En el Congreso los cómplices de las universidades basura proliferan y urden planes para facilitar el licenciamiento.
Otra vez el fantasma del Congreso sobrevuela la Superintendencia Nacional de Educación. Otra vez la amenaza de una contrarreforma acecha la Reforma Universitaria. Un grupo de trabajo dependiente de la Comisión de Educación del Congreso cocina arduamente un proyecto de ley que pondría coto a la independencia de la SUNEDU y daría cabida a los rectores de las universidades privadas en la toma de decisiones.
El rostro visible de este grupo de trabajo es el congresista de Fuerza Popular Carlos Domínguez, quien ya ha hecho desfilar por la subcomisión. “De educación Superior” a lo más selecto de la universidad privada.
El pasado miércoles 19 de mayo, por ejemplo, el Congresista Domínguez recibió a 12 rectores integrantes de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP). Esta agrupación la componen 42 universidades privadas, entre las cuales destacan centros de enseñanza que tienen serios inconvenientes para aprobar el licenciamiento como son la César Vallejo, Alas Peruanas o Las Américas.
En la sesión, donde también participó Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación, el grupo de rectores de las instituciones privadas, entregó una propuesta para hacer cambios a la Ley N° 30220, conocida como Nueva Ley Universitaria. El documento, al cual accedió esta publicación, consta de 21 páginas y estipula modificar 19 importantes artículos de la Reforma Universitaria.
El cambio más llamativo que propone la ASUP es la creación de una institución paralela a la SUNEDU y para la que ya tienen inclusive un nombre: el Consejo Nacional de Universidades, que tendría a su cargo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación universitaria (CONEAU). Es decir, una especie de Asamblea Nacional de Rectores versión 2018.
En la propuesta de la ASUP también se contempla quitarle atribuciones a la SUNEDU, entre ellas, retirarle la potestad de fiscalizar la calidad de enseñanza y revisar los estados financieros de los centros superiores. El objetivo es que la institución se quede únicamente como un ente que se encargue de las autorizaciones a nuevas universidades. A la SUNEDU la quieren patear hacia el futuro.
El último miércoles el grupo de trabajo del congresista Domínguez volvió a realizar otra ronda de consultas. En esta ocasión los invitados fueron representantes de las universidades Arzobispo Loayza, Norbert Wiener, Telesup y San Juan Bautista, todas ellas con serios problemas para licenciarse en la SUNEDU. El Eje de la agenda fue, otra vez, como quitarle atribuciones a la institución que las supervisa.
El grupo de Domínguez también está revisando propuestas de ley que planean cambios a la Ley Universitaria y que llegaron por cuenta de algunos colegas parlamentarios. Una de ellas es la del aprista Javier Velásquez Quesquén, quien pide cambiar la composición de la SUNEDU.
Velásquez propone que el Consejo Directivo de la SUNEDU ya no sea elegido por concurso público sino que lo compongan representantes de universidades públicas y privadas. Es decir, volver a la endogamia que permitió la creación y multiplicación de las universidades de medio pelo. El aprista también quiere que el Superintendente no sea nombrado por el Ministerio de Educación sino por los rectores de turno.
Otras iniciativas son las de los parlamentarios Edmundo del Águila (Acción Popular) y Horacio Zeballos (Frente Amplio). Ambos congresistas aspiran a que los rectores tengan presencia en el Consejo Directivo de la SUNEDU.
Todas estas movidas en Congreso se han comenzado a dar luego de que la SUNEDU presentara el informe de “Beneficios Otorgados a Universidades Privadas”. El estudio corresponde al periodo 2015 y la demora se debe, según voceros de la institución, a que las universidades y la SUNAT recién entregaron la información financiera.
El dato más relevante del informe es que en el 2015 la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, es la institución que, en papeles, mas reinversión hizo y, por lo tanto, pidió más exoneración en el pago de impuestos. La Vallejo dio cuenta de una reinversión de S/. 194 millones, 89 de ellos en becas a estudiantes.
En el informe de la SUNEDU se acota: “Al igual que en el 2014, el caso de excepción respecto al otorgamiento de becas a estudiantes lo constituye la universidad César Vallejo, que individualmente representa del 56% del total declarado en el rubro. Cabe señalar al respecto que los procesos de supervisión permitirán verificar que los valores reportados corresponden a becas y no a otros descuentos por pronto pago”.
En la escala de reportes de reinversión, a la César Vallejo le siguió la Universidad de Lima con S/. 150 millones, que el 2015 construyó 3 edificios con aulas. La UPC reportó S/. 97 millones y la PUCP S/. 47 millones. Estas dos universidades dieron cuenta que la reinversión la hicieron en infraestructura y equipamientos, respectivamente. Fiscalizar las cuentas es determinante para comprobar que, efectivamente, las casas de estudio reinvierten el dinero de las exoneraciones tributarias.
Y, otra vez, los conflictos de interés entran a tallar en las comisiones del Congreso. Úrsula Letona y Miguel Ángel Torres, dos de los rostros más emblemáticos de Fuerza Popular, han sido fichados como profesores de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ambos parlamentarios tienen la condición de “docentes extraordinarios” en la universidad del magnate acciopopulista Raúl Diez Canseco.
Eloy Marchán, Semanario Hildebrandt en sus 13 edición 399
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