El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, precisó que aún no se ha pedido a los Estados Unidos la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique, debido a que primero sus autoridades deben responder a la solicitud de ubicación y captura.
“Lo que está en marcha en este momento no es el pedido de extradición sino un pedido de detención para recién comenzar con el trámite de extradición”, declaró Rodríguez a los periodistas.
Como se sabe, Toledo tiene una orden de detención desde febrero pasado, a raíz de las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien asegura que le entregó 20 millones de dólares como soborno para adjudicarse la construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica Sur en 2005.
El dinero fue transferido a cuentas en el exterior del empresario Josef Maiman, amigo de Toledo, quien formó una empresa en Costa Rica con la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, para adquirir bienes en Perú y pagar las hipotecas de dos casas del exlíder del partido Perú Posible.
“Mientras no lo ubiquen y no lo detengan, el proceso [de extradición] no se va a activar”, agregó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
EL CASO HUMALA
En otro momento de sus declaraciones a la prensa, Rodríguez Tineo declaró que “la ley dice que toda sentencia condenatoria, incluso una prisión preventiva, no puede ser solicitada con el solo hecho de la declaración de un colaborador eficaz”, figura a la cual se ha sometido Jorge Barata.
La declaración “tiene que estar corroborada con otra prueba independiente y autónoma”, precisó el magistrado.
El titular del Poder Judicial aclaró asimismo que el también expresidente Ollanta Humala no puede ser procesado por el delito de corrupción de funcionarios porque en el momento en que se hizo presuntamente el aporte de Odebrecht era candidato a la presidencia.
“Y si estaba de candidato él todavía no es funcionario público y, por tanto, técnicamente no es un delito de corrupción de funcionarios. Podría ser otro delito que no puedo decirlo porque después van a decir: ‘Ah, está buscando la calificación más benigna’. No, eso ya le corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía en su momento”, manifestó.
Humala, investigado junto a su esposa Nadine Heredia por lavado de activos, tiene impedimento de salida del país y comparecencia restringida, dictada por una sala anticorrupción en Lima.
“Vuelvo a decir, lo digo como persona que sabe algo de derecho procesal penal porque ya tengo 21 años en el Poder Judicial: la colaboración eficaz es una declaración. Se da una declaración donde el investigado reconoce su culpa pero de paso delata a otros. Eso en doctrina penal se llama la prueba sospechosa. ¿Por qué sospechosa? Porque es una prueba interesada, no es como un testigo imparcial que declara lo que él sabe. Un colaborador eficaz actúa como testigo pero tratando de ganar algo, un premio, que le bajen la pena, que le perdonen la pena, que no le embarguen sus bienes”, agregó.
Odebrecht admitió ante las autoridades judiciales de Estados Unidos que entregó sobornos por 29 millones de dólares en el Perú entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
LO VE LA FISCALÍA
En otro momento de las declaraciones que ofreció a la prensa, Duberlí Rodríguez descartó que se haya quitado a los jueces de la Sala Penal Nacional el caso de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht, porque este actualmente lo investiga la Fiscalía de la Nación.
“Ninguno de los jueces de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional [Richard Concepción Carhuancho, Zaida Pérez Escalante, Ricardo Manrique Laura y Ángel Mendívil Mamani] tiene el caso Odebrecht”, subrayó.
Explicó que dicha investigación actualmente está en el Ministerio Público, porque es quien investiga ahora. “Los jueces de investigación preparatoria solo son llamados cuando hay un requerimiento de prisión preventiva o un embargo. Ellos no tienen a cargo ningún caso, ningún expediente, lo único que les llega es un pedido y lo resuelven en el mismo día”, acotó.
La autoridad judicial recordó que el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue creado mediante el Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 de diciembre del año pasado.
Refirió que este sistema asumió sus funciones el 31 de marzo pasado, y que por mandato del referido decreto legislativo le compete intervenir en estos procesos penales por corrupción.
DESCUIDO DE SHAVIT
Además el letrado consideró que el Ministerio Público no protege adecuadamente al ciudadano israelí Gil Shavit, quien delató al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, preso preventivamente por recibir coimas de la empresa brasilera Odebrecht.
“No se están tomando las medidas de seguridad para proteger a esta persona, porque todo colaborador eficaz, todo testigo que tiene que declarar en casos claves, tiene que ser protegido por la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos que tiene la Fiscalía”, declaró.
En ese sentido manifestó que las medidas que podría tomar esta oficina son cambiar de identidad al colaborador, cambiarlo de domicilio o incluso llevarlo a residir en el extranjero.
“Todas esas medidas están previstas en el Código Procesal Penal, pero esa implementación le corresponde, en primer lugar, a la Fiscalía”, opinó.
De otro lado Rodríguez reveló que en el país existen 4 mil presos por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar, en relación con aquellos padres de familia que incumplen sus obligaciones de pasar una pensión por alimentos, establecida judicialmente, a sus hijos.
Añadió que este delito es el que mayor carga procesal genera al Poder Judicial. Indicó que por la aplicación de la figura legal de la reincidencia y la habitualidad, cuando el procesado afronta un segundo proceso penal por omisión a la asistencia familiar, las penas son efectivas.
“En estos casos no se justifica que estén en la prisión, sino que debe aplicarse la vigilancia electrónica, esto es el grillete electrónico”, concluyó. (EFE/AGENCIAS)
Toledo: hoy resuelven prisión preventiva
El Poder Judicial resolverá hoy lunes 17 de abril el pedido de variación de comparecencia a prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de la Nación para el prófugo expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el exmiembro de seguridad Avi Dan On, involucrados en el caso Ecoteva.
Sobre el exdignatario pesa una orden de detención, luego de que se conociera que el exmandatario habría recibido US$ 20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht.
La fiscal Rosana Vidal, quien investiga la compra millonaria de propiedades (caso Ecoteva), sostuvo que sobre la base de los actos previos de lavado de activos se han podido determinar los hechos de corrupción que cometió el prófugo expresidente.
“Existen actividades criminales previas que están vinculadas a actos de corrupción que acontecieron durante la gestión de Toledo [2001 a 2006] vinculadas al lavado de activos”, refirió a un medio local.
LEVANTARÍAN SECRETO A LUIS CASTAÑEDA
Al referirse brevemente sobre el caso del alcalde de Lima, Luis Castañeda, Duberlí Rodríguez indicó que ya recibieron la primera solicitud para levantarle el secreto de las comunicaciones de la autoridad edil, por el caso Río Verde. “El doctor [Marco Antonio] Chullo ya ha declarado procedente esa solicitud”, manifestó.