El presidente Ollanta Humala se ha visto obligado ha aclarar en Europa que en el Perú no hay una “criminalización de la protesta social”. Tuvo que hacerlo porque durante su gira han circulado boletines de organizaciones de izquierda peruanas y europeas que sostienen lo contrario.
Semejante afirmación es falsa porque el término “criminalización de la protesta” fue creado para referirse a la política de los estados totalitarios de tipificar como delitos las expresiones ciudadanas de protesta.
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Esa política es ajena a la democracia porque ésta sí protege la libertad para protestar, y más bien sanciona a quien pretenda privar a las personas de ese derecho.
El Perú mantiene esa línea, por eso cuando los peruanos queremos protestar en las calles solo necesitamos avisarle antes a la autoridad, ni siquiera pedirle permiso.
El Presidente Humala ha constatado que en el exterior hay una campaña que busca disfrazar de “protesta” los asesinatos de policías, sabotajes, saqueos, agresiones a ciudadanos, etc., cometidos por radicales de izquierda.
El Perú mantiene esa línea, por eso cuando los peruanos queremos protestar en las calles solo necesitamos avisarle antes a la autoridad, ni siquiera pedirle permiso.
El Presidente Humala ha constatado que en el exterior hay una campaña que busca disfrazar de “protesta” los asesinatos de policías, sabotajes, saqueos, agresiones a ciudadanos, etc., cometidos por radicales de izquierda.
¿Quién lidera esa campaña? Aparentemente las ONG de izquierda que aglutina la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), matriz de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) peruana.
La campaña presenta como expresiones de “protesta social” la masacre de Bagua (24 policías muertos), el asesinato de tres policías en Pomac, la asonada de Espinar (76 policías heridos), el secuestro del puente Montalvo, la destrucción de edificios públicos en Madre de Dios, Bagua, Puno, etc.
El uso bastardo del término “criminalización de la protesta social” por la izquierda peruana viene desde hace años. Existe inclusive una “Red contra la Criminalización…” organizada desde la CNDDHH.
La campaña presenta como expresiones de “protesta social” la masacre de Bagua (24 policías muertos), el asesinato de tres policías en Pomac, la asonada de Espinar (76 policías heridos), el secuestro del puente Montalvo, la destrucción de edificios públicos en Madre de Dios, Bagua, Puno, etc.
El uso bastardo del término “criminalización de la protesta social” por la izquierda peruana viene desde hace años. Existe inclusive una “Red contra la Criminalización…” organizada desde la CNDDHH.
En el blog de la CNDDHH se informa que esa red realiza “una intensa labor de capacitación y fortalecimiento del tejido social, con talleres nacionales y descentralizados sobre la base de la estructura nacional de las organizaciones sociales involucradas”.
En esa línea de acción, las ONG de izquierda realizan con frecuencia talleres para jueces, fiscales y otros funcionarios del estado a quienes les inculcan su interpretación falsa de la criminalización de la protesta. Por eso muchos detenidos por vandalismo casi siempre son exculpados.
Así es como la izquierda ha logrado alienar al estado y la justicia: Si un policía mata a un delincuente es violador de DDHH y se le presume culpable de un crimen de estado. Y si un radical asesina a un policía, no existe asesinato sino “muerte”, y el policía tampoco es víctima del criminal sino de “la violencia”.
Hemos llegado a esta situación por culpa de los gobiernos y Congresos anteriores que toleraron esa penetración. Ahora que las cosas son evidentes, el Ejecutivo y el Congreso están obligados a ponerle fin para proteger la democracia.
Queda claro que la izquierda busca criminalizar la defensa de la democracia y legitimar la violencia subversiva. Se le ha caído la careta “democrática” que se puso para penetrar el estado, y hoy vemos que, aunque se ponga el disfraz de los DDHH, sigue siendo el mismo grupo totalitario que justificó y alentó siempre el terrorismo.
En esa línea de acción, las ONG de izquierda realizan con frecuencia talleres para jueces, fiscales y otros funcionarios del estado a quienes les inculcan su interpretación falsa de la criminalización de la protesta. Por eso muchos detenidos por vandalismo casi siempre son exculpados.
Así es como la izquierda ha logrado alienar al estado y la justicia: Si un policía mata a un delincuente es violador de DDHH y se le presume culpable de un crimen de estado. Y si un radical asesina a un policía, no existe asesinato sino “muerte”, y el policía tampoco es víctima del criminal sino de “la violencia”.
Hemos llegado a esta situación por culpa de los gobiernos y Congresos anteriores que toleraron esa penetración. Ahora que las cosas son evidentes, el Ejecutivo y el Congreso están obligados a ponerle fin para proteger la democracia.
Queda claro que la izquierda busca criminalizar la defensa de la democracia y legitimar la violencia subversiva. Se le ha caído la careta “democrática” que se puso para penetrar el estado, y hoy vemos que, aunque se ponga el disfraz de los DDHH, sigue siendo el mismo grupo totalitario que justificó y alentó siempre el terrorismo.
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