Columnista de Perú 21
La detención preventiva por 18 meses para César Álvarez, presidente del Gobierno Regional de Áncash, y varios de sus colaboradores, acusados de asociación ilícita para delinquir, no se debe traer abajo el proceso de descentralización emprendido hace cerca de 10 años en el Perú.
También sobre otros gobiernos regionales pesan graves acusaciones de corrupción. No obstante, si se aplicase el criterio de que, porque hay corrupción en Áncash y quizás en otros gobiernos regionales, deberían estos suprimirse o recortárseles sus atribuciones, la Presidencia de la República del Perú y el Estado completo habrían tenido que desaparecer reiteradas veces. Lamentablemente, presidentes corruptos hubo varios, así como altos funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público.
No se trata, pues, de aprovechar el momento para traerse abajo una demanda regional de larga data. Hacerlo sería pensar otra vez que solo desde Lima se puede gobernar el Perú… como si los casi 200 años de vida republicana no probasen lo contrario.
Hacen falta reformas y adoptar políticas urgentes, como fortalecer la labor de la Contraloría en las regiones y en los municipios (mejor organización y más recursos para esta institución). El Ministerio Público debe consolidar a los fiscales que hacen bien su trabajo, y no sancionarlos, como ha ocurrido en algunas oportunidades. En Áncash, si los fiscales que investigaron hace unos años el caso de ‘La Centralita’ no hubieran sido separados, los malos manejos en esa región se habrían develado bastante antes.
Se trata, por lo tanto, de consolidar el control y la fiscalización, pero no de desaparecer los gobiernos regionales ni de dejarlos sin funciones. No debe olvidarse, tampoco, que en estos últimos años hay ejemplos muy positivos. Paralelamente, los partidos “nacionales” deberían desconcentrarse y trabajar arduamente en las regiones. Podrían comenzar por presentarse a las próximas elecciones locales y regionales…
También sobre otros gobiernos regionales pesan graves acusaciones de corrupción. No obstante, si se aplicase el criterio de que, porque hay corrupción en Áncash y quizás en otros gobiernos regionales, deberían estos suprimirse o recortárseles sus atribuciones, la Presidencia de la República del Perú y el Estado completo habrían tenido que desaparecer reiteradas veces. Lamentablemente, presidentes corruptos hubo varios, así como altos funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público.
No se trata, pues, de aprovechar el momento para traerse abajo una demanda regional de larga data. Hacerlo sería pensar otra vez que solo desde Lima se puede gobernar el Perú… como si los casi 200 años de vida republicana no probasen lo contrario.
Hacen falta reformas y adoptar políticas urgentes, como fortalecer la labor de la Contraloría en las regiones y en los municipios (mejor organización y más recursos para esta institución). El Ministerio Público debe consolidar a los fiscales que hacen bien su trabajo, y no sancionarlos, como ha ocurrido en algunas oportunidades. En Áncash, si los fiscales que investigaron hace unos años el caso de ‘La Centralita’ no hubieran sido separados, los malos manejos en esa región se habrían develado bastante antes.
Se trata, por lo tanto, de consolidar el control y la fiscalización, pero no de desaparecer los gobiernos regionales ni de dejarlos sin funciones. No debe olvidarse, tampoco, que en estos últimos años hay ejemplos muy positivos. Paralelamente, los partidos “nacionales” deberían desconcentrarse y trabajar arduamente en las regiones. Podrían comenzar por presentarse a las próximas elecciones locales y regionales…
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