MINISTERIO PÚBLICO LE QUITA SU CASA A OLLANTA HUMALA Y A 5 DE SUS FAMILIARES


Un equipo del Ministerio Público, dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, incautó cinco casas del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia. La orden fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

En una de esas viviendas vive Rocío Calderón Vinatea, amiga de la ex primera dama.
Los inmuebles se entregarán al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que depende del Ministerio de Justicia.

La orden de incautación llega luego de que Humala y su esposa fueran excarcelados el pasado lunes, tras cumplir nueve meses de prisión preventiva, mientras son investigados por aportes irregulares en sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Humala calificó de "acción vengativa" incautación ordenada por juez Carhuancho

Minutos después de la 1 de la tarde, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia ofrecieron junto a sus abogados una improvisada conferencia de prensa en el frontis de su domicilio, en Surco. Esto luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara una medida de incautación de domicilio que los obliga a dejar su posesión junto a sus hijos.

Humala aseguró que ese predio es el único que tiene la familia y pidió al presidente del Poder Judicial que revierta la medida tomada. "Soy el único expresidente en 30 años que no se ha ido del país. A los que se van los premian y a los que nos quedamos, nos castigan", aseguró.

"No tenemos otra vivienda, nosotros estamos cumpliendo la ley. La medida la estamos acatando pero no tenemos otra vivienda. Mis hijos han tenido que salir, invocamos a las autoridades a que revisen y reviertan esta medida", mencionó el exmandatario.

Se ofreció a permanecer en su vivienda y pagar un alquiler 

Además, dijo que si es necesario, la familia Humala-Heredia está dispuesta a pagar un alquiler para permanecer en este predio. El mandatario comentó que no tiene otro lugar donde vivir pero que de todos modos continuará colaborando con la justicia.

Según lo dicho por Humala, su familia no saldría de su vivienda. El llamado para revertir la medida ha sido dirigido al presidente Martín Vizcarra, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

A las 10 de la noche de este lunes se vence el plazo para que ambos puedan abandonar el predio de Surco. Con ellos también sus hijos, quienes viven en esa propiedad. Humala explicó que no tendrían donde ir porque también han incautado la vivienda de su suegra, Antonia Alarcón y otras propiedades.

"Mi familia y yo estamos viviendo un abuso más en todo este proceso que llevamos en el país. No nos hemos ido como otros se han escapado, nos hemos quedado y acatado cada disposición que se ha dado", comentó el presidente.

La controversia con el juez que decidió la diligencia

La decisión de la incautación fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho. Esta es la primera diligencia que afronta la ex pareja presidencial tras salir de prisión gracias a una disposición del Tribunal Constitucional.

"Lo que estamos viviendo es una medida dictada por un juez al que hemos recusado en base a la sentencia del TC. Este juez (Concepción) ya tuvo conocimiento de la recusación y la ha rechazado. Este mismo juez tomó esta acción vengativa porque él estaba recusado y debió haberse inhibido a tomar una decisión de esta naturaleza", comentó Ollanta Humala a los medios.

Otro detalle importante tiene que ver con una medida de embargo que se hizo efectiva en los Registros Públicos hace un mes. Desde entonces, cualquier operación de compra, venta o alquiler que pudieran realizar los Humala-Heredia estaba sin efecto.

"Pudimos haber puesto medidas garantistas sobre este inmueble, pero en aras de la transparencia no lo hicimos. ¿Por qué no hicieron este allanamiento cuando estábamos presos? El día que salimos de prisión preventiva nos presentamos a Fiscalía y reiteramos nuestra voluntad de seguir colaborando", mencionó.

Defensa acudirá a instancias internacionales

La incertidumbre continúa en la casa de Surco mientras toda la mañana, un grupo de fiscales junto a Policía montaron un gran despliegue para llevar a cabo la diligencia que aún no tiene un descenlace previsto.

Lo único seguro, según informó el abogado Wilfredo Pedraza, es que la familia acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que atienda un caso que consideran arbitrario e inconstitucional.

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