Crisis de confianza. Jorge Barata solo volverá a declarar con acuerdo de no incriminación, que considera más favorable a sus derechos. La Procuraduría perdería toda posibilidad de exigir el pago de una reparación civil.
Barata y Odebrecht Perú consideran que no han obtenido nada desde que en noviembre del 2016 firmaron el preacuerdo de colaboración con el Ministerio Público y entregaron información importante al Equipo Especial.
Al contrario, dicen, desde que revelaron los pagos por los contratos de la Interoceánica, el Metro de Lima, la Vía Expresa Callao, la Vía de Evitamiento Cusco y los aportes a las campañas políticas, han sido perseguidos por el Estado.
Odebrecht es la única empresa a la que el Ministerio de Justicia aplica las restricciones económicas que impone la Ley N° 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia N° 003, habiendo creado el fideicomiso para el pago de una futura reparación civil.
Otras empresas peruanas y extranjeras vinculadas a Lava Jato, que han guardado silencio, han podido vender sus propiedades, retirar sus ganancias o seguir invirtiendo en el Perú.
A esto se agrega que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría ad hoc se niegan a una negociación directa para el pago de la reparación civil. “Es claro que la Procuraduría no quiere un acuerdo”, señaló un alto funcionario de la constructora desde Brasil a La República.
Ministerio Público
La empresa brasileña considera excesiva e impagable la cifra de US$ 1.500 millones de reparación civil que estima la Procuraduría en Perú. En Brasil, la cifra es de US$ 2.400 millones, pero el monto de los contratos fue mucho mayor y la empresa podrá pagar en 24 años y continuar trabajando con el Estado.
Esta situación ha provocado que el equipo del fiscal Hamilton Castro no tenga fecha para el interrogatorio a Jorge Barata por casos de corrupción, que inicialmente estaba previsto para mayo.
Para continuar declarando, Barata quiere que se cierre la colaboración eficaz con la información que han entregado y que se les otorgue inmunidad total.
Desde el Ministerio Público respondieron que eso no es posible, que se requiere un nuevo interrogatorio, más pruebas, la verificación previa de lo que diga el colaborador eficaz y que, además, deben aceptar una pena mínima.
Los abogados de Barata dicen que no pueden estar en una incertidumbre eterna, máxime cuando desde el Estado se congelan sus cuentas y se les impide seguir trabajando en el Perú.
Ponen de ejemplo que las negociaciones con la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Brasil duraron medio año y en ese tiempo se definió la sanción penal y la reparación civil. En el Perú llevan más de un año negociando.
A su posición, suman la decisión que esta semana tomó el juez Sergio Moro de prohibir a las entidades administrativas de Brasil imponer cualquier sanción a la constructora, con base a las declaraciones que han ofrecido mediante la delación premiada.
Para salvar la situación, el fiscal Hamilton Castro solicitó la cooperación judicial de Brasil para ampliar la declaración de Jorge Barata.
Sin embargo, les han respondido que deben firmar el acuerdo de no incriminación, es decir, no perseguir penalmente a Barata ni a la constructora Odebrecht.
Peligra el cobro de la reparación civil
- Si la colaboración eficaz queda en cero, todo lo que ha declarado Jorge Barata ya no se puede utilizar legalmente. Dejará de existir y no se podrá utilizar para ningún juicio o reclamo de una reparación civil.
- La Fiscalía considera que los casos no se verán afectados, pues se han obtenido pruebas de los pagos, vía la cooperación judicial con Suiza y Andorra o la declaración con acuerdo de no incriminación.
- Sin embargo, sí se afectará el reclamo de una reparación civil, advirtieron fuentes judiciales.
- La Ley 30737 se sustenta en los juicios en Brasil y el reconocimiento del delito que hizo Jorge Barata a través del mecanismo de la colaboración eficaz. Pero Brasil solo entregará copias de sus sentencias con acuerdo de no incriminación.
Fuente: Diario La República
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