Mientras la economía formal se desacelera y la pobreza avanza, una red paralela y silenciosa sostiene a millones de peruanos: las economías ilegales. Desde el narcotráfico hasta la minería y tala ilegal, pasando por el contrabando y la trata de personas, estas actividades no solo mueven miles de millones de soles, sino que están moldeando la realidad social, política y territorial del país.
¿Qué son las economías ilegales?
Son actividades económicas que, aunque generan ingresos y empleo, violan leyes nacionales e internacionales. En muchas zonas del país son la única fuente de ingresos accesible. Por eso, lejos de desaparecer, se fortalecen.
Las más extendidas en el Perú:
Narcotráfico: Con centros como el VRAEM, genera miles de empleos ilegales, desde agricultores cocaleros hasta "burriers" y traficantes.
Minería ilegal: Especialmente en Madre de Dios, con graves impactos ambientales y redes de explotación laboral.
Tala ilegal: Devasta bosques amazónicos, muchas veces con permisos falsificados.
Contrabando: Desde Tacna hasta Puno, mueve millones en mercadería sin tributar.
Trata de personas: Trabajo forzoso y explotación sexual, muchas veces invisibilizados.
¿Por qué se expanden?
Ausencia del Estado en grandes extensiones del territorio.
Corrupción en policía, fiscalía y poder judicial, que permite la impunidad.
Falta de oportunidades laborales formales.
Tolerancia social: Cuando la economía ilegal es la única opción, se normaliza.
El reto electoral: un Estado infiltrado
Con miras a las elecciones de 2026, el principal reto es que muchas de estas economías han infiltrado el aparato estatal. Policías, fiscales y jueces son comprados o intimidados. Los criminales salen libres con pasmosa facilidad. El narco y la minería ilegal financian campañas y colocan candidatos a su servicio.
¿Qué perfil debería tener el próximo presidente del Perú?
Honestidad comprobada y sin vinculaciones con mafias regionales.
Liderazgo firme para enfrentar intereses oscuros.
Capacidad técnica y política para articular una reforma profunda del sistema de justicia, fiscalía, policía y gobiernos regionales.
Compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.
¿Se puede cambiar?
No será fácil. Las economías ilegales han penetrado profundamente en el tejido institucional. Pero se puede comenzar con:
Reformas judiciales y fiscales serias y autónomas.
Mayor inversión estatal en zonas olvidadas.
Protección a funcionarios y fiscales honestos.
Movilización ciudadana y vigilancia social.
El Perú necesita recuperar el control de su territorio y su futuro. Mientras las economías ilegales sigan siendo la única opción para miles de peruanos, la democracia, el desarrollo y la justicia seguirán siendo una promesa lejana.
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