Con el fin de hacer suya la lucha contra la inseguridad ciudadana, la izquierda marxista realizó hace unos días una marcha de protesta convocada a través de sus redes organizadas en la “sociedad civil” (¿hay otra militar?). El detalle está en que aquella es la “madre” que gestó el actual desborde de la delincuencia que golpea a nuestro pueblo.
Más curioso es que el actual ministro del Interior y su predecesor son connotados izquierdistas “caviares” cuestionados por su pésima gestión: Wilfredo Pedraza dijo que la inseguridad es solo “una percepción” equivocada de la gente; y Walter Albán nos acaba de advertir que debemos acostumbrarnos porque la solución al problema “es de largo plazo”.
Además de carecer de una propuesta para enfrentar el problema, la izquierda tiene que rendirle cuentas al país por haber desmantelado los dos pilares que sostienen la seguridad interna en toda democracia: El principio de autoridad y un cuerpo de leyes que disuade el delito con penas ejemplares y efectivas.
Empoderada por Valentín Paniagua primero, y después por Alejandro Toledo, la zurda marxista liquidó la cadena perpetua para los terroristas, y hoy solo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre purgan esa pena, mientras que los demás cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA empezarán a salir libres en unos años tras cumplir condenas benévolas.
También liquidó la ley de “terrorismo agravado” que a mediados de los años 90 acabó con una cruenta ola de asaltos, secuestros y asesinatos perpetrados por bandas de delincuentes comunes que utilizaban fusiles para delinquir. La liquidó invocando la doctrina penal garantista en extremo que introdujo en nuestro sistema de justicia a través de sus ONG. El pretexto fue que la ley atentaba contra los DDHH de los delincuentes.
La misma suerte corrió la ley contra el pandillaje pernicioso, que fue aprobada para acabar con la violencia de las pandillas juveniles. De haberse mantenido esta norma, hoy en día nos hubiese servido para enfrentar el sicariato juvenil, pues establecía que los menores de 18 años que cometieran delitos graves serían juzgados y sentenciados como adultos.
La izquierda también maniató legalmente a la policía al imponerle un reglamento que le impide a su personal defenderse con las armas que les da el estado por mandato constitucional. Los grupos radicales se aprovechan de esto para agredir y secuestrar a policías, quienes prefieren ser rehenes antes que ser denunciados penalmente. Por este motivo entregaron las armas a sus asesinos los 12 policías degollados durante el “Baguazo”.
Las incontables veces que la televisión y la prensa han difundido imágenes de policías vejados y raptados han fomentado la cultura de irrespeto a la autoridad policial que es hoy moneda corriente en las calles.
En otras palabras, el principio de autoridad fue licuado a instancias de la izquierda empoderada. Aquella tiene derecho a rectificarse, pero antes está obligada a reconocer sus graves errores y a presentar una propuesta coherente y viable. Su dilema es que ésta pasa necesariamente por restaurar el principio de autoridad y re-empoderar a la policía, dos cosas en las que no cree.
Más curioso es que el actual ministro del Interior y su predecesor son connotados izquierdistas “caviares” cuestionados por su pésima gestión: Wilfredo Pedraza dijo que la inseguridad es solo “una percepción” equivocada de la gente; y Walter Albán nos acaba de advertir que debemos acostumbrarnos porque la solución al problema “es de largo plazo”.
Además de carecer de una propuesta para enfrentar el problema, la izquierda tiene que rendirle cuentas al país por haber desmantelado los dos pilares que sostienen la seguridad interna en toda democracia: El principio de autoridad y un cuerpo de leyes que disuade el delito con penas ejemplares y efectivas.
Empoderada por Valentín Paniagua primero, y después por Alejandro Toledo, la zurda marxista liquidó la cadena perpetua para los terroristas, y hoy solo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre purgan esa pena, mientras que los demás cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA empezarán a salir libres en unos años tras cumplir condenas benévolas.
También liquidó la ley de “terrorismo agravado” que a mediados de los años 90 acabó con una cruenta ola de asaltos, secuestros y asesinatos perpetrados por bandas de delincuentes comunes que utilizaban fusiles para delinquir. La liquidó invocando la doctrina penal garantista en extremo que introdujo en nuestro sistema de justicia a través de sus ONG. El pretexto fue que la ley atentaba contra los DDHH de los delincuentes.
La misma suerte corrió la ley contra el pandillaje pernicioso, que fue aprobada para acabar con la violencia de las pandillas juveniles. De haberse mantenido esta norma, hoy en día nos hubiese servido para enfrentar el sicariato juvenil, pues establecía que los menores de 18 años que cometieran delitos graves serían juzgados y sentenciados como adultos.
La izquierda también maniató legalmente a la policía al imponerle un reglamento que le impide a su personal defenderse con las armas que les da el estado por mandato constitucional. Los grupos radicales se aprovechan de esto para agredir y secuestrar a policías, quienes prefieren ser rehenes antes que ser denunciados penalmente. Por este motivo entregaron las armas a sus asesinos los 12 policías degollados durante el “Baguazo”.
Las incontables veces que la televisión y la prensa han difundido imágenes de policías vejados y raptados han fomentado la cultura de irrespeto a la autoridad policial que es hoy moneda corriente en las calles.
En otras palabras, el principio de autoridad fue licuado a instancias de la izquierda empoderada. Aquella tiene derecho a rectificarse, pero antes está obligada a reconocer sus graves errores y a presentar una propuesta coherente y viable. Su dilema es que ésta pasa necesariamente por restaurar el principio de autoridad y re-empoderar a la policía, dos cosas en las que no cree.
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