¿Las cifras acompañan la lógica de la nueva Ley?
El INEI reportó que el empleo tuvo un crecimiento de 1.2% en
el último año. Sin embargo, en el segmento de jóvenes entre 18 y 24 años ha
retrocedido un 1.8%, y el subempleo (precisamente lo que la nueva norma de
empleo juvenil busca combatir) se ha reducido en solo 8.7%. En contraste, para
los mayores de 25 años esta reducción ha llegado al 20%.
La Ley apuesta porque menores costos para la contratación
motiven a los empresarios a formalizar a sus trabajadores y dejar de tenerlos
“en negro”. El precio es la reducción temporal de los beneficios laborales que
reciben los trabajadores formales en general. Por otro lado, algo que debería
llamar la atención de los críticos es que, según Ipsos, el 52% de los jóvenes
dentro del mismo rango de edad que plantea la Ley (alrededor de 700 mil) sí
está de acuerdo con ella. Y, sorprendentemente, el 58% piensa que este régimen
debería ampliarse hasta los 30 años (75% en el segmento E y 52% en el D).
Frente a quienes reclaman por la reducción de los derechos
laborales y señalan que "el gobierno nacionalista los ha
traicionado", legislando ahora para los empresarios —y "precarizando
el empleo"—, están quienes señalan que las leyes perfectas no crean
empleos formales porque estos obedecen a una lógica económica: si el puesto
resulta muy costoso para el empleador, el trabajador joven seguirá laborando
pero sin derecho y sin protección de ningún tipo. O, peor, será desplazado por
otros con mayor experiencia.
Ideologías aparte: los datos acompañan la lógica de la nueva
Ley de Régimen Laboral Juvenil. La otra alternativa es que los que no tienen
empleo se queden como están.
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