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INDIGNACIÓN CONTRA JUECES QUE LIBERARON DELINCUENTES


El juez Ismael Felipe Orozco, del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Huaral, ordenó la liberación de los 29 detenidos de un operativo realizado en el norte chico el pasado 13 de octubre en el que se capturó al comisario de Chancay, un mayor de la policía, y a dos suboficiales en actividad que formarían parte de la banda Los Monos de Quepepampa.

Del mismo modo, el juez Ángel Ernesto Mendívil, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó la comparecencia del ex jefe de Inteligencia del Grupo Terna de Madre de Dios y de otros 12 presuntos integrantes de la banda Los Norteños y Guarayos de Chiclayo.

La indignante decisión no es la única pero es la más grave porque está relacionada con la lucha contra el crimen organizado, la modalidad delictiva que precisamente el Estado considera potencialmente más peligrosa por su naturaleza extensiva y su capacidad de penetrar las estructuras represivas.

En el primer caso, el operativo de captura de la banda fue planeado por meses luego de un trabajo de inteligencia impecable. Al ser detenidos, los implicados tenían en su poder armas de fuego, celulares, motocicletas y chips. Para detenerlos se necesitaron 500 policías y 50 fiscales que operaron en Huaral.

La fiscalía ha protestado por las decisiones. Los jueces no valoraron las evidencias suficientes para realizar la captura. El juez Orozco ha llegado incluso a establecer que hay peligro de fuga y aun así ha considerado que no sería proporcional dictar la prisión preventiva de los acusados.

Las quejas contra estas decisiones son también consabidas y lo que viene ahora son investigaciones por el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), reclamos airados de la Policía y del Ministerio del Interior y las explicaciones de los jueces. Sin embargo, como en anteriores casos no serán suficientes todos los elementos puestos sobre la mesa para producir en el Poder Judicial un cambio general como institución y en cada uno de los magistrados.

Ese es el límite al que han llegado los esfuerzos por encarar la inseguridad. Ese límite se llama impunidad y no depende de los policías sino de los que administran justicia. Ese límite, apreciado en su dimensión jurídica y política, significa una enorme traba para acceder a la justicia. Ni la mejor policía del mundo, con las leyes más severas y los fiscales más experimentados, puede con esa barrera que depende de los tribunales.

Los dos casos recientes confirman el carácter transversal de la lucha contra el delito. Hasta ahora los jueces se han puesto de perfil en esta gran batalla. Por las evidencias se sabe que es la única institución que parece no entender que el Perú está jugando la última oportunidad contra el auge del crimen. Sus voceros no se han dado por enterados por ahora de que el problema es con ellos, en una reacción similar a la de los fallos que motivaron la marcha Ni Una Menos en agosto pasado. Si alguna presión ciudadana sostenida y respetuosa a la justicia peruana se requiere en estos días es aquella que les hable en voz alta para decirle que con impunidad no hay seguridad.

LA REPÚBLICA. 

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