Montoya la archivó
En un primer momento, la indagación estuvo a cargo del fiscal Andrés Montoya Mendoza, quien consideró que no existía suficiente evidencia para acusar a Kuczynski por los supuestos delitos de
negociación incompatible y colusión, como consecuencia de la suscripción y promulgación de la Ley Nº 28670, norma que permitió a Odebrecht ejecutar la Interoceánica.
Montoya también hizo notar que la mencionada ley fue debatida y aprobada por el Congreso de la República, por lo que no encontró sustento para denunciar a Kuczynski por negociación incompatible y colusión.
Sin embargo, el fiscal superior Martín Salas consideró que su colega Andrés Montoya no había cumplido con una serie de diligencias trascendentales, como citar a funcionarios clave que tuvieron conocimiento del caso.
Por ejemplo, no se convocó a René Cornejo, quien en 2006 se desempeñó como director de Proinversión, y en dicha posición recibió la advertencia de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades del contrato de Odebrecht con el Estado peruano.
Según lo estimado por el despacho del fiscal Salas, Cornejo debía explicar qué medidas se tomaron una vez que conocieron las irregularidades en el proceso del otorgamiento de la buena pro para Odebrecht en la construcción de Interoceánica.
Montoya también hizo notar que la mencionada ley fue debatida y aprobada por el Congreso de la República, por lo que no encontró sustento para denunciar a Kuczynski por negociación incompatible y colusión.
Sin embargo, el fiscal superior Martín Salas consideró que su colega Andrés Montoya no había cumplido con una serie de diligencias trascendentales, como citar a funcionarios clave que tuvieron conocimiento del caso.
Por ejemplo, no se convocó a René Cornejo, quien en 2006 se desempeñó como director de Proinversión, y en dicha posición recibió la advertencia de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades del contrato de Odebrecht con el Estado peruano.
Según lo estimado por el despacho del fiscal Salas, Cornejo debía explicar qué medidas se tomaron una vez que conocieron las irregularidades en el proceso del otorgamiento de la buena pro para Odebrecht en la construcción de Interoceánica.
Mala memoria
La situación fue advertida por la entonces vicecontralora Rosa Urbina Mansilla –el contralor era Genaro Matute–, quien remitió el 3 de agosto de 2005 un oficio al ex director ejecutivo de Proinversión René Cornejo indicándole en detalle que la constructora brasileña no podía licitar porque tenía pendientes juicios por deficiencias en obras públicas.
Es decir, la carta de la funcionaria de la Contraloría llegó a manos de Cornejo cinco meses antes de que se aprobara la ley que finalmente dio luz verde a Odebrecht para contratar con el Estado.
Consultado por La República, el ex director ejecutivo de Proinversión René Cornejo recordó el informe que le remitió la Contraloría de la República, pero no quiso detallar las acciones tomadas.
“Sí, llegó el documento y también se respondió. Este es un proceso reservado y desconozco legalmente cómo se esté llevando, por eso preferiría no declarar. Lo haré en el momento que corresponda”, señaló.
Y si bien se citó hasta en dos oportunidades a Alejandro Toledo para rendir su testimonio, este nunca se presentó al despacho fiscal. El Código Procesal Penal faculta a los fiscales a efectuar una tercera citación con mandato obligatorio, pero el fiscal Montoya prefirió no hacerlo y archivó el caso.
Este es el aspecto clave que, para la Fiscalía Superior Anticorrupción, no esclareció la investigación del fiscal provincial Andrés Montoya quien, sin embargo, dispuso el archivamiento: ¿por qué se aprobó una ley a sabiendas de que la Contraloría advirtió de la situación de Odebrecht?
Con nombre propio
El año 2005 las empresas Odebrecht (Brasil) y Graña y Montero (Perú) conformaron el Consorcio Chimú que obtuvo la buena pro para la Interoceánica Sur Perú-Brasil. Esto pese a que ambas constructoras estaban inhabilitadas para participar en licitaciones públicas debido a que mantenían procesos judiciales pendientes con el Estado.
Uno de esos procesos estaba vinculado con el Proyectvo Chavimochic: Odebrecht y Graña y Montero fueron sancionadas por fallas en la obra de rehabilitación de la referida construcción. Ante ello, el Estado peruano interpuso cinco demandas contra ambas constructoras por daños y perjuicios.
Por el caso Chavimochic y otros dos más, la procuraduría de la Contraloría demandó a Odebrecht en 2003, dos años antes de la adjudicación de la Interoceánica. En el texto se reclamaba el pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a 15 millones 741 mil 254 soles.
Odebrecht estaba impedida de licitar con el Estado, según lo estipulado en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú.
La Ley Nº 28670 fue posible gracias a una iniciativa presentada por el entonces congresista de Perú Posible y vicepresidente del Parlamento, Gilberto Díaz Peralta.
El documento declaraba como necesidad pública el proyecto de la Vía Interoceánica y fue aprobado en tan solo veinticuatro horas por la Comisión Permanente del Congreso. Finalmente, el entonces presidente Alejandro Toledo y su primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, ordenaron su publicación en el diario oficial El Peruano.
La República se comunicó con Karim Mori y Ángela Huatay, asesoras de prensa de Palacio de Gobierno. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna.
FUENTE: DIARIO LA REPÚBLICA.