El proceso de putrefacción de los gobiernos regionales,
alcaldías provinciales y concejos distritales continúa su marcha.
La corrupción manda. Uno de cada dos alcaldes provinciales es investigado o tiene un juicio en marcha por corrupción. En el caso de los alcaldes distritales, es uno de cada cuatro. Así lo revela un informe de la Procuraduría Anticorrupción del año pasado, La actualización de febrero de este año es igual de desalentadora: 2,289 autoridades regionales y locales investigadas por corrupción en todo el país.
En la lista de los investigados hay 99 funcionarios que ejercen o ejercieron como gobernadores regionales, 428 alcaldes provinciales, 1,74 alcaldes distritales y 20 autoridades de centros poblados. Sólo en los últimos años se abrieron investigaciones a 530 alcaldes en funciones. Entre el 2017 y el 2018 la Policía Anticorrupción y la División de investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) han capturado a una docena de ellos en medio de espectaculares redadas.
“Las estadísticas nos dicen que la corrupción se ha descentralizado. Hoy se ha convertido en una práctica pública. Lo preocupante es que las cifras que tenemos se han hecho en función de las máximas autoridades regionales y locales, no de cualquier mando medio”, señala a esta publicación el procurador Armando Enco, responsable de este informe.
“La procuraduría ha identificado un total de 4,103 casos que comprometen delitos como peculado, colusión, negociación incompatible, entre otros”, señala un documento emitido por su oficina el pasado 29 de mayo. El informe hace un ranking perverso de las regiones con más funcionarios corruptos.
El primer lugar está reservado para Cusco, con 270 funcionarios investigados. Le sigue Ancash, con 233. Lima va en un ajustado tercer lugar con 197 investigados seguida muy de cerca por Junín, con 195.
En cuanto a los funcionarios con más procesos abiertos, el exgobernador regional de Pasco Klever Mélendez Gamarra bate el record. Tiene 28 procesos abiertos y actualmente está prófugo de la justicia que ofrece una recompensa de S/. 25,000 a quien de información sobre su paradero. Le siguen los encarcelados Gerardo Viñas Dioses de Tumbes, y Jorge Velásquez Portocarrero, de Ucayali, cada uno con 25 denuncias en proceso.
“Se trata de la cultura de la corrupción. Parece que las autoridades electas tienen como único propósito el de enriquecerse. Se evidencia que muchos de ellos recurren a una serie de mecanismos que lindan con el delito desde el mismo momento que comienzan su carrera hacia el poder. Me refiero a la poca transparencia en el tema de gastos electorales y la presencia de actividades como el lavado de activos y el crimen organizado. Eso lo vimos en las intervenciones a los alcaldes de Chilca, Richard Ramos Avalos, y Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano Villanueva”, señala Enco.
La falta de fiscalización a los gobiernos descentralizados, se convierte en la principal arma de los delincuentes de guante blanco para cometer sus fechorías. Según el abogado del Estado, “el problema es que hasta ahora hemos tenido jefes de control institucional que han dependido de la misma entidad a la que debían fiscalizar, por lo que no había independencia”.
El problema se agrava en el Poder Judicial, donde no se dan abasto para atender los casos de corrupción. De los 99 procesos contra gobernadores y ex gobernadores que existen, hay solo seis sentenciados. La última condena fue dictada apenas semanas atrás contra el ex presidente regional de Lima Provincias Javier Alvarado Gonzales del Valle, quien deberá purgar seis años de prisión por peculado doloso.
En el caso de los procesos seguidos contra alcaldes provinciales y distritales la cosa esta todavía peor. La Procuraduría calcula que solo un 5% de ellos “se encuentra en etapa de juicio oral, de sentencia o recurso de nulidad”.
Y no solo se necesitan más jueces para atender la demanda. También la Procuraduría necesita más presupuesto. Con un presupuesto de 11 millones de soles (en el 2016 era de 15), el procurador Enco señala que resulta muy difícil trabajar y, por ahora, el ministerio de Justicia no ha respondido a la solicitud de aumento. “Hasta el momento no me han ofrecido soluciones concretas. Para enfrentar esta corrupción generalizada necesitamos contar con al menos 33 procuradores descentralizados pero en este momento solo tenemos siete. Este año solicité una ampliación adicional de presupuesto por 6 millones de soles pero el MEF la rechazó. El ministerio de Justicia nos ha asignado recursos extraordinarios pero estos solo alcanzan para pagr a los abogados hasta setiembre y varios de ellos se ocupan de ver entre 200 a 250 casos, lo cual es inmanejable y nos resta eficacia”, dice Enco.
La única esperanza del procurador por el momento es que el presidente Martín Vizcarra cumpla su promesa de apoyar el trabajo de la Procuraduría. El ofrecimiento fue hecho durante una reunión que ambos funcionarios sostuvieron hace apenas dos semanas.
*Tomado del semanario Hildebrandt en sus 13 -edición N°399
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