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Sentenciado por Terrorismo recibió Indulto Humanitario


La polémica posición del Instituto de Defensa Legal (IDL) en el patrocinio de sentenciados por el delito de terrorismo se revela en un nuevo caso.

Correo supo que el editor general de la revista Ideele, que pertenece a la aludida ONG, Gerardo Saravia López de Castilla, fue condenado a 12 años de prisión por supuestos vínculos con Sendero Luminoso, pero luego resultó beneficiado con un indulto humanitario que le redujo dos años y siete meses de carcelería. Dicho perdón se produjo justo cuando el presidente del IDL, Ernesto de la Jara -su jefe en la revista- formaba parte del colegiado que por entonces calificaba y proponía la gracia presidencial ante el Ejecutivo. ¿Qué más pasó en torno a este caso?

Antecedentes factuales
Según archivos de la Dircote, Saravia fue detenido el 13 de febrero de 1992 y posteriormente, el 17 de noviembre de 1996, condenado por un tribunal civil a 12 años de pena privativa de la libertad.

Se lee en el expediente 217-93 que primero la Sala Especial para Casos de Terrorismo lo condenó a 10 años (febrero de 1995), pero luego, por ejecutoria suprema, dicha sentencia fue ampliada en dos años más.

Sin embargo, cuando aún le faltaban 31 meses para pagar su deuda con la sociedad y curiosamente un mes antes de que los oenegeístas abandonen sus cargos dentro de la Comisión de Indultos, Saravia resultó favorecido por razones médicas. Los detalles, no muy claros, se encuentran en la Resolución Suprema 268-2001-JUS, publicada el 6 de julio del 2001 y firmada por el entonces presidente Valentín Paniagua y el ministro de Justicia, Diego García Sayán.

Se lee allí que, de acuerdo con el Acta de Junta Médica Penitenciaria N°37-2001-INPE-JCT, del 9 de enero del 2001, dicha persona había sido diagnosticada con Diabetes Mellitus tipo I, insulinodependiente controlado, c/d retinopatía diabética y c/d nefrología diabética, por lo que se le recomendaba un tratamiento especializado. Por ello la aludida comisión sugirió su indulto humanitario.

Para conocer un poco más sobre este diagnóstico, consultamos a cuatro endocrinólogos y tres de ellos nos dijeron que se trata de un pronóstico controlable. El doctor Fernando Murga Ruiz, por ejemplo, afirmó, sin saber de quien se trataba el indulto: "Para ser considerado como grave debieron agotarse otros análisis, ya que el enunciado c/d significa descartar tal enfermedad y eso aparentemente no se ha agotado".

Extraña omisión
Efectivamente, desde la fecha del informe médico (enero del 2001) hasta la fecha del perdón humanitario (julio del 2001) pasaron seis meses sin que la Comisión de indultos solicitara formalmente el traslado del interno a un nosocomio para efectuarle allí las pruebas necesarias que pudieran darle mayor respaldo profesional a la urgencia del indulto.

Correo aborda este caso básicamente porque se trata de un ciudadano que ha logrado que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) le borre sus antecedentes en medio de las circunstancias narradas (un mes antes de que los oenegeístas abandonen sus cargos dentro de la Comisión de Indultos).Y esto no significa que haya demostrado su inocencia.

A pesar de este antecedente, desde hace varios años Saravia se desempeña como editor de la revista del IDL, la ONG que dice defender los derechos de inocentes. Desde allí escribe sobre diferentes temas políticos y sociales; incluso se da el lujo de sugerir cómo mejorar la democracia en el Perú. Pregunta: ¿puede creerse la encarnación de la justicia quien no ha aclarado públicamente su pasado violento?

Indulto para los amigos
El oficio N° 37-32-CPG-CSA.SI, de la comisaría de San Antonio, Miraflores, indica que efectivos policiales intervinieron a Gerardo Saravia luego de percatarse de que se daba a la fuga a bordo de un vehículo robado (Toyota de placa AQ-3376) entre las avenidas Villarán y Aviación.

Asimismo, el atestado N° 040-D4-DIRCOTE indica que durante la intervención habrían encontrado en su poder un revólver Smith & Wesson de serie AV26279 y volantes alusivos al paro armado del 14 de febrero de 1992. Por entonces, el editor Saravia era un joven de 19 años de edad y se encontraba acompañado de dos personas cuyas iniciales son H.L.G. y L.A.L.C.

Ahora bien, pese a que la justicia peruana lo encontró culpable, el haber estado presente durante el feroz debelamiento del motín en Castro Castro denominado "Mudanza I" (del 6 al 22 de mayo de 1992) estuvo a punto de convertirlo en una víctima. Su nombre figura en la relación de heridos durante la intervención policial que acabó con la reyerta y en la que murieron 42 presuntos terroristas. ¿Alguien habrá pedido para él una indemnización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El Ministerio de Justicia responde que él no tiene ninguna demanda contra el Estado; sin embargo, su nombre figura en el anexo II de la sentencia de la CIDH como interno herido sobreviviente por el caso 11.015.

Presencia de oenegeístas
El 10 de enero del 2001 (mediante la R.S. 009-2001-JUS) el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, (DGS) designó a Ernesto de la Jara (presidente del IDL) y a Iván Arturo Bazán Chacón (de la ONG Fedepaz) como miembros de la Comisión de Indultos.

Por entonces, Bazán ya se desempeñaba además como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En la misma fecha, Amado Daniel Enco Tirado (también de la ONG IDL) fue designado por DGS como secretario técnico adjunto de dicha comisión, que proponía los perdones a supuestos inocentes.

Por entonces, Enco Tirado era asesor ministerial de DGS. Unos días después, el 16 de enero, Javier Ciurlizza fue nombrado coordinador del gabinete de asesores del mismo ministro y, al mismo tiempo, pasó a presidir la aludida Comisión de Indultos. Como se recuerda, Ciurlizza es quien llamó "doctor" a Abimael Guzmán durante una conversación grabada dentro de la Base Naval. En diciembre del 2000 salieron indultados 36 sentenciados por terrorismo y posteriormente, entre enero y julio del 2001, salieron libres otros 148.

Fuente: Voz de Alerta

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