Es muy jodida la sensación de podredumbre institucional que producen los indicios sólidos de que el principal responsable de perseguir al crimen en el país –el fiscal de la nación– pueda integrar una banda del crimen organizado y, peor aún, que su permanencia en el puesto sea defendida por los jefes de los dos partidos que dominan el parlamento.
El puesto de fiscal de la nación es muy importante porque preside el ministerio público, cuyos mandatos constitucionales incluyen la conducción desde su inicio de la investigación del delito, así como la promoción de la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos.
Cuando en un país se sospecha que quien ocupa ese cargo puede ser un criminal, y esta persona se aferra al puesto con la seguridad de que el poder político del congreso lo va a defender, surge una expresión preocupante de podredumbre institucional.
El fiscal Chávarry –sustentado en su puesto por otros fiscales supremos que también están embarrados hasta la remaceta– está siendo investigado por la propia institución que preside por una supuesta participación en la banda criminal de los ‘cuellos blancos’, y su respuesta ha sido hacer caso omiso a los informes de la entidad que él debiera ser el primero en respetar.
Dicha imputación se suma a otras bastante graves que no es la que sus defensores solo quieren destacar, la de mentir sobre una reunión con periodistas, un pecado venial en lo que constituye una trayectoria francamente accidentada, con un nombramiento de origen sospechoso.
Por ello, según GfK, tres de cada cuatro peruanos quisieran que Chávarry deje el puesto de fiscal de la nación que mancha cada día que pasa.
No lo deja, sin embargo, porque es defendido hasta en público por políticos con serios indicios de haber incurrido en actos delictivos, pero que actúan con la confianza de que nada les va a pasar porque tiene un pacto parlamentario para blindarse que incluye el control de las entidades que deben investigarlos, como el MP.
Hoy Keiko Fujimori defiende al fiscal Chávarry en público del mismo modo como Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos defendían en los noventa a Blanca Nélida Colán.
Y cuando sienten que están siendo derrotados en su pretensión, se dedican a estructurar un golpe de estado para mantenerse a flote.
El fiscal Pedro Chávarry debe dejar el Ministerio Público de forma inmediata y si el poder político no lo entiende así, debe ser la ciudadanía la que debe haber sentir su protesta contra los corruptos en las calles.
AUGUSTO ALVAREZ RODRICH.
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