Se atribuye a los implicados haber dispuesto el pago de 2 millones de soles en servicios para recuperar la operatividad de los vehículos, pero dichos trabajos no se hicieron.
La denuncia originalmente fue presentada por el contralor de la República, Edgard Alarcón Tejada, luego de la aplicación de una auditoría a la Dirección Ejecutiva de la Policía Nacional.
De acuerdo con las indagaciones, la Dirección de Logística de la Policía Nacional suscribió contrataciones directas de menor cuantía para que 143 vehículos policiales inoperativos recibieran mantenimiento y reparación.
Para que se proceda a la cancelación por los servicios se debería adjuntar las constancias de trabajo, actas de conformidad e informes técnicos de verificación del servicio y los comprobantes de pago de los proveedores. Sin embargo, nunca se cumplieron tales servicios. Supuestamente, las empresas cobraron por un trabajo que no hicieron.
Los generales implicados en el caso son el ex jefe la Dirección Ejecutiva de Administración de la Policía Nacional, general Nicolás Cayo Noriega; el ex jefe de la Dirección de Logística (Dirlog), general René Rodríguez Guzmán; el jefe de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP (Direcfin), general Luis Escalante Cheng; y el ex jefe de la Región Policial de Ica general Manuel Mondragón Campuzano.
En la lista figuran también los coroneles Raúl Robles Gamero (jefe de Abastecimiento-Dirlog); Pedro Cotillo Cortez (jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo-Dirlog); Eradio Ramírez Sánchez (jefe de Ejecución Presupuestal-Direcfin); Eulogio Chacón Mendoza (jefe de la División de Tesorería-Direcfin).
Además, los comandantes Eduardo Rodríguez Vásquez (jefe de Adquisiciones-Dirlog), Juan Salgado Pineda (jefe de Maestranza 2-Dirlog), Julio Rojas Briones (jefe de la Oficina de Administración-Ica) y Will Estrada Salinas (jefe del Estado Mayor de Ica).
Con ellos, los mayores Carlos Medrano de la Cruz (jefe de Control de Precios-Dirlog), Abel Quispe Meléndez (jefe de Transportes y Abastecimiento-Huallaga) y María Muñante Valenzuela (jefa del Departamento de Control Previo-Direcfin).
A los nombrados se suman los suboficiales César Cotera Ríos (chofer de la Región Policial de Ica), Eloy Luque Luján (mecánico), Adolfo Saravia Farfán y Samuel Chávez Espinoza, ambos del área de control de precios de la Dirlog.
La investigación alcanza también a las empresas: Grupo A.S. Coronel & Cia, Servicio Generales Noriega, Abastecimiento Ávila, Negocios Luis Carlos, Servicios Generales L. Pillaca, D’Juarez Motor y Autotracto.
El mismo proveedor
La Contraloría detectó en la Región Policial de Ica facturas por concepto de mantenimiento y reparación de 134 patrulleros por un valor de 1 millón 600 mil soles que fueron giradas a nombre de las empresas Grupo A.S. Coronel & Cia, Servicio Generales Noriega, Abastecimiento Ávila, Negocios Luis Carlos, Servicios Generales L. Pillaca, D’Juarez Motor y Autotracto.
A primera vista pareciera que tienen distintos dueños, pero las autoridades descubrieron que se trataba de un solo proveedor identificado como Henry Urbina Chávez.
Estos hechos se registraron entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Según las actas de conformidad, las mencionadas empresas habían realizado una serie de reparaciones en el sistema de embrague, frenos, direcciones y eléctrico a los 134 vehículos asignados a las comisarías, División de Investigación Criminal y de Carreteras de Ica. Sin embargo, dichos servicios no se ejecutaron.
La Contraloría descubrió que las actas de conformidad contaban con las firmas del general Manuel Mondragón Campuzano y la de los jefes de la Oficina de Administración y del Estado Mayor Ica, comandantes Julio Rojas Briones y Will Estrada; así como del suboficial César Cotera Ríos (chofer).
Es decir, la alta oficialidad estaba implicada.
En su descargo, tanto Mondragón, Rojas, Estrada y el suboficial Cotera negaron las imputaciones alegando que alguien había falsificado sus firmas. Pero el perito grafotécnico Winston Aquije Saavedra dictaminó que las firmas correspondían al puño y letra de los investigados.
Lo que llamó la atención de la Contraloría fue que de los 134 patrulleros, el general Mondragón solicitó requerimientos de mantenimiento para 42 vehículos que recién habían sido adquiridos por la Policía Nacional.
Por todas partes
También se consignaron reparaciones de patrulleros que habían sido donados por una empresa minera que contaba con mantenimiento hasta diciembre del 2014, así como de patrulleros que habían sido declarados inoperativos, es decir, irrecuperables.
Estos actos fueron avalados, según la investigación de la fiscal Martha Salinas, por laDirección de Logística de la Policía Nacional, cuyos efectivos, sin previo estudio de mercado y de control de precios, contrataron a dedo a empresas cuyos talleres estaban ubicados en Lima y no en los lugares donde se requería el servicio.
Tampoco viajaron hasta el lugar donde se encontraban los vehículos que supuestamente necesitaban reparación.
Por el contrario, tramitaron las órdenes de servicio y el pago de los supuestos trabajos ante la Dirección de Economía de la PNP sin haber verificaron si realmente se cumplió con el mantenimiento de los patrulleros.
La Contraloría también detectó que se elaboraron falsos informes de requerimientos y actas de conformidad para el mantenimiento de ocho unidades asignadas a laDirección Anticorrupción con sede en Cusco, Puno, Arequipa, Cajamarca, Huaraz y Piura.
Sin embargo, la Dirección Anticorrupción envió un informe a la fiscal Martha Salinas, indicando que en ese periodo los vehículos estaban operativos y no necesitaban de mantenimiento, mucho menos ser reparados.
El engaño no pudo sostenerse demasiado tiempo.
La increíble historia de la ‘reparación’ del camión antiminas
La Contraloría detectó una serie de irregularidades en las órdenes de servicios para el mantenimiento de un camión antiminas asignado a la comisaría de Tulumayo, del Frente Policial Huallaga.
Las contrataciones estaban a cargo de un grupo conformado por el jefe de Abastecimiento, coronel Raúl Robles; y el jefe de Adquisiciones, comandante Eduardo Rodríguez, de la Dirección de Logística de la PNP.
Según las investigaciones, Raúl Robles y Eduardo Rodríguez remitieron cartas a las empresas para que presenten cotizaciones por servicio de mantenimiento, pero no consignaron el lugar de prestación, pues el camión estaba en el Huallaga.
Por ejemplo, la orden de servicio fue elaborada el 4 de octubre del 2014, y extrañamente el acta de conformidad se firmaba el 7 de ese mes. ¿Cómo se pudo arreglar en 4 días un camión antiminas, cuando las bases contemplaban como plazo 35 días? Lo cierto es que la empresa que gano la buena pro nunca hizo el trabajo.
En cifras
134 patrulleros fueron consignados a la Región Policial Ica.
8 vehículos pertenecían a la Dirección Contra la Corrupción.
7 empresas fueron beneficiadas por la Dirección de Logística de la PNP.