Escribe: Federico Prieto Celi.-
Cuando todavía no se termina de subrayar el deseo de la mayoría del pueblo [59% Ipsos y 57.8% CPI], en favor del indulto al ex presidente Alberto Fujimori, las relaciones judiciales peruano-chilenas y el reclamo del congresista Kenji Fujimori de que se publique el Informe Kroll amplían la presencia del ex presidente en el horizonte político nacional.
Como sabemos todos los peruanos, los juicios contra Alberto Fujimori adolecieron de irregularidades legales: el 51.1% piensa que los magistrados que condenaron a Fujimori actuaron bajo presión de intereses políticos contrarios al fujimorismo, según CPI a finales de mayo. La extradición de Chile al Perú se dio en el contexto de un cambio de política chilena sobre la extradición, a causa del antecedente de Augusto Pinochet. Y el reciente pronunciamiento de la justicia chilena a pedido de la peruana tiene un pro y un contra, lo que pone a los enemigos del ex presidente en una situación incómoda.
Volvamos al Informe Kroll. El diez de julio de 2002 se firmó un contrato entre el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia peruana, con la firma de Fernando Olivera como ministro de Justicia, y la empresa Kroll Inc., por 350 mil dólares, para realizar en el plazo de seis meses una investigación sobre los bienes de Alberto Fujimori en el extranjero. Lo originó una dudosa declaración de Alberto Venero, principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ante la comisión Waisman, de que el ex presidente supuestamente habría robado millones de dólares, pero sin aportar prueba alguna.
Este Informe sufrió prórrogas de tiempo, addenda tras addenda, filtraciones parciales, pérdidas de partes del Informe, ¿pagos adicionales?, entre otras irregularidades, sin tener en cuenta ni la ley de transparencia del Estado ni la obligación de los gobernantes de desclasificar los documentos secretos, además de las dudas obvias sobre si tal documento tenía el valor de seguridad del Estado, por lo que debió darse a conocer a todos los peruanos desde el primer momento.
Como sabemos todos los peruanos, los juicios contra Alberto Fujimori adolecieron de irregularidades legales: el 51.1% piensa que los magistrados que condenaron a Fujimori actuaron bajo presión de intereses políticos contrarios al fujimorismo, según CPI a finales de mayo. La extradición de Chile al Perú se dio en el contexto de un cambio de política chilena sobre la extradición, a causa del antecedente de Augusto Pinochet. Y el reciente pronunciamiento de la justicia chilena a pedido de la peruana tiene un pro y un contra, lo que pone a los enemigos del ex presidente en una situación incómoda.
Volvamos al Informe Kroll. El diez de julio de 2002 se firmó un contrato entre el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia peruana, con la firma de Fernando Olivera como ministro de Justicia, y la empresa Kroll Inc., por 350 mil dólares, para realizar en el plazo de seis meses una investigación sobre los bienes de Alberto Fujimori en el extranjero. Lo originó una dudosa declaración de Alberto Venero, principal testaferro de Vladimiro Montesinos, ante la comisión Waisman, de que el ex presidente supuestamente habría robado millones de dólares, pero sin aportar prueba alguna.
Este Informe sufrió prórrogas de tiempo, addenda tras addenda, filtraciones parciales, pérdidas de partes del Informe, ¿pagos adicionales?, entre otras irregularidades, sin tener en cuenta ni la ley de transparencia del Estado ni la obligación de los gobernantes de desclasificar los documentos secretos, además de las dudas obvias sobre si tal documento tenía el valor de seguridad del Estado, por lo que debió darse a conocer a todos los peruanos desde el primer momento.
La principal conclusión de todos estos hechos es que la empresa Kroll Inc. no encontró pruebas formales de esos millones de dólares robados de los que habló Alberto Venero, al margen de hipotéticos indicios mencionados en el Informe de la empresa al Estado. Los gobiernos que hemos sufrido en el siglo XXI fueron filtrando párrafos del Informe, manteniendo confidencialidad del documento y entregándolo a cuentagotas a tal o cual autoridad pública, silenciando la existencia del Informe y su presunta desaparición parcial para que pase al olvido de la consciencia colectiva y, en definitiva, desinformando al público sobre el real contenido y significado político de ese documento.
Se filtraron algunos datos, como que Alberto Fujimori recibía dinero de una cuenta del banco suizo URS, del grupo japonés Yakuza, del banquero suizo-panameño Antonio Gnaegi, del empresario peruano Lorenzo Souza, del ex rector de la Universidad Agraria, Luis Maezono, y de la familia del ex presidente. Si esas entregas de dinero fueron ciertas y/o ilegales, el Informe Kroll ya se hubiera publicado con tapas gruesas y papel couché, en tiraje millonario, para denigrar a Alberto Fujimori.
Se ha mencionado en comentarios anteriores a este la responsabilidad de los ministros de Justicia Fernando Olivera, que firmó el contrato con la empresa Kroll y lo recibió cuando estuvo hecho; Alejandro Tudela, que declaró la desaparición parcial del Informe Kroll; Baldo Kresalja, por acoger el pedido de la fiscal Nelly Calderón de que se le entregue el Informe; y Carlos Gamarra, por resolver el contrato porque la empresa no pudo sustentar formalismos, y no dio a conocer entonces todo lo que tenía al respecto.
Si el hijo del ex presidente pide transparencia y la publicación completa de los documentos de la empresa Kroll, la primera deducción es que el Informe Kroll beneficia al ex presidente. El presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministra de Justicia y Derechos Humanos -uno de los cuales es promover la transparencia de las acciones de todo gobierno democrático- Marisol Pérez Tello, tienen la palabra.
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