Como bien se sabe, el actual Código Penal, Decreto Legislativo N.° 635 mantiene una vigencia de 25 años. Durante dicho periodo, el sistema de justicia penal nacional ha observado que no todas las conductas delictivas se encuentran reguladas apropiadamente en las disposiciones legales vigentes; en consecuencia, se ha visto necesario la incorporación de modificaciones a las normas penales con el fin de combatir las nuevas formas de criminalidad.
Es de enfatizar que, durante la vigencia del mencionado cuerpo normativo se ha desarrollado más de 500 reformas las cuales ocasionaron “problemas de sistematicidad y seguridad jurídica en materia penal”. En este sentido, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica advirtió que este problema ha generado la “desproporción de penas en algunos casos y, en otros, que existan conductas altamente lesivas o peligrosas con penas leves y penas severas para comportamientos menos dañinos”.
De acuerdo a la exposición de motivos de la presente propuesta legislativa, durante el Período Parlamentario 2011 – 2016 se han presentado 152 proyectos de ley relacionados a las reformas del Código Penal vigente así como a leyes penales especiales. Estas reformas fueron recopiladas en el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para posteriormente presentar 42 proyectos de ley vinculados a modificaciones al Código Penal o al proyecto de Nuevo Código Penal.
Entre las propuestas legislativas al Nuevo Código Penal se destacan:
1. Fuerza Popular: Propuesta de Héctor Becerril Rodríguez que dispone la modificación del artículo 367 del Código Penal referida a los delitos de violencia contra la autoridad.
2. Acción Popular: Propuesta de Yonhy Lescano Ancieta que dispone la incorporación del artículo 242-A al Código Penal concerniente a la penalización de acuerdos o prácticas colusorias o concertadas en representación de agentes económicos dentro del ámbito de la libre competencia.
3. Partido Aprista: Propuesta de Luciana León Romero que dispone la modificación de los artículos 121-A y 122 del Código Penal, y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes referidos al incremento de penas por maltrato físico y/o psicológico contra niños, niñas y adolescentes, y a la suspensión y extinción de la patria potestad por violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, respectivamente.