Presiones. José Pérez Gómez fue citado como invitado a la comisión Madre Mía del Congreso, a pesar de no haber tenido participación en este caso. Se trata del fiscal que ahora lleva tres expedientes vinculados con la lideresa de Fuerza Popular.
El legislador Héctor Becerril, uno de los principales escuderos de Keiko Fujimori, aprovechó ayer su condición de presidente de la comisión Madre Mía del Congreso para volver a intentar amedrentar al fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien actualmente tiene a su cargo tres expedientes de investigación por lavado de activos que podrían comprometer nada menos que a la excandidata presidencial de Fuerza Popular.
Pérez Gómez acudió a declarar ante la comisión, en calidad de invitado. Como es público, el objetivo de Becerril es intentar vincular al fiscal en supuestos actos de encubrimiento a Ollanta Humala por el caso Madre Mía, cuando se reveló la compra de un testigo.
Pérez, que en el 2011 era fiscal anticorrupción, explicó que cuando se hizo público la compra del testigo Jorge Ávila Rivera, él tomó conocimiento de que la Segunda Sala Penal Liquidadora había admitido el video, razón por la cual no podía interferir.
“No puedo interferir, no puedo entorpecer, no puedo, a través de cualquier acción, buscar generar algún tipo de incidencia que afecte el regular desarrollo de ese caso”, aclaró Pérez.
Becerril dijo discrepar “tajantemente” con tal postura. “Acá entendemos perfectamente las puyas que está lanzando”, deslizó en otro momento. “Yo esas puyas encubiertas de parte de usted las tomo como de quien viene”, agregó el fujimorista.
El fiscal se vio obligado a replicar: “Quiero manifestar mi rechazo, mi oposición, mi extrañeza, respecto a los términos que ha utilizado su presidencia de puyas encubiertas”.
A su salida, Pérez puso en duda la formación democrática de Becerril: “Cuando un juez se aboca al conocimiento de una causa, ni fiscal ni policía pueden interferir. (Becerril) entiende que sí. Entonces, una persona que expone que sí se puede interferir con la función de un juez me genera ciertas dudas respecto a su formación democrática”, apuntó.
Detrás de meollo
En cierto modo, lo ocurrido ayer fue un segundo round. Y es que ya anteriormente, en el allanamiento de los locales del partido Fuerza Popular, Becerril intentó amedrentar al fiscal, grabando con su celular la diligencia, algo que no es permitido a un ciudadano.
Este acto de entorpecimiento fue denunciado ante la comisión de Ética del Congreso, pero este grupo decidió mandar al archivo el caso. Se salvaron Luz Salgado, Rosa Bartra y Becerril.
El fiscal Pérez Gómez se encuentra bajo la lupa del fujimorismo porque tiene a su cargo tres investigaciones que atañen a Keiko Fujimori, por la comisión del presunto delito de lavado de activos.
Una de las investigaciones fue iniciada a partir de la revelación de la ahora famosa anotación de la frase “aumentar Keiko para 500”, en la agenda del celular del empresario brasileño Marcelo Odebrecht.
Fue en el marco de esta investigación que Jorge Barata reveló haber entregado 500 mil dólares a Jaime Yoshiyama y luego le aumentó otros 500 mil dólares en el 2011, para la campaña de Keiko Fujimori.
El segundo caso en manos de Pérez Gómez es la investigación al partido y a Jaime Yoshiyama por las sospechas surgidas sobre los aportes de campaña de Fuerza Popular. El caso anteriormente estaba a cargo de la fiscal María Peralta.
La tercera investigación tiene que ver con los famosos ‘fujicocteles’ que habrían servido como maquillaje para justificar los millonarios gastos de la campaña naranja del 2011.
Los tres casos son investigados en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado, la misma que permite realizar diligencias de manera más rápida y efectiva; algo que también ha incomodado en la tienda política del fujimorismo.
El encono de Becerril hacia Pérez Gómez ha quedado en evidencia en Twitter. Para botón una muestra: “Fiscal ‘figureti’ José Perez dice q (SIC) recursos de Keiko retrasan investigación y luego afirma q (SIC) estos recursos son amparados por la ley, se vuelve loco si no sale un día en los medios”, escribió, por ejemplo, en enero de este año.
Comisión de impunidad
El grupo que preside Becerril tiene como propósito conocer los pormenores del caso Madre Mía, con el fin de establecer si hubo mecanismos para favorecer la impunidad.
Sin embargo, esta misma comisión tiene como integrantes a dos congresistas que arrastran procesos por violación a los derechos humanos y por corrupción.
Uno de ellos es el fujimorista Marco Miyashiro, quien es investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco por un caso de secuestro, tortura y asesinato cometido contra el exalcalde de Huácar Hugo Atapoma Reynoso y otras cinco personas entre noviembre de 1984 y marzo de 1985.
De hecho, la viuda del exalcalde Atapoma ha sostenido que reconoce a Marco Miyashiro como uno de los autores del secuestro.
Otro miembro de este grupo es el parlamentario Edwin Donayre, quien es investigado por un caso de megacorrupción, por el robo de combustible. Hay 41 procesados en este caso y el perjuicio para el Estado supera los 2.5 millones de soles.
De hecho, el pasado 29 de mayo el Poder Judicial informó sobre la continuación del juicio a cargo de la Segunda Sala Penal Liquidadora, sin la participación del acusado congresista Edwin Donayre.
Comisión con plazo ampliado
- La comisión Madre Mía del Congreso se creó en mayo del 2017. Tras la designación de los integrantes, Úrsula Letona asumió la presidencia. Sin embargo, en noviembre, la fujimorista decidió renunciar bajo el argumento de que buscaba dedicarse con mayor tiempo a la conducción de la comisión de Constitución. Al salir, le cedió la posta a Héctor Becerril.
- Este grupo tenía como plazo para la entrega de su informe final el mes de marzo. Sin embargo, sobre la marcha Becerril solicitó una ampliación del plazo, lo cual fue ampliado por 120 días adicionales.
- La comisión en la actualidad cuenta con una planilla de nueve asesores, generando un gasto promedio mensual de 62 mil nuevos soles.
Pérez Gómez acudió a declarar ante la comisión, en calidad de invitado. Como es público, el objetivo de Becerril es intentar vincular al fiscal en supuestos actos de encubrimiento a Ollanta Humala por el caso Madre Mía, cuando se reveló la compra de un testigo.
Pérez, que en el 2011 era fiscal anticorrupción, explicó que cuando se hizo público la compra del testigo Jorge Ávila Rivera, él tomó conocimiento de que la Segunda Sala Penal Liquidadora había admitido el video, razón por la cual no podía interferir.
“No puedo interferir, no puedo entorpecer, no puedo, a través de cualquier acción, buscar generar algún tipo de incidencia que afecte el regular desarrollo de ese caso”, aclaró Pérez.
Becerril dijo discrepar “tajantemente” con tal postura. “Acá entendemos perfectamente las puyas que está lanzando”, deslizó en otro momento. “Yo esas puyas encubiertas de parte de usted las tomo como de quien viene”, agregó el fujimorista.
El fiscal se vio obligado a replicar: “Quiero manifestar mi rechazo, mi oposición, mi extrañeza, respecto a los términos que ha utilizado su presidencia de puyas encubiertas”.
A su salida, Pérez puso en duda la formación democrática de Becerril: “Cuando un juez se aboca al conocimiento de una causa, ni fiscal ni policía pueden interferir. (Becerril) entiende que sí. Entonces, una persona que expone que sí se puede interferir con la función de un juez me genera ciertas dudas respecto a su formación democrática”, apuntó.
Detrás de meollo
En cierto modo, lo ocurrido ayer fue un segundo round. Y es que ya anteriormente, en el allanamiento de los locales del partido Fuerza Popular, Becerril intentó amedrentar al fiscal, grabando con su celular la diligencia, algo que no es permitido a un ciudadano.
Este acto de entorpecimiento fue denunciado ante la comisión de Ética del Congreso, pero este grupo decidió mandar al archivo el caso. Se salvaron Luz Salgado, Rosa Bartra y Becerril.
El fiscal Pérez Gómez se encuentra bajo la lupa del fujimorismo porque tiene a su cargo tres investigaciones que atañen a Keiko Fujimori, por la comisión del presunto delito de lavado de activos.
Una de las investigaciones fue iniciada a partir de la revelación de la ahora famosa anotación de la frase “aumentar Keiko para 500”, en la agenda del celular del empresario brasileño Marcelo Odebrecht.
Fue en el marco de esta investigación que Jorge Barata reveló haber entregado 500 mil dólares a Jaime Yoshiyama y luego le aumentó otros 500 mil dólares en el 2011, para la campaña de Keiko Fujimori.
El segundo caso en manos de Pérez Gómez es la investigación al partido y a Jaime Yoshiyama por las sospechas surgidas sobre los aportes de campaña de Fuerza Popular. El caso anteriormente estaba a cargo de la fiscal María Peralta.
La tercera investigación tiene que ver con los famosos ‘fujicocteles’ que habrían servido como maquillaje para justificar los millonarios gastos de la campaña naranja del 2011.
Los tres casos son investigados en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado, la misma que permite realizar diligencias de manera más rápida y efectiva; algo que también ha incomodado en la tienda política del fujimorismo.
El encono de Becerril hacia Pérez Gómez ha quedado en evidencia en Twitter. Para botón una muestra: “Fiscal ‘figureti’ José Perez dice q (SIC) recursos de Keiko retrasan investigación y luego afirma q (SIC) estos recursos son amparados por la ley, se vuelve loco si no sale un día en los medios”, escribió, por ejemplo, en enero de este año.
Comisión de impunidad
El grupo que preside Becerril tiene como propósito conocer los pormenores del caso Madre Mía, con el fin de establecer si hubo mecanismos para favorecer la impunidad.
Sin embargo, esta misma comisión tiene como integrantes a dos congresistas que arrastran procesos por violación a los derechos humanos y por corrupción.
Uno de ellos es el fujimorista Marco Miyashiro, quien es investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco por un caso de secuestro, tortura y asesinato cometido contra el exalcalde de Huácar Hugo Atapoma Reynoso y otras cinco personas entre noviembre de 1984 y marzo de 1985.
De hecho, la viuda del exalcalde Atapoma ha sostenido que reconoce a Marco Miyashiro como uno de los autores del secuestro.
Otro miembro de este grupo es el parlamentario Edwin Donayre, quien es investigado por un caso de megacorrupción, por el robo de combustible. Hay 41 procesados en este caso y el perjuicio para el Estado supera los 2.5 millones de soles.
De hecho, el pasado 29 de mayo el Poder Judicial informó sobre la continuación del juicio a cargo de la Segunda Sala Penal Liquidadora, sin la participación del acusado congresista Edwin Donayre.
Comisión con plazo ampliado
- La comisión Madre Mía del Congreso se creó en mayo del 2017. Tras la designación de los integrantes, Úrsula Letona asumió la presidencia. Sin embargo, en noviembre, la fujimorista decidió renunciar bajo el argumento de que buscaba dedicarse con mayor tiempo a la conducción de la comisión de Constitución. Al salir, le cedió la posta a Héctor Becerril.
- Este grupo tenía como plazo para la entrega de su informe final el mes de marzo. Sin embargo, sobre la marcha Becerril solicitó una ampliación del plazo, lo cual fue ampliado por 120 días adicionales.
- La comisión en la actualidad cuenta con una planilla de nueve asesores, generando un gasto promedio mensual de 62 mil nuevos soles.
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