El 22 de enero de 2014, en Lampadia hicimos una primera advertencia sobre la inconveniencia de ir adelante con la propuesta de la ONPE. Entonces dijimos: "El sistema de votación electrónico que desea implementar la ONPE, puede torcer la voluntad popular, ya sea por falta de control ciudadano o por intimidación al elector. En otras partes del mundo ha mostrado seria fallas y en Alemania ha sido prohibido por la Corte Constitucional debido a que no asegura transparencia".
En el Perú, millones de ciudadanos reciben distintas prestaciones asistencialistas de programas sociales como Juntos, Beca 18, Qali Warma, Pensión 65 y otros. Múltiples funcionarios públicos nacionales y regionales entregan directamente los aportes asistenciales y es evidente que ellos podrían manipular muy fácilmente la votación con aseveraciones, que sin basarse en la realidad, intimiden a los votantes con la amenaza de retirarles los beneficios.
‘Cuidado, yo voy a saber por quién votas’, podría ser la aseveración que se de al ciudadano, quién no tendría los elementos de juicio necesarios para saber si es cierta o no. Ante ello, es pues presumible, que muchos de los electores, podrían votar en la dirección de las ‘recomendaciones’ del funcionario público ‘benefactor’.
Más allá de los aspectos técnicos o de seguridad del proceso, la principal debilidad del voto electrónico es entonces, que se puede torcer la voluntad popular. Así lo explico también, en un artículo para Lampadia (febrero 2014), el especialista en sistemas y asuntos electrónicos, Franjo Kurtovic.
Kurtovic afirmó: “el voto electrónico es un sistema fácilmente manipulable, genera miedos, -a veces bien fundados como en el caso de Venezuela-, sobre la posibilidad de vincular al ciudadano con su voto, y esto se presta para una serie de manipulaciones políticas y manipulación psicológica del ciudadano votante que pueden alterar la voluntad en favor del gobernante manipulador”.
Esto ya ha sucedido anteriormente, durante las elecciones de Venezuela, donde se han denunciado varios fraudes electorales y sobre todo, se ha comprobado que el sistema puede emplearse para amedrentar al votante.
“Pero lo realmente importante de este tipo de votación es que por los serios problemas que ha tenido, por la posibilidad de fraude y la dificultad de su control, se ha proscrito de la mayoría de aquellos países donde se hicieron pilotos o se utilizara: Australia, Holanda, Irlanda (luego de haberse incluso comprado equipos por más de US$ 100 MM), Portugal, Italia, Finlandia (se usó por primera vez hace 7 años pero se anularon elecciones por problemas de diferencia confirmados), Costa Rica, Noruega, Guatemala, Kazajistán (luego de haberse usado por más de 9 años se prohibió su uso por problemas técnicos y falta de credibilidad) y en Alemania, donde se lo ha prohibido judicial y constitucionalmente”, comenta Kurtovic.
Falta de Transparencia
El uso del voto electrónico no es un mecanismo transparente porque el votante no puede comprobar claramente qué pasó realmente con su voto, teniendo que confiar ciegamente en una tecnología encerrada en ‘cajas negras’. Por lo tanto, los resultados de la votación podrían ser manipulados sin que los ciudadanos tengamos algún nivel de control.
A diferencia de lo que se dice en los medios, este sistema es muy nuevo en el país. No tiene mucho tiempo de creación e implementación, y mucho menos de pruebas. La primera votación electrónica fue en Pacarán, Cañete, en la segunda vuelta presidencial del 2011, luego, con un sistema diferente fue usado durante las elecciones municipales y el proceso de revocatoria, donde se incluyó a Santa María del Mar.
Para esta segunda ocasión, los equipos y el software se compraron recién entre julio y agosto, y se instalaron para su primera prueba tres semanas antes de los comicios. Ahora, unos meses después, la ONPE desarrolló un nuevo sistema, hecho en casa, “el voto electrónico es un producto muy confiable y 100% peruano”, afirma Gilbert Vallejos, gerente general de la ONPE.
Debido a que la ONPE no cuenta con ninguna experiencia relevante con el voto electrónico, el Instituto Republicano Internacional (más conocido como IRI, una organización no gubernamental de política internacional de Estados Unidos, asociada al Partido Republicano, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), proporcionó asistencia técnica a la ONPE en la planificación, realización y evaluación de la prueba piloto.
Este proyecto, realizado en tan poco tiempo, con tan pocas pruebas y por una organización sin ningún tipo de experiencia en la realización de software (menos aún con protección anti-hacking), no puede inspirar ninguna confianza al electorado.
A pesar de estas evidencias y temores, la ONPE está a punto de implantarlo para la votación de 3 millones de votantes en Lima.
Falta de confianza
Se ha demostrado que a medida que los sistemas de votación se hacen más complejos, se hacen susceptibles al fraude. La crítica técnica más seria a este sistema es la falta de confianza que genera, pues no hay forma de comparar la emisión del voto real con los resultados finales. No hay forma de verificar que los votos son los mismos que están siendo contabilizados. Además, para poder fiscalizar esta actividad tendría que recurrirse a expertos y esto le resta control ciudadano al proceso.
Conclusión
Abramos los ojos, estas medidas no “facilitan la votación para los electores” ni “reduce las tareas de los miembros de mesa” ni “hace más rápido el conteo de votos y la emisión de los resultados”, sino que proporcionan la oportunidad de una manipulación política masiva que se puede hacer con el voto de los peruanos que reciben asistencia social por parte del Estado.
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