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Parte 2: Las millonarias indemnizaciones a terroristas que la CIDH ordenó pagar a Perú

Según el analista y ex miembro del GEIN Benedicto Jimenez, el mismo líder de Sendero Luminoso en su libro "De Puño y Letra" reconoce este hecho : "Guzmán en su libro reconoce que todas las concesiones que consiguió fueron habilitadas por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo y respecto al ex presidente Alberto Fujimori admite que este le brindó las facilidades para sellar la rendición total de sus huestes, y que no pudo celebrar acuerdo con él para encontrar lo que ellos llaman “solución política”, lo cual sí le fue concedido por los gobiernos subsiguientes."

1) Caso Mónica Feria (Sendero Luminoso)

El día 24 de diciembre del 2013, de acuerdo a Diario Correo, hubo otro fallo de la CIDH, en la que ordenaba que:

"Perú deberá pagarle como resarcimiento la suma aproximada de S/.250 mil ($90,683.52) tras establecer que el Estado violó los derechos de la supuesta integrante de Sendero Luminoso al haber sido vejada física y sexualmente durante su detención.

Según el detalle, la Corte IDH fijó, por concepto de daño “material e inmaterial”, la cantidad de $40 mil, al concluir que Feria Tinta fue víctima de violaciones en la “esfera física, moral y sicológica”. A esto se sumarían otros $40 mil por concepto de “costos y gastos”, es decir, el reintegro de los gastos en que incurrió por honorarios a sus abogados desde 1997.

Un tercer concepto, según el Tribunal de San José, es el “reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas”, por el cual el Estado deberá desembolsar $3,683.52 adicionales, por servicios prestados a Feria Tinta.

....Por si fuera poco, el Estado peruano deberá otorgarle, por única vez, la suma de $7 mil “por concepto de gastos por tratamiento sicológico o siquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que pueda recibir dicha atención en el lugar donde reside”, ya que ella no vive en el Perú."

2) Caso Gladys Carol Espinoza Gonzales (MRTA)


La CIDH envió este caso a la Corte IDH el 8 de diciembre del 2011 al hallar al Estado “responsable” de violar los derechos humanos de Espinoza Gonzales, acusada de secuestrar empresarios para financiar a los terroristas del MRTA. Asimismo según la CIDH su estancia en el penal de Yanamayo implicaba condiciones de detención "inhumanas".

La emerretista Espinoza fue condenada a 25 años de prisión el 2004 luego de anulada su primera sentencia de cadena perpetua en 1993. Fue capturada en 1993 por agentes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) junto al emerretista Edwind Salgado Castilla. En su poder, de acuerdo a la sentencia judicial, se hallaron 16 cartas extorsionadoras a nombre del MRTA; 12 hojas membretadas con el logo del grupo subversivo; una granada de guerra y un distorsionador de voz.

En marzo del 2015 la Corte-IDH ordenó al Estado Peruano a pagar, como reparación económica, US$105,000 a la sentenciada por terrorismo Gladys Carol Espinoza Gonzales, quien denunció ante la organización supranacional que fue víctima de violación sexual y tortura en una instalación de la Policía Nacional cuando fue detenida en la década de 1990. (Fuente: Diario Perú21)

3) Caso Castillo Petruzzi (MRTA)

El emerretista Jaime Castillo Petruzzi junto con los terroristas chilenos María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga demandaron al Estado Peruano ante la CIDH y ganaron el caso. La CIDH en sentencia ha indicado que Perú deberá pagarles 10,000 dólares por supuesta violación de derechos humanos. Actualmente ellos deben en reparación civil al Estado 250 mil nuevos soles. Según el ex primer ministro, Juan Jimenez Mayor, el Estado les cobrará primero la reparación civil y después les pagará la indemnización.

La abogada Gloria Cano, de la ONG APRODEH, fue defensora de Alejandro Astorga ante la CIDH.

4) Caso Cruz Sanchez , Meléndez Cueva y Perceros Pedraza ( MRTA) contra los Comandos Chavin de Huantar

 

El 23 de diciembre del 2011 la CIDH demandó ante la Corte IDH al Estado Peruano por no juzgar en el Fuero Civil ( a pesar que el Fuero Militar ya los había declarado inocentes) a los Comandos Chavin de Huantar por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sanchez "Tito", Herma Luz Meléndez Cueva y Victor Salomón Peceros Pedraza durante la operación militar Chavin de Huantar para rescatar a los 72 secuestrados de la embajada de japón en 1997. La denuncia se basa en los testimonios del ex primer secretario de la Embajada, Hidetaka Oguta, así como de los suboficiales PNP Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico Torres Arteaga.

La ONG que llevó el caso "asesorando" a los familiares es la ONG de DD.HH. APRODEH , incluso la Abogada Gloria Cano se pronunció sobre pedido de la CIDH para que se abra proceso al Estado Peruano por no cumplir recomendaciones en caso Chavín de Huantar.

El 29 de junio del 2015, en su fallo sobre este caso "la Corte IDH no ordena al Perú a pagar una reparación económica a los deudos de los terroristas del MRTA implicados en el Caso Chavín de Huántar; no obstante, el fallo indica que sí hay quienes recibirán un pago.

El Perú deberá reembolsar los gastos que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) tuvo (US$10 mil), así como los del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (US$20 mil), por las labores realizadas en el litigio del Caso a nivel nacional e internacional." (Fuente: Diario El Comercio)

5) Caso Penal Castro Castro

La CIDH en su sentencia de diciembre del 2006 ordenó pagar más de US$ 12 millones de dólares (según Palacios Dongo en total serían mas de US$ 17 millones) por concepto de indemnización a los terroristas , que liderados por Deodato Juárez Cruzat, se amotinaron en el Penal Castro Castro en mayo de 1992. Como consecuencia de la intervención de las fuerzas del orden 42 subversivos murieron, 175 fueron heridos y otros 322 denuncian que sufrieron tratos crueles e inhumanos. Actualmente hay 539 beneficiarios.

Aparte de la indemnización, el fallo incluye un acto público de desagravio a las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad internacional de parte del Estado. Según la misma sentencia de la CIDH en su punto 57 al respecto: "La Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia." Asimismo exige que los nombres de los terroristas sean inscritos en este memorial ordenado por la corte denominado "El Ojo que Llora". El gobierno de Alejandro Toledo se allanó a la sentencia.

Entre los beneficiarios se encuentra Osmán Mórote, quien saldría libre el 2013 y recibiría una indemnización de por lo menos 50,000 dólares americanos. También está incluida Madelein Valle Rivera, quien recibiría US$20 mil dólares por ser una de los sobrevivientes de la matanza en el penal Castro Castro en 1992.

También recibirá otra indemnización por ser hija del senderista Tito Valle Travesaño, quien murió durante la operación militar. Actualmente es abogada y líder de la agrupación pro senderista"Asociación de familiares presos políticos, desaparecidos y víctimas de genocidio".

 6) Caso Neira Alegría (El Frontón)

La CIDH en su fallo del 19 de enero de 1995 indica que Perú debe indemnizar a los terroristas Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar víctimas de la masacre del Fronton por un monto de US $ 154,040.74 dólares .
 

Conclusiones Finales:

Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA asesorados por algunas ONG de DD.HH. parcializadas, han emprendido una estrategia jurídica contra el Estado Peruano, la cual consiste en denuncias masivas ante la CIDH por supuesta violación de sus DD.HH. por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asimismo, denuncian a la Justicia Peruana por supuestamente no aplicar en ellos "el debido proceso" legal.

Actualmente su estrategia les ha traido muy buenos resultados -y dividendos-, y el gobierno de Toledo, ya sea por ineptitud o por interés político se allanó a la mayoría de sentencias de la CIDH que favorecían a los terroristas. Lo irónico es que, mientras los terroristas utilizan a la CIDH para que el Perú les pague indemnizaciones, estos aún no pagan las reparaciones civiles al Estado por sus crímenes contra la población civil, autoridades políticas, policía nacional y fuerzas armadas.

Según el ex ministro de justicia García Toma, en el 2010 el Estado peruano es acreedor de 3,173 millones de soles, y solo ha recuperado 280 mil dólares, cifra obtenida en un 80% por acciones de embargo y el 20% restante en dinero en efectivo. Actualmente la situación está cambiando en algo gracias a los embargos de propiedades a terroristas efectuados por la Procuradoría Antiterrorista dirigida porJulio Galindo. Esperemos que estos criminales lleguen a pagar hasta el último centavo al Estado.

Últimamente el gobierno de Ollanta Humala informó que no se les pagaría ni un nuevo sol a los terroristas, hasta que primero paguen sus deudas. Desde aquí, saludamos esa iniciativa.

Finalmente, el Estado debería mejorar su defensa ante la CIDH frente a varios procesos judiciales iniciados, los cuales venimos perdiendo vergonzosamente en los últimos años. De igual manera, el Congreso debería buscar formulas legales para evitar el pago de indemnizaciones a los delincuentes terroristas, un ejemplo tangible es el de España, en donde no se considera a los terroristas como beneficiarios de indemnizaciones.

Es inadmisible que gracias a un grupúsculo de malos políticos, periodistas y funcionarios de ONG , así como muchos otros que han desempeñado a cabalidad su papel de tontos útiles, los asesinos terroristas reciban hoy por hoy el tratamiento de pobres víctimas inocentes, mientras que el Estado es visto como el malo de la película. No solo eso, sino que también está obligado a “condecorar” con millonarias sumas de dinero a estos “pobres angelitos” -culpables a todas luces de destruir infraestructura y asesinar a personas inocentes-, mientras estos no pagan sus culpas en prisión y peor aún sus deudas a sus víctimas. En definitiva, el mundo al revés.

Si seguimos a este paso, no nos sorprendamos si jóvenes deciden ser delincuentes terroristas en vez de estudiar, trabajar y superarse. Al parecer es más rentable ser un delincuente miserable que una persona de bien, gracias a esos señoritos “idealistas” mal llamados caviares. El reo “Presidente Gonzalo” y las bandas terroristas “Sendero Luminoso” y el MRTA les deben estar muy agradecidos.

Autor: Frank Krklec T.* (@blogcyh)


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