ANDAHUASI EN PIE DE GUERRA




TRABAJADORES  SE ATRINCHERAN  ANTE  INMINENTE  DESALOJO

Los trabajadores de la empresa azucarera se mantienen atrincherados pese a la orden judicial para desalojarlos. Ellos se resisten a abandonar el lugar y han amenazado con hacer estallar el puente si intentan sacarlos.

Una gran cantidad de cilindros con combustible han sido colocados en puentes y otros puntos estratégicos del ingreso a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi. Además los trabajadores y pobladores resguardan la zona con francotiradores. 

Es así que más de 2.500 efectivos policiales deberán cumplir el mandato judicial del juez del Primer Juzgado Civil de Huaura, Héctor Medrano Saavedra, quien resolvió entregar la administración de la empresa a Carlos Rivas Urteaga, gerente que responde a los intereses del grupo Wong.

Filadelfo Coca, presidente de la Asociación de Accionistas Trabajadores, informó que los trabajadores de Andahuasi estarán haciendo marchas a la ciudad de Lima para protestar contra este posible desalojo. 


Los trabajadores dijeron que van a defender su centro de trabajo porque el grupo Wong pretende despedirlos y dejar sin caña de azúcar ya que toda la producción se la van a llevar a Paramonga, como hacen en la actualidad con las 4.800 hectáreas que controlan en Quipíco del valle Huaura Sayán y la Irrigación Santa Rosa, jurisdicción del distrito de Sayán, provincia de Huaura.


La presidenta del Comité de Damas de la azucarera, Martha Herrera Soto de Loayza, dijo que las madres andahuasinas están "armadas hasta los dientes" y no van a permitir que el grupo Wong "tome el pueblo de Andahuasi”.

“Somos más de siete mil personas. Moriremos con ellos, con los 2.500 policías", acotó la dirigente.

El Director General de la Policia Nacional Raúl Salazar S, reiteró que el comando policial viene analizando la situación en Andahuasi, para poder disponer la ejecución de la orden de desalojo en favor del Grupo Wong.

"Ha venido una disposición judicial que estamos evaluando pero por medio está el costo social. Nosotros estamos en la obligación de cumplir con mandatos judiciales pero además debemos evaluar si la situación está a nuestra disposición. De acuerdo a eso tomaremos la decisión adecuada, siempre evitando el costo social", manifestó. 

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