CORONEL PROCESADO POR 'MATANZA DE CASTRO CASTRO' REAFIRMA SU INOCENCIA


El Coronel (r) de la Policía Nacional, Jesús Pajuelo García de 77 años, es uno de los procesados por la muerte de más de 40 terroristas de Sendero Luminoso, en el motín del penal Castro Castro de 1992. Él, afirma que la acusación fiscal en su contra no tiene sustento y también denuncia que ha sido abandonado por su institución, respecto a su defensa.

En la Central de Informaciones de RPP Noticias, dijo que la fiscalía le imputa el delito de homicidio calificado en la condición de autor mediato, pese a que no formó parte del operativo. "No tuve mando, ni comando", asegura.

Su participación. Indicó que fue enviado al penal Castro Castro por orden superior y que permaneció 48 horas en la explanada de la prevención del penal, sin recibir órdenes. "La acusación fiscal dice que estaba al mando de 300 hombres, lo cual es falso, porque para ese evento no hubo plan de operaciones, ni asignación de personal a zonas y sectores".

Pajuelo García, afirma que solo actúo por iniciativa propia para ordenar que abrieran las puertas de metal de un pasaje, por donde luego salieron los senderistas rendidos. "Eran 570 subversivos, hice abrir la puerta para ubicarlos en la tierra de nadie, entre dos alambradas para que el comando disponga lo correspondiente".

El coronel en retiro indicó que son unos 20 procesados por este caso, entre oficiales y autoridades de gobierno, la mayoría de ellos de avanzada edad.

Largo proceso. El coronel en retiro indicó que son unos 20 procesados por este caso, entre oficiales y autoridades de gobierno, la mayoría de ellos de avanzada edad. Varios tienen problemas de salud y otros ya fallecieron. El proceso, que ya dura más de 20 años, actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.

En 2005, Pajuelo García solicitó, al entonces director de la Policía Nacional, Marco Miyashiro, el nombramiento de un equipo de defensores para los oficiales acusados, en virtud de que actuaron por órdenes de esa institución. El pedido fue denegado con el argumento de que el "Estado no puede luchar (legalmente) con el Estado".

El oficial hizo un llamado al Gobierno para que asuma la defensa de los procesados, pues durante todo este tiempo han corrido con los gastos de sus abogados.