A propósito de una posible ley que permitiría excarcelar a Alberto Fujimori
El antiaprismo y el antifujimorismo impiden la unidad nacional al negar de plano dos valores democráticos esenciales: la tolerancia y el diálogo. Y también impiden la reconciliación del país al imponer una “historia oficial” de la violencia terrorista que deja abiertas las heridas causadas por Sendero Luminoso y el MRTA en decenas de miles de familias, en lugar de cerrarlas.
Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, en vez de abrirse un debate amplio y plural sobre el terrorismo que recogiera todas las visiones posibles, se impuso la voluntad política de dejar que un grupo de “notables” nos dijera qué había pasado. Aquella decisión tuvo el apoyo casi unánime de la clase política, que creyó entonces en la capacidad y la buena voluntad de los elegidos. Nació así la Comisión de la Verdad (CVR)
Catorce años después, miles y miles de víctimas del terror siguen esperando justicia. En cambio los terroristas muertos y sus familias son hoy las principales “víctimas de la violencia”; el estado les levanta monumentos, los desagravia y les paga reparaciones. Paralelamente, hay persecución judicial contra autoridades políticas, militares, policiales y campesinos que combatieron al terrorismo. Todo ello por voluntad de la CVR.
La sociedad creyó entonces que la CVR actuaba de buena fe y que rectificaría los excesos. Pero el tiempo ha demostrado que la ideología y la vendetta se impusieron sobre la imparcialidad y la veracidad en la comisión. Hoy se han acumulado tantas injusticias que ya existe una amplia voluntad democrática a favor de ponerle fin a tanto atropello.
Esa voluntad se explica en que una democracia no puede imponer una “historia oficial” infalible e irrevisable, propia de estados totalitarios como Cuba o Corea del Norte. Las sociedades libres construyen su historia sobre versiones diversas que se enriquecen permanentemente.
También se explica en los excesos de la CVR, como por ejemplo negar la condición principal de terroristas de Sendero y al MRTA, acusar veladamente a la democracia de ser un sistema violador de derechos humanos o utilizar su informe como arma de vendetta antiaprista, antifujimorista y antimilitar.
Al ex presidente Alan García no se atrevió a acusarlo, pero le dio categoría de “verdad” a la versión senderista sobre las muertes en el motín de El Frontón y en el penal San Pedro de Lurigancho. De esta manera allanó el camino para que las ONG de izquierda acosen a García dentro y fuera del país.
A Alberto Fujimori lo culpó de los asesinatos del Grupo Colina y le dedicó un capítulo de su informe que lo culpa de todos los males nacionales. No había pruebas contra él, pero sí un consenso político a favor de que se le juzgue. Sobre esta base fue juzgado y condenado. Hoy se sabe que el tribunal empezó a redactar aquel fallo cuando el juicio recién empezaba, con ayuda de abogados españoles. Es decir, fue un simulacro de juicio imparcial.
Los hechos reseñados explican por qué Carlos Bruce y otros legisladores demócratas ven hoy con simpatía la posibilidad de apoyar una ley que excarcele a Fujimori. Si prosperase esa iniciativa se abriría si duda el camino hacia un pacto nacional por la democracia que dejaría atrás el resentimiento político que nos dejó el autoritarismo anti-partidos y la falta de una transición política.
Falta ver ahora si la iniciativa se plasma en el Legislativo. Sería sin duda una ofrenda de paz y reconciliación.
Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, en vez de abrirse un debate amplio y plural sobre el terrorismo que recogiera todas las visiones posibles, se impuso la voluntad política de dejar que un grupo de “notables” nos dijera qué había pasado. Aquella decisión tuvo el apoyo casi unánime de la clase política, que creyó entonces en la capacidad y la buena voluntad de los elegidos. Nació así la Comisión de la Verdad (CVR)
Catorce años después, miles y miles de víctimas del terror siguen esperando justicia. En cambio los terroristas muertos y sus familias son hoy las principales “víctimas de la violencia”; el estado les levanta monumentos, los desagravia y les paga reparaciones. Paralelamente, hay persecución judicial contra autoridades políticas, militares, policiales y campesinos que combatieron al terrorismo. Todo ello por voluntad de la CVR.
La sociedad creyó entonces que la CVR actuaba de buena fe y que rectificaría los excesos. Pero el tiempo ha demostrado que la ideología y la vendetta se impusieron sobre la imparcialidad y la veracidad en la comisión. Hoy se han acumulado tantas injusticias que ya existe una amplia voluntad democrática a favor de ponerle fin a tanto atropello.
Esa voluntad se explica en que una democracia no puede imponer una “historia oficial” infalible e irrevisable, propia de estados totalitarios como Cuba o Corea del Norte. Las sociedades libres construyen su historia sobre versiones diversas que se enriquecen permanentemente.
También se explica en los excesos de la CVR, como por ejemplo negar la condición principal de terroristas de Sendero y al MRTA, acusar veladamente a la democracia de ser un sistema violador de derechos humanos o utilizar su informe como arma de vendetta antiaprista, antifujimorista y antimilitar.
Al ex presidente Alan García no se atrevió a acusarlo, pero le dio categoría de “verdad” a la versión senderista sobre las muertes en el motín de El Frontón y en el penal San Pedro de Lurigancho. De esta manera allanó el camino para que las ONG de izquierda acosen a García dentro y fuera del país.
A Alberto Fujimori lo culpó de los asesinatos del Grupo Colina y le dedicó un capítulo de su informe que lo culpa de todos los males nacionales. No había pruebas contra él, pero sí un consenso político a favor de que se le juzgue. Sobre esta base fue juzgado y condenado. Hoy se sabe que el tribunal empezó a redactar aquel fallo cuando el juicio recién empezaba, con ayuda de abogados españoles. Es decir, fue un simulacro de juicio imparcial.
Los hechos reseñados explican por qué Carlos Bruce y otros legisladores demócratas ven hoy con simpatía la posibilidad de apoyar una ley que excarcele a Fujimori. Si prosperase esa iniciativa se abriría si duda el camino hacia un pacto nacional por la democracia que dejaría atrás el resentimiento político que nos dejó el autoritarismo anti-partidos y la falta de una transición política.
Falta ver ahora si la iniciativa se plasma en el Legislativo. Sería sin duda una ofrenda de paz y reconciliación.
Por: Víctor Robles Sosa
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