Como para abrirse paso en los conflictos mineros, sobre todo en Tía María, el prosenderista Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) denunció en sus redes sociales que los ministros del Interior, Carlos Morán, y de Defensa, Jorge Moscoso, habían firmado la resolución suprema que autoriza el ingreso de la Fuerza Armada al puerto de Matarani ubicado en la provincia arequipeña de Islay.
Los estrategas de la izquierda extremista saben de la importancia económica de Matarani, porque por allí salen las exportaciones del sur, no solo de la minería como es el cobre de Las Bambas, sino los productos de agroexportación de Majes y otras regiones.
Cuando estalla el conflicto en el sur, con su epicentro en Tía María o el valle de Tambo, esos mismos estrategas –con los antimineros- ven que ya pusieron pica en Flandes ante un gobierno cada vez más timorato y colaboracionista, conducta que sería confirmada el último 24 de julio cuando se reúnen el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa que exigían la anulación de la licencia de construcción de Tía María otorgada a la Southern Corp.
Y en el fondo lo lograron. Desde ese momento el sur se convierte en un polvorín de conflictos sociales. El siguiente paso fue el incendio espectacular y criminal de las instalaciones de la empresa Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) que opera en Talara (El Alto), donde está el Lote 10 de Noroeste de la costa peruana.
AHORA EL CENTRO
Sacudido e impactado el sur, y luego el norte, ahora le toca el turno al centro del país. Quien entrelaza de esa forma la ofensiva extremista, que empezó en el corredor minero precisamente del sur, es el legislador Octavio Salazar (FP), flamante titular de la Comisión de Inteligencia del Congreso. “Este 26 de agosto los mineros Doe Run anuncian paro en La Oroya con bloqueo de la Carretera Central.
Lima quedaría sin conexión con cinco regiones, con desabastecimiento y colapso económico”, advierte el congresista, solicitando a la vez medidas preventivas para evitar que la violencia explote. Se refiere a Doe Run Perú que al parecer concluye su proceso de liquidación y tiene previsto ver este tema -la segunda semana de septiembre- en Junta de Acreedores.
El problema para los trabajadores mineros son las deudas salariales acumuladas y el fracaso de la venta de los activos del complejo de La Oroya y las minas que lo alimentan. Una de ellas es Cobriza que tiene problemas con las comunidades de San Pedro de Coris, en la región Huancavelica, enfrentadas a Doe Run, según la Defensoría del Pueblo.
Otro caso que afecta a la región Pasco, mejor dicho a la comunidad de Champamarca, es la empresa Activos Mineros y Consorcio San Camilo, acusada de incumplimiento de supuestos compromisos, como en el caso de Quellaveco, en Moquegua. De otra parte, recordemos que los servicios secretos han venido advirtiendo, recuerda Octavio Salazar, de un paro de 72 horas en Ayacucho a partir de este 22 de agosto, por parte de Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con fuerte presencia senderista.
Sus exigencias van desde el pago de beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios, hasta la homologación de remuneraciones, “pago por sepelio y luto, reconocimiento económico por 25 y 30 años de servicio (…) contra la retroactividad de la ley universitaria, por la recuperación de la autonomía universitaria contra la Sunedu”, etc, etc. Sobre la paralización del 26 de agosto, es bueno precisar que hay una convocatoria –hasta ahora con poco éxito- de la central laboral CGTP a los sindicatos de la zona, en especial mineros, donde los conflictos se multiplican.
Son los casos de los despidos del personal de contratas de minas Kolpa, ubicada en Huancavelica, y el traslado de las operaciones del yacimiento de Austria Duvaz, en Junín, a la empresa Chinalco. Los sediciosos también hacen calistenia en otras regiones, como en Cusco, donde se ubica Antapaccay y Constancia; más al sur Candarave en Tacna, Cerro Verde en Arequipa y las recurrentes roturas del Oleoducto Norperuano que va de la selva a Talara. Más allá del centro del país, Salazar considera que el radicalismo ya calienta motores para reactivar su actividad corrosiva en Las Bambas, en Huancavelica, de pronóstico reservado.
CÓCTEL PELIGROSO
Y es que allí hay un cóctel peligroso donde se juntan, contra el yacimiento cuprífero de Las Bambas, Edgar Quiroga Vargas, llamado “Husain” por su conversión al islam y al Herbollah, con fuerte financiamiento, que activa el antiminerismo con Alem Torre Garces. Esta corriente islámica tiene su soporte o “base social” en un grupo de docentes universitarios provenientes de Puno, que trabajan en la Universidad Nacional Micaela Bastidas, ligados a Sendero Luminoso, afirman quienes conocen la zona.
Decimos cóctel peligroso no por gusto. En el libro ‘Juicio a Abimael – Sendero, Ideologíay Realidad’, el experto en temas de seguridad, Francisco Loayza, escribió, en la página 31, lo que sigue: “El equilibrio estratégico que Sendero pretendió mostrar era parte de una campaña sicológica al interior de sus filas, para consolidar sicológicamente a sus cuadros. Una forma de mostrar ese supuesto equilibrio estratégico fueron los atentados de Tarata y San Isidro, que según tengo entendido, fueron hechos por gente del Líbano con experiencia en el manejo del anfo y la dinamita. Son grupos de palestinos y de zonas libanesas que coparticiparon en estos operativos. Esta información la obtuvimos porque en manejo del anfo no era una tecnología local”.
MOVADEF
En paralelo a la actividad antiminera, los expertos de la policía antiterrorista señalan que si bien los terroristas en el Vraem languidecen políticamente, aunque se afirme lo contrario, ahora están más ocupados en el control del 33% de la droga que pasa por sus dominios en la zona del Vizcatán y del Ene. Es decir, están en ese “negocio” y golpeando a la Fuerza Armada cuando esta se descuida.
Otro es el tema de su frente legal, añaden, es decir el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que ha realizado una intensa campaña de propaganda en Lima y algunas ciudades del país, los días 15, 16 y 17, según una publicación digital de Waynakuna ONG. “La campaña de propaganda terrorista fue realizada mediante las pintas en muros, con lemas a favor de una nueva constitución y una asamblea constituyente (…)”, argumentos que coinciden “con algunas de las demandas de los frentes y movimientos que han convocado a las marchas antimineras en el sur del país”.
“Es decir estamos frente a una campaña de Sendero Luminoso en apoyo a algunas de las reivindicaciones de grupos antimineros y de partidos políticos en el Congreso”, agrega. La campaña se realizó –destacan- en los distritos limeños de Villa María del triunfo, Villa El Salvador, Independencia, Comas y la región Callao, esto entre los días 15 y 18 de agosto. Y en el interior del país “se realizaron las pintas en la ciudad de Ayacucho el día 16 de agosto, en el distrito de Tumán en Lambayeque el día 16 y en el anexo de Villa Hermosa, distrito de Leonardo Ortiz, en Chiclayo, el día 17 de agosto. En Puno, el 17 de agosto también se registraron estas pintas”.
Como se ve, las consignas de asamblea constituyente, nueva Constitución y cambio del régimen económico hermana a toda la variopinta izquierda, sea proterrorista o antiminera, incluida las dos fracciones que tienen representación en el Congreso (Frente Amplio y Nuevo Perú).
DEBILIDAD DEL GOBIERNO
Octavio Salazar y expertos ligados a la policía antiterrorista sostienen que hemos llegado a ser observadores del “incendio de la pradera” (desde Las Bambas, luego Tía María,
la petrolea china en Talara, y ahora la posibilidad de que lo mismo ocurra en el centro el país), por una razón de fondo: la debilidad del Gobierno, que es el mejor caldo de cultivo para que los enemigos de la economía avancen en sus objetivos.
“La lucha armada que antes practicaban los de Sendero Luminoso se ha trocado en la violencia revolucionaria o social, infiltrando todas las instituciones, tras el esquema del pensamiento del comunista italiano Antonio Gramsci, junto con sus aliados o tontos útiles. En este momento los terroristas están en la segunda reconstitución del partido comunista con miras al II Congreso para el reinicio de la lucha armada”, sostienen.
Hasta inicios del gobierno Ollanta Humala (2011-2016) Patria Roja tenía el control de las actividades antisistema desde los llamados “frentes de defensa de los intereses del pueblo”, pero eso ya es cosa del pasado porque han sido rebasados por los radicales. Es el caso del sindicato magisterial Sutep donde hay un grupo cada vez más poderoso llamado Sutep-Conare, una especie de prosenderismo en el Ministerio de Educación, que acusa a “Patria roja” de ser cola de ratón de la ideología de género y de haberse “vendido” por direcciones y puestos en la administración de dicha portafolio. Ante todo este zafarrancho, ¿qué hace el Gobierno?, se interrogan no solo los agentes económicos sino políticos y sociales. Poco o nada.
POR: PLINIO ESQUINARILA.
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