Después de observar con estupor en qué se habían convertido las 30 hectáreas que heredaron de su padre, las hermanas ya no tenían dudas. Era la mañana del 23 de setiembre del 2017 en el barrio de San Lorenzo, distrito de Santa María, en Huacho (provincia de Huaura). La noche anterior, una llamada las había alertado cuando al menos 50 invasores comenzaban a instalarse, con palos y esteras, en las tres áreas que, aseguran, eran su patrimonio familiar.
La avenida Centenario es una cicatriz que traza viviendas, maizales y, hoy en día, amplios sectores de construcciones rústicas en Santa María. Entre las cuadras 8 y 9, la familia Samanamud tenía cercados dos terrenos contiguos (de 14 mil y 11 mil m2). Al frente dejaba otro, de 5.600 m2, al cuidado de un vigilante. Según dicen, los tres terrenos tienen partidas registrales independientes, pero conforman una sola unidad catastral a nombre de su padre.
Las hermanas habían empezado los trámites de lotización en esas hectáreas de antiguos algodonales; sin embargo, no concretaron la inscripción de cada lote en Registros Públicos.
Ello habría sido aprovechado por una mafia de tráfico de terrenos. Un problema que, según el gerente general de la Municipalidad Provincial de Huaura, Juan Valencia, afecta a toda su jurisdicción.
Desde el 2015, 200 hectáreas de áreas invadidas han sido recuperadas en 19 intervenciones solo en Huacho. En otros distritos de la provincia como Huaura, Végueta y Santa María, los niveles de usurpación son similares.
—Modalidad criminal—
Perpetrada la invasión a sus tierras, la familia acudió a la policía y la fiscalía, pero allí dos hombres, Pedro Quiniche y César Trinidad, afirmaron ser los dueños. “En el municipio dijeron que nuestros títulos no existían. Era muy sospechoso. Pasaron los 15 días para la recuperación extrajudicial y desde ahí esto es un calvario”, narraron las denunciantes a El Comercio.
Hasta ahora han pasado diez meses de proceso penal y, en los terrenos, las casas de concreto han ido reemplazando a las de esteras. Llegan camiones-cisterna para el abastecimiento de agua e incluso hay una antena de telefonía celular. Los tres sectores que las hermanas reclaman son ahora la Asociación de Vivienda Virgen de la Asunción, donde ya hay unas 150 familias.
Este Diario recorrió la zona y constató que allí se ofertan lotes vacíos, de 90 m2, a S/9 mil; y otros, con casas construidas, a no menos de S/40 mil. Algunos residentes, desde el primer día, deben pagar por servicios de vigilancia que no ven y abonar dinero semanalmente para abogados que, les aseguran, están a cargo de tramitar los certificados de posesión.
Una vecina refirió que una directiva apoyada por sicarios recoge el dinero y organiza los llamados empadronamientos. Es decir, la reventa de los lotes de quienes se niegan a seguir con los pagos. En octubre, un hombre fue baleado allí, al parecer, por tratar de defender su predio.
El subgerente de Desarrollo Urbano de Santa María, Jesús Oyola, afirmó que los expedientes en torno a la propiedad que demandan las hermanas no están en los archivos de la comuna. Además, dijo que el municipio no ha emitido ningún acta de posesión para los invasores.
“Tampoco los multamos porque así los validaríamos como dueños”, indicó.
La avenida Centenario es una cicatriz que traza viviendas, maizales y, hoy en día, amplios sectores de construcciones rústicas en Santa María. Entre las cuadras 8 y 9, la familia Samanamud tenía cercados dos terrenos contiguos (de 14 mil y 11 mil m2). Al frente dejaba otro, de 5.600 m2, al cuidado de un vigilante. Según dicen, los tres terrenos tienen partidas registrales independientes, pero conforman una sola unidad catastral a nombre de su padre.
Las hermanas habían empezado los trámites de lotización en esas hectáreas de antiguos algodonales; sin embargo, no concretaron la inscripción de cada lote en Registros Públicos.
Ello habría sido aprovechado por una mafia de tráfico de terrenos. Un problema que, según el gerente general de la Municipalidad Provincial de Huaura, Juan Valencia, afecta a toda su jurisdicción.
Desde el 2015, 200 hectáreas de áreas invadidas han sido recuperadas en 19 intervenciones solo en Huacho. En otros distritos de la provincia como Huaura, Végueta y Santa María, los niveles de usurpación son similares.
—Modalidad criminal—
Perpetrada la invasión a sus tierras, la familia acudió a la policía y la fiscalía, pero allí dos hombres, Pedro Quiniche y César Trinidad, afirmaron ser los dueños. “En el municipio dijeron que nuestros títulos no existían. Era muy sospechoso. Pasaron los 15 días para la recuperación extrajudicial y desde ahí esto es un calvario”, narraron las denunciantes a El Comercio.
Hasta ahora han pasado diez meses de proceso penal y, en los terrenos, las casas de concreto han ido reemplazando a las de esteras. Llegan camiones-cisterna para el abastecimiento de agua e incluso hay una antena de telefonía celular. Los tres sectores que las hermanas reclaman son ahora la Asociación de Vivienda Virgen de la Asunción, donde ya hay unas 150 familias.
Este Diario recorrió la zona y constató que allí se ofertan lotes vacíos, de 90 m2, a S/9 mil; y otros, con casas construidas, a no menos de S/40 mil. Algunos residentes, desde el primer día, deben pagar por servicios de vigilancia que no ven y abonar dinero semanalmente para abogados que, les aseguran, están a cargo de tramitar los certificados de posesión.
Una vecina refirió que una directiva apoyada por sicarios recoge el dinero y organiza los llamados empadronamientos. Es decir, la reventa de los lotes de quienes se niegan a seguir con los pagos. En octubre, un hombre fue baleado allí, al parecer, por tratar de defender su predio.
El subgerente de Desarrollo Urbano de Santa María, Jesús Oyola, afirmó que los expedientes en torno a la propiedad que demandan las hermanas no están en los archivos de la comuna. Además, dijo que el municipio no ha emitido ningún acta de posesión para los invasores.
“Tampoco los multamos porque así los validaríamos como dueños”, indicó.
Fuente: Diario El Comercio
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