“Teniendo presente: 1º. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han intervenido en ellos; 2º.- Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y Decreto:
Artículo 1º.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.
De esta manera, Bolívar, como máximo líder de la campaña independentista del sur y autoridad suprema de la República de Colombia, tomó medidas para acabar con los actos de corrupción que empezaban a aparecer dentro de los nuevos gobiernos republicanos y que consideró uno de los peores males para la causa de la libertad.
En los siguientes dos artículos, advirtió a los jueces que no cumplieran con la ley que sufrirían la misma condena, y dio la facultad de poder denunciar los casos de corrupción a cualquier ciudadano:
“Artículo 2º.- Los Jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3º.- Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1º”.
En el 4º y artículo final se ordena fijar el texto del decreto en todas las oficinas de los puestos republicanos, con el fin de que se cumpla esa ley inmediatamente.
La pena de muerte para los actos de corrupción se mantuvo durante 39 años. Su abolición legal sucedió en 1863, bajo la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón, con el decreto de Garantías, que será recogido en la nueva Constitución de 1864. Desde esta fecha, la prohibición de la pena de muerte ha estado inscrita en todas las constituciones de la República, siendo Venezuela el primer Estado abolicionista de la pena capital en el mundo.
La historia criolla nos cuenta que los saqueadores metían sus sucias manos en el erario desde los tiempos del general Simón Bolívar. Y les ha ido tan bien que no han parado un solo día en la ignominiosa práctica de apoderarse de los bienes del Estado.