Los parlamentarios venezolanos acordaron solicitar a la comunidad internacional “la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela”.
También formalizarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de los jueces regionales y rectoras del Poder Electoral que catalogaron como “responsables” de la suspensión del proceso de referendo presidencial impulsado para revocar este año al primer mandatario de ese país.
El Parlamento pidió iniciar un proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de Venezuela, dado que alegan que hay una investigación sobre “la probable doble nacionalidad” de Nicolás Maduro y que existen “fundadas razones” para determinar el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia.
Para ello se convocó a una sesión especial el próximo martes en la que pretenden “evaluar y decidir” sobre la materia.
Asimismo, el Congreso de Venezuela exige a las Fuerzas Armadas de “no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales” y convocó a la ciudadanía a “la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional”.
Esta semana siete tribunales penales regionales, en respuesta a un supuesto fraude en uno de los requisitos, suspendieron el proceso de recolección del 1% de firmas del registro electoral venezolano con que los opositores solicitaron hace varios meses activar el referendo.
Ante esto, el Poder Electoral pospuso el proceso hasta una próxima orden judicial, acto que la oposición califica de “golpe de Estado” y por lo que hicieron un llamado a actividades de calle con las que esperan “restituir el hilo democrático” que, aseguran, violentó Nicolás Maduro al bloquear el camino hacia el plebiscito.