El vocero del Frente Amplio, Marco Arana, discrepó con su colega de bancada Justiniano Apaza respecto a la labor de los comandos que encabezaron la operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997 para rescatar a 72 rehenes secuestrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador de Japón, en San Isidro, Lima.
Consultado en RPP por si votaría a favor de que los comandos sean declarados héroes de la democracia, como plantea la Comisión de Defensa en un dictamen que tendrá que ser refrendado por el pleno del Congreso, respondió:
“Sí y además con dos atingencias, aunque no les guste. Con estricto señalamiento de que [por] esa misión valerosa incluso debe ir cada vez más extendiéndose el reconocimiento de civiles, militares y policías que ofrendaron su vida, de familias que siguen reclamándole al Estado casi una limosna”.
Como se recuerda, Apaza consideró ayer que los comandos no eran héroes ni realizaron un acto “tan heroico”, que la acción militar fue desproporcional al ser más de 100 militares contra 14 emerretistas y que estos no eran terroristas.
Arana sostuvo que Apaza debería explicar más sus declaraciones y que “no tiene lugar” la calificación de si hubo un acto desproporcionado o no. “Creo que el valor, el servicio que prestaron comandos como Valer o Jiménez que murieron en el acto tienen que ser reconocidos y agradecidos por este país”, señaló.
Sin embargo, el vocero del Frente Amplio consideró que el dictamen de la Comisión de Defensa también debería haber exigido que se investiguen presuntas ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar. Efectivamente, el proyecto presentado por la legisladora aprista Luciana León no incluye ello.
“Los políticos tenemos que marcar la línea divisoria entre los que hicieron como los comandos Chavín de Huántar un acto valeroso por el país y al que éticamente se les puede reconocer como héroes, de aquellos que usando incluso el manto de una operación impecable militarmente fueron a hacer ejecuciones extrajudiciales al margen de la ley”, agregó Arana.
Cabe recordar que el 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo hallando al Estado peruano “responsable por la violación del derecho a la vida” del terrorista del MRTA Eduardo Cruz Sánchez ‘Tito’, quien fue uno los 14 emerretistas, exigiendo un proceso penal para determinar si hubo ejecución extrajudicial de parte de los comandos.
Por entonces, ya se había iniciado un proceso contra el coronel en retiro del Ejército Jesús Zamudio Aliaga, quien no fue parte de los comandos. Se habló así de la existencia de los llamados 'gallinazos' del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que llegaron tras la intervención militar. En enero del 2016, Zamudio fue absuelto po el Poder Judicial.
“Lo que estoy diciendo es que sobre ese capítulo de horror que vivimos en el país, todavía hay historias no contadas, verdades que no nos atrevemos a mirar cara a cara, páginas que nos resistimos a voltear. Pensamos en una reconciliación con borrón y cuenta nueva cuando la única reconciliación posible va a ser fruto de la justicia. Y habrá justicia cuando se reconozca a los comandos de Chavín de Huántar que actuaron en el marco de la ley para salvar vidas de civiles inermes, como debiera sancionarse a los gallinazos que después de ese operativo entraron a liquidar”, sentenció Arana.