En este último grupo, los afectados han sido atacados con balas, piedras, objetos punzocortantes e incluso armas artesanales.
El general Máximo Ramírez de la Cruz, director de Defensa Legal de la PNP, aseguró que la cifra de muertos es mayor a la registrada en 2014, cuando se contaron nueve bajas en todo el año.
Diagnóstico. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, expresó que no solo los criminales han perdido todo respeto y temor por los policías, sino que los propios ciudadanos desacatan a diario el principio de autoridad.
Tal situación se produce, dijo el analista, porque no hay sanciones efectivas para quienes agreden a policías o impiden que cumplan su misión.
En la actualidad, el artículo 366 del Código Penal sanciona con una pena de cárcel no mayor de cuatros años a quienes utilicen la violencia para estorbar la labor policial. Pérez Rocha sostuvo que se debe modificar ese artículo.
Desventaja. El congresista Octavio Salazar, general PNP en retiro, argumentó que el Decreto Supremo N°1186 es perjudicial para la función de la Policía, pues coloca a los efectivos en una situación de desventaja frente a los criminales. “La norma cambia el principio de racionalidad por el de proporcionalidad. Es decir, un policía no podrá usar su arma cuando se enfrente a criminales que usan cuchillos o piedras, pese a que también ponen en riesgo su vida”, precisó.
En este panorama, a cuatro meses de terminar el año, Salazar aseguró que la cantidad de policías muertos puede incrementarse todavía más.
Por su parte, el exministro del Interior Remigio Hernani sostuvo que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana debería tener un rol más protagónico en las reformas legislativas para potenciar a la PNP. “La gente se olvida de que el policía es un ser humano y que su vida vale”, anotó.
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