¿Qué hacemos para impedir el avance de las ideas terroristas en nuestro país?


La aparición del nuevo frente extremista de Sendero Luminoso-Movadef, con miras a las elecciones del 2016, ha reavivado el debate en torno a las acciones que despliega el terrorismo con miras a reagrupar sus fuerzas, captar nuevos adeptos y avanzar en su proyecto de retomar la “guerra popular”, eje central de su estrategia para tomar al poder. En ese contexto, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo impedir el avance de las ideas terroristas?

La respuesta está en la memoria. Solo tenemos que recordar cómo vencimos al Sendero Luminoso y al MRTA, reflexionar al respecto y rescatar las experiencias que puedan servirnos hoy, porque las circunstancias son distintas a las de entonces. Hoy no estamos en guerra armada, pero sí en una guerra política-ideológica con el terrorismo que estamos obligados a ganar si queremos evitar un nuevo baño de sangre en el Perú.

La primera lección que nos dejó aquella experiencia es que es imposible vencer a Sendero si la nación y las instituciones del país no se unen bajo una sola estrategia que debe ser trazada por los líderes nacionales -no solo el gobierno- en una política de estado. Esto lo aprendimos de nuestros errores de los 80, cuando el Ejecutivo asumió el conflicto primero como un asunto policial y después militar, y le dio la espalda a la rebelión campesina contra Sendero por temor a cierta prensa que acusó a los ronderos de “paramilitares”.

Excepto las fuerzas del orden, en los 80 las demás instituciones estatales se pusieron de perfil frente al terrorismo. Así, cuando se capturaba terroristas, los fiscales y jueces los soltaban por miedo, corrupción o simpatías ocultas, alegando “falta de pruebas”. Igualmente, las autoridades del INPE toleraban que los penales sean centros de adoctrinamiento terrorista; y en las universidades estatales se dejó que los comedores y la residencia universitaria sean usados por los subversivos y que se realice proselitismo terrorista. Además las políticas económicas estatistas eran funcionales al discurso senderista porque aumentaron la pobreza y beneficiaron solo a grupos mercantilistas cercanos al poder político.

Todo eso tuvo que cambiar para lograr la victoria y así se hizo. En los 90 el Ejecutivo apoyó la rebelión popular contra SL reconociendo a los Comités de Autodefensa campesinos y dándoles armas. Luego todas las instituciones del estado se alinearon para combatir a SL: El Ministerio Público y el Poder Judicial adoptaron el sistema italiano de fiscales y jueces anónimos para juzgar a los terroristas; el INPE aplicó un régimen carcelario de rigor a los presos por terrorismo; las universidades estatales le dijeron basta a SL y el MRTA en sus campus; se endurecieron las penas por terrorismo (cadena perpetua a los cabecillas); se ofreció recompensas, se promovió con éxito la deserción de terroristas a cambio de perdón y olvido (Ley de Arrepentimiento), etc. Y lo más importante, se reemplazó el estatismo económico por la economía de mercado con lo que se inició la reducción de la pobreza. Es decir se aplicó una estrategia integral.

Hoy, lamentablemente, NO TENEMOS una política de estado antiterrorista y, por si fuera poco, desde el estado se permite que se re-escriba la historia de una manera interesadamente sesgada. Como consecuencia de ello las instituciones estatales le dan hoy la espalda al problema: los fiscales y jueces son blandos con los terroristas, los penales y las universidades públicas vuelven a ser centros de adoctrinamiento y proselitismo senderista; y muchos jóvenes creen que aquella victoria popular y nacional fue un enfrentamiento entre terroristas y militares

La pregunta es ¿en tales condiciones, es posible impedir el avance de SL-Movadef?

Por Víctor Robles Sosa

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