitucional (exp. N° 00791-2014-PA/TC, del 15 de julio de 20141)-, un informe fiscal en el que se establece la presunta responsabilidad penal es causal para no poder ser elegido como fiscal supremo y, por lo tanto, tampoco para mantenerse en el cargo. Por ello, la estabilidad en el cargo del fiscal Chávarry es precaria: su ratificación no ha culminado al no existir una resolución, y esta se debería anular a la luz de las nuevas informaciones. Su condición es precaria y de facto y no se condice con el cargo que ostenta ni con las garantías de independencia que él mismo exige.

6. Esta crisis también es de legitimidad institucional. Según la encuesta de agosto de 2018 de GFK2, a raíz de los #CNMaudios, el 84% de la población rechaza la actuación de Pedro Chavarry como Fiscal de la Nación. Es irresponsable y violatorio de sus deberes funcionales que los fiscales supremos insistan en mantenerlo en el cargo pese a todos los cuestionamientos, como sucedió con el destituido ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia. Hoy, con el informe del propio Ministerio Público, su permanencia representa el quiebre de la garantía que la institución debe otorgar para las investigaciones.